El libro de las preguntas

El senador Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional plantea en una reciente columna en El Mercurio una serie de interrogantes relativas a un eventual cambio constitucional que representan, en lo grueso, los argumentos de derecha para oponerse a cualquier modificación al actual estado de cosas.

Su punto de vista queda bien resumido cuando se pregunta: “¿Subsistirá una Constitución bien pensada y probada, adaptada por 31 procesos de reforma, o nos lanzamos a la "aventura" de la asamblea constituyente?”

Al igual que Camilo Escalona, para este parlamentario, toda asamblea ciudadana no es sino una temeraria “aventura” que pone en riesgo una constitución “bien pensada y probada” que garantiza “la libertad de enseñanza”, “nivel del gasto público y de impuestos” y lo que él llama “desarrollo con justicia”

Para un creciente número de ciudadanos, son otras las preguntas que suscita la actual carta constitucional.

¿Debe subsistir una Constitución concebida e impuesta por un régimen militar que, a pesar de las reformas cosméticas, sigue generando más desigualdad y exclusión entre los más pobres o instalamos una Asamblea Constituyente para una nueva constitución?

El pronunciamiento de la ciudadanía no es una aventura sino un proceso histórico que da muestra, precisamente, de su madurez democrática.

Cuando el senador plantea su preocupación por el gasto público y los impuestos y se pregunta: “¿más Estado o más sociedad?”, lo hace claramente inspirado en los intereses empresariales, pues desde el punto de vista de los más pobres lo que se requiere es, justamente, un incremento del gasto social y una legislación tributaria que permita una redistribución del ingreso que atenúe la brecha social existente.

El senador Larraín rasga vestiduras en nombre de la “libertad de enseñanza”, ocultando el hecho de que los más pobres están condenados a una educación pública muy escasa en recursos y pésima en calidad, mucho más cuando se ha instituido el lucro como criterio fundamental en todos los niveles de la educación.

Su defensa de la “libertad” queda restringida, en suma, a la “libertad de comercio” en desmedro del derecho fundamental de las mayorías a una vida más digna y a garantizar el acceso de todos los chilenos a una educación pública gratuita y de calidad.

Por último, le inquieta al senador la libertad política, la de pensamiento y la de opinión. Habría que recordarle al senador que el binominal no es la mejor manera de garantizar la expresión política de diversos sectores de la vida nacional.

Por otra parte, la libertad de pensamiento y opinión se ha visto restringida en nuestro país cada vez que la derecha ha sentido amenazados sus privilegios tal y como lo demuestra la historia reciente en nuestro país en que muchos distinguidos parlamentarios de su sector fueron funcionarios de una vergonzosa dictadura militar.

Para impulsar “el desarrollo con justicia” - como dice anhelar el parlamentario- exige, en primer lugar, poner fin a un orden constitucional tan injusto como aberrante y hacerlo del modo más democrático que se puede concebir, permitiendo que sea la ciudadanía la que se pronuncie.