En caso de incendio, rompa el vidrio y acuse a la Cam

En los últimos días se han producido una cadena de hechos que incluyen la sucesión de incendios forestales en el sur del país y una serie de acciones violentas contra la propiedad pública y privada. Ello ha sido particularmente grave porque perdieron la vida siete brigadistas que combatían las llamas.

La respuesta del Estado, dirigida por el gobierno del Presidente Piñera ha sido confusa e imprudente.

En lugar de identificar con precisión las responsabilidades en cada una de estas situaciones, el gobierno ha preferido empaquetar las de mayor conmoción pública bajo la etiqueta de la intencionalidad criminal, levantando acusaciones de terrorismo e insinuando que todo ello estaría causado por una hipotética rearticulación de la CAM.

El problema de los incendios forestales ha sido una constante en nuestro país.

La fragilidad de la institucionalidad forestal se combina con la falta de consistencia de las políticas de prevención y el resultado es que cada verano el país ve consumirse en las llamas el patrimonio ambiental expresado en el bosque nativo así como también la pérdida de importantes inversiones económicas presentes en las plantaciones de pino y eucaliptus.

Ello es acompañado por las malas condiciones laborales de los trabajadores forestales.

A pesar de la enorme importancia que tiene la preservación del bosque nativo y la industria forestal en nuestro país, no hemos logrado generar una institucionalidad pública que tenga las atribuciones y herramientas financieras adecuadas para proteger y desarrollar este importante sector.

Por el contrario, mantenemos a la CONAF bajo la forma de una corporación de derecho privado con escaso poder regulatorio y precarias condiciones de fiscalización.

En el ámbito específico de los incendios forestales la política se ha concentrado, literalmente, en apagar los incendios en lugar de prevenirlos.

Del 100% de los recursos que se dedican a esta materia, estudios indican que poco más del 5 %, se invierte en investigación, capacitación y prevención. El resto está todo volcado a financiar el costo de sofocar los incendios una vez que éstos ya se han producido.

La insuficiente cultura de responsabilidad ciudadana en la prevención de los incendios forestales ha causado que durante los últimos 15 años, de forma sistemática, los incendios intencionales hayan ido aumentando.

Sus causas son de lo más variadas e incluyen situaciones tales como: la piromanía, que es mucho más frecuente de lo que uno pudiera imaginar, el simple y puro vandalismo, que genera incendios para presenciar el espectáculos de los bomberos y los aviones lanza agua, los conflictos vecinales y las venganzas entre actores locales así como las causas políticas de diverso tipo.

A ello se agregan los incendios causados de manera involuntaria producto de la acción irresponsable de las personas: la fogata mal apagada, el pucho a la orilla del camino, la fabricación de carbón y las maniobras forestales sin las medidas de seguridad apropiadas.

Cuando ello se acompaña con altas temperaturas en un año de bajas lluvias, tal como sucede en estos días, los riesgos se disparan en forma descontrolada.

En años como éste es común ver la aparición de múltiples focos de incendios forestales en distintos puntos del territorio cuyo origen obedece a una mezcla de todos los factores anteriores. Establecer la causalidad precisa de cada incendio es algo que sólo puede hacerse después de una investigación apropiada.

Por todo lo anterior resulta tan discutible la actitud del gobierno que levantó desde la mismísima Moneda en boca del propio Presidente de la República la teoría de que los incendios más graves obedecían a una planificación criminal de calificación terrorista. Ello es particularmente delicado dado que perdieron la vida siete personas.

La actitud del gobierno de establecer a priori el carácter intencional y terrorista de estos incendios constituye en sí misma un obstáculo para una investigación objetiva de los hechos.

En lugar de buscar las causas que dieron origen al fuego, hoy el ejecutivo está empeñado en demostrar que su tesis es la correcta. Incluso en el evento que el gobierno tuviera razón, esta forma de prejuzgar y condicionar la labor investigativa de los órganos especializados terminará causando desconfianza y suspicacias respecto al resultado final de la investigación.

La invocación de la ley antiterrorista, en la forma y momento en que se hizo, agrava aún más la situación.

El despliegue de las autoridades emitiendo profusas declaraciones con su hipótesis sobre el origen de los incendios acompañadas de la polémica pública con el Fiscal Nacional, la autoridad de bomberos y el alcalde de la zona generan un cuadro de confusión y especulaciones que hace difícil augurar una investigación seria e independiente.

Particularmente, éste es un cuadro que favorece directamente la exacerbación de los ánimos en el marco del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche.

El uso político de la ley antiterrorista por parte del gobierno y su manera de señalar, de vincular de antemano a grupos ligados a la reivindicación mapuche con estos hechos reabren heridas aún no cicatrizadas en el mundo indígena y generan la impresión que el Estado de Chile, una vez más, no ha aprendido la lección.

Hechos violentos como el incendio del fundo La Marina, la destrucción de una patrulla de carabineros o de un helicóptero de la CONAF, así como equipamiento de particulares son absolutamente condenables y deben ser sancionados, pero el Estado tiene herramientas para hacerlo sin necesidad de comprometer a las autoridades políticas en versiones especulativas que se anteponen a las investigaciones correspondientes.

Bajo este augurio de la actividad terrorista y de la reactivación de la CAM se han desencadenado situaciones delicadas.

Los allanamientos a comunidades indígenas ocurridos en los días posteriores a la muerte de los brigadistas son inaceptables. Es una práctica policial que lleva tiempo en la zona y que ningún chileno debiera tener que tolerar.

¿Qué ocurría si la persecución de un narcotraficante o un delincuente cualquiera diera lugar a un allanamiento masivo de residencias en Ñuñoa o, ni hablar, en Vitacura?

¿Se atrevería la policía a entrar a las casas, sacar a los residentes por la fuerza y dar vueltas sus pertenencias sólo porque se sospecha que un delincuente se esconde en el barrio?

De otro calibre, pero también cuestionable es el publicitado allanamiento realizado en la celda de Héctor Llaitul. Más allá de los procedimientos habituales que se hacen en los recintos penales, éste, en particular, tiene un fuerte efecto en cuanto a radicar las sospechas y la atención en una hipótesis específica de investigación que levantó el propio gobierno sin el aval, ni el respaldo de la fiscalía ni de ningún órgano especializado en la materia.

Es hora de tomarse en serio el tema forestal, de tener una institucionalidad pública sólida y una verdadera cultura de la prevención y la responsabilidad.

Es hora de regular como corresponde la industria en este sector, enfrentar la precariedad laboral de sus trabajadores y poner coto a la excesiva influencia que ésta es capaz de tener sobre las autoridades políticas y el Estado.

Y, más que nada, es hora de tomarse en serio la obligación del Estado de respetar los derechos de los pueblos indígenas terminando con las prácticas, los juicios y las interpretaciones de la realidad que generan o alimentan las discriminaciones.