El traspaso de Bienes Nacionales: una responsabilidad compartida

Francisco Figueroa Cerda

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En tiempos de alta volatilidad política y desconfianza institucional, hablar de legado puede parecer un ejercicio de vanidad retrospectiva. Sin embargo, en el Estado el legado no es un trofeo de autoridad alguna ni una narrativa épica sobre lo realizado. Es, más bien, una responsabilidad compartida: aquello que, construido sobre lo heredado, queda para que otros continúen, mejoren y proyecten en beneficio del país.

Pese a ser una de las carteras menos visibles del gabinete, el Ministerio de Bienes Nacionales es estratégico. Administra más del 50% del territorio nacional, custodia el patrimonio fiscal y tiene en sus manos una herramienta poderosa para el bienestar: el suelo público. En un país marcado por la desigualdad territorial y el acceso precario a la vivienda, la infraestructura y los espacios comunitarios, la gestión de los bienes fiscales no es un asunto técnico; es profundamente político.

Durante nuestra administración trabajamos con una convicción simple pero exigente: los bienes del Estado no son activos inertes, sino palancas de desarrollo y justicia territorial. Concretamos así grandes avances. Respecto de la última administración, el Ministerio casi duplicó los ingresos que le genera anualmente a las arcas fiscales y destinó 20 veces más hectáreas a proyectos habitacionales. Recuperó más de 30 sitios de memoria -cerca del 50% de los activos en el país-, desalojó más de mil hectáreas ocupadas ilegalmente y alcanzó cifras históricas en la fijación de accesos públicos a playas, la elaboración de rutas patrimoniales y la disposición de suelo fiscal para iniciativas de energías renovables.

Pero el verdadero legado no se mide solo en cifras -hectáreas transferidas, concesiones otorgadas o títulos entregados- sino en capacidades institucionales instaladas. Modernizar procedimientos y sistemas, digitalizar trámites, valorizar adecuadamente la propiedad fiscal, robustecer criterios de asignación, profesionalizar equipos y mejorar las condiciones de los funcionarios con más bajas remuneraciones son transformaciones no tan vistosas, pero sí muy duraderas. Son las que permiten que el Estado funcione mejor.

El momento del traspaso es, en este sentido, una prueba de madurez democrática. Gobernar no es apropiarse de una institución, sino ejercer una función temporal al servicio del interés general. Cada administración recibe un ministerio con historia, inercias y aprendizajes; y lo entrega, inevitablemente, inacabado. La continuidad del Estado descansa en esa conciencia de que nadie parte desde cero ni clausura el proceso.

En un contexto político donde, con demasiada frecuencia, se falsean datos y se habla desde la mala fe, el traspaso ordenado, transparente y colaborativo de la gestión pública adquiere un valor en sí mismo. No se trata de renunciar a las diferencias programáticas, sino de reconocer que hay políticas de Estado -la gestión responsable del patrimonio fiscal, el acceso justo al territorio, la planificación con mirada de largo plazo- que exigen acuerdos mínimos y estabilidad institucional.

El Ministerio de Bienes Nacionales tiene hoy más herramientas que ayer para cumplir su misión. Esa es la síntesis más honesta de lo que estamos traspasando: dejar la casa común un poco más ordenada, más abierta y más útil para quienes la habitan.

Y tal vez algo similar aplique para el traspaso global de nuestro gobierno. Más que obras específicas o un conjunto de cifras destacables, lo que se traspasa es algo menos estridente pero más estructural: una recompuesta capacidad país para ponernos de acuerdo con sentido de progreso y justicia social. Después de años turbulentos, volver a afirmar que el Estado puede planificar, coordinar y ejecutar con sentido de propósito es, en sí mismo, un acto de progreso, es crear condiciones para que el desarrollo llegue a todos.

Si logramos fortalecer esa convicción -que el país puede gobernarse mejor cuando se amplían derechos, oportunidades y dignidad- entonces el traspaso no será un punto final, sino la continuidad de un camino de reconstrucción democrática y transformación duradera.