El Derecho de vivir en paz

El 3 de noviembre de 1970 millones de personas vibraron esperanzadas con la investidura del senador socialista, Salvador Allende, médico de profesión, marxista en sus concepciones ideológicas, como Presidente de la República.

En Chile, en Latinoamérica y en el mundo se abría un camino de esperanzas, era la “vía chilena” en democracia, pluralismo y libertad para las reformas estructurales largo tiempo añoradas y demasiadas veces postergadas. También eran tareas concretas como el medio litro de leche para la infancia. Era “el derecho de vivir en paz”que pronto Víctor Jara, entregaría a la historia de Chile.

Esa ruta fue cerrada el 11 de septiembre de 1973, fuerzas ultraconservadoras usaron a las instituciones castrenses para instalar un modelo de opresión política y social que se expresó en la Constitución de 1980.

El fascismo manipuló a quienes erradamente intentaron radicalizar la situación y a los que pensaron que serían llamados a gobernar después del golpe de Estado. Durante más de 16 años los derechos humanos, políticos, económicos y sociales fueron aplastados.

La derrota de Pinochet, en 1988, y el retorno de la democracia volvió a reunir a millones de personas con el sueño de “vivir en paz” y de tener justicia. Una movilización social unitaria y multitudinaria derrotó en forma pacífica a la fuerza de las armas.

Desde la derrota de la dictadura, el 88-89, pese a la resistencia del pinochetismo en la transición, hubo reformas significativas en el plano político institucional que dieron gobernabilidad democrática, disminuyeron la pobreza y retiraron a las fuerzas castrenses del ejercicio del poder político sacando de la Constitución las cláusulas que establecían una democracia bajo tutela militar.

Sin embargo, esos cambios no lograron remover la desigualdad, los lastres autoritarios resguardados por la derecha, fuera y dentro del Parlamento, que se materializan en el llamado Estado subsidiario o “mínimo”, el orden estatal que “deja hacer“ y que, en consecuencia, acentúa el poder del más fuerte lo que inevitablemente agrava el desbalance en contra del más débil.

Esos resortes incrustados en la profundidad de las estructuras económicas y sociales perpetúan el modo de vida, consagran y reproducen una aguda desigualdad y una cadena de abusos y privilegios que se han transformado en inaceptables para la nación en su conjunto.

Esto conlleva afirmar que el propósito de superar la injusticia no surge de forma espontánea, sino que demanda una acción coherente y estructural, sobretodo ahora que se han desnudado los instrumentos que concretan la injusticia.

Por eso, el viernes 25 de octubre, en la ciudad de Santiago un millón y medio de personas y centenares de miles más por todo Chile, gente de todas las ideologías, creencias, etnias, condiciones y edades abrían un camino de esperanza para el país.

Desde que asumió el Presidente Allende por la fuerza de su cohesión y profundidad, y desde el triunfo del NO por su impresionante masividad no se expresaba ese anhelo de justicia social en la mística y la energía de esas multitudes por las ciudades de Chile.

En total son 40 años desde que Pinochet impuso el texto constitucional de 1980, para que una mayoría abrumadora se reuniera en una auténtica y espontánea Asamblea Nacional auto convocada, exigiendo una nueva Constitución.

Una vez más, el sueño de libertad, justicia y fraternidad se hizo presente, como en “la vía chilena” en 1970 y en la derrota pacífica de la dictadura en 1988. No cabe duda que se trata de hechos históricos excepcionales.

En la historia republicana de la nación no se registra como ahora una concordancia de ideas y posiciones de las más diversas vertientes del pensamiento imbuidas por la seguridad que la desigualdad y el abuso son el obstáculo que se debe enfrentar en Chile.

Esa idea ampliamente mayoritaria toma cuerpo en la creación de una nueva institucionalidad que sea capaz de encauzar esa voluntad nacional en una Constitución Política que exprese la nueva realidad social y política, que evite una crisis del Estado que diera pie a una solución de fuerza que favorecería a la ultraderecha al acecho, se trata de dar cauce a la voluntad de cambios estructurales mayoritaria en el país.

Esto último se confirma cuando en la propia derecha se toma nota de esta evolución en la sociedad chilena, incluso, en sus evasivos ejercicios retóricos, Sebastián Piñera ha debido señalar este miércoles que “no descarta” un proceso hacia una nueva Constitución.

Es decir, la disposición y la voluntad de millones de personas logró generar un impulso sin precedentes en el esfuerzo de alcanzar un objetivo que está presente desde hace 40 años y que ahora cobra viabilidad por la movilización social.

Es una nueva situación que requiere tanto firmeza como amplitud, energía como altura de miras, se trata de concretar un auténtico objetivo nacional, un logro histórico pero a la vez la perspectiva que da solución de fondo a la crisis de gobernabilidad que vive el país.

Al igual que el 3 de moviembre de 1970, se hace necesario y es posible avanzar hacia la justicia social en democracia, como lo pensó Salvador Allende, en que el pueblo soberano sea dueño de su propio destino, establecido en una nueva Constitución para Chile, una alternativa constructiva, por “el derecho a vivir en paz”.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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