El costo de la urgencia
El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley misceláneo, engañosamente titulado de "Reconstrucción" Nacional. Bajo un nombre que pretende evocar unidad y recuperación, se esconde una reforma estructural que, en la práctica, altera las reglas del juego de la democracia ambiental y social. Si bien la necesidad de dinamizar la economía es indiscutible, es prudente preguntarse: ¿Cuál es el costo de la urgencia?
Lo más preocupante radica en el desmantelamiento de la justicia ambiental, que tantos años ha tomado construir. Hasta hoy, cualquier ciudadano puede impugnar una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) si considera que esta fue mal otorgada. Pero el proyecto busca eliminar esta facultad, restringiendo el derecho a reclamar solo a quienes participaron formalmente en la evaluación; un cerrojo a la participación ciudadana que deja a las comunidades en la indefensión.
A esto se suma otra medida sin precedentes: si un tribunal anula una RCA, la empresa podrá pedir que el Estado le restituya los gastos del proyecto. Es decir, el riesgo de nulidad -que siempre ha sido del inversionista por no cumplir con la norma- se traslada directamente al bolsillo de todos los contribuyentes. El mensaje es peligroso: si el proyecto es ilegal, el fisco paga la cuenta.
La "agilidad" administrativa que persigue el Ejecutivo también golpea a la justicia. Al limitar las medidas cautelares a solo seis meses, el proyecto permite que las obras sigan adelante aunque el juicio continúe. Así, para cuando llegue la sentencia, el daño ambiental será un hecho consumado. A esto se suma un vacío democrático: definiciones clave -como qué se considerará una "intervención menor"- ya no se discutirán en el Congreso, sino que se delegan a reglamentos que el gobierno de turno podrá cambiar según su parecer.
Nadie se opone a mejorar la eficiencia institucional ni a revisar plazos que hoy parecen excesivos. Por el contrario, para eso ya se están dando discusiones profundas en proyectos particulares: desde la Ley de Patrimonio, que busca optimizar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, hasta la reforma integral al SEIA, una de las discusiones más importantes de los últimos años en materia medioambiental. Ese es el camino: un debate amplio y técnico sobre cómo mejorar nuestros procesos sin desmantelar la protección del entorno. Mezclarlo todo en una ley miscelánea elude el rigor que exige nuestra institucionalidad.
Esa lógica de postergación afecta también al funcionamiento del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y a la salmonicultura, que ve abierta la puerta a relocalizaciones con un control ambiental mínimo. Bajo la urgencia de "reconstruir", el mensaje es que la biodiversidad siempre puede esperar. Pero el retroceso no es solo ambiental, es también social. Los anuncios de recortes para el Presupuesto 2027 contradicen la promesa de un crecimiento con cohesión. No se puede hablar de desarrollo mientras se evalúa reducir la protección de ecosistemas críticos o programas de apoyo social. Sin financiamiento sostenido, los compromisos climáticos (NDC) y la Agenda 2030 quedan reducidos a simples declaraciones de buena voluntad.
Si el camino para retomar el crecimiento se construye a costa de la dignidad de las personas y de la protección del entorno, no estamos ante un avance, sino ante una erosión de nuestra convivencia. Eludir el debate democrático bajo la excusa de la rapidez no es agilidad, sino más bien un atajo institucional de alto riesgo. El principio de no regresión y la justicia intergeneracional nos exigen responsabilidad, no solo gestión. Introducir reformas de esta magnitud "por la ventana" es la receta para un crecimiento frágil. Si el desarrollo no es sostenible ni justo, es simplemente una factura que estamos heredando para que la paguen las próximas generaciones.