Hace algunas semanas, el diputado Carlos Bianchi presentó una moción parlamentaria para terminar con el actual sistema de pensión y asignaciones vitalicias para los expresidentes de Chile. El objetivo sería otorgar tales beneficios una vez que los exmandatarios cumplan 65 años de edad.
Es un tema interesante y que cada cierto tiempo asoma en la opinión pública, bajo el encuadre de privilegios desmedidos para hombres y mujeres que han encabezado el país. Así, pareciera oportuno detenerse a reflexionar ciertos puntos a este respecto, sin prejuicios, juicios de valor o mezquindades partidarias. Otra cosa sería discutir los montos, desde luego.
En primer lugar, el desprestigio y la desafección brutal de la ciudadanía hacia la política no pueden extenderse hacia la consideración de lo que significa ejercer un cargo público. Desde luego la democracia moderna está lejos de considerar al político como un sujeto superior al ciudadano y que merece honores y reverencias. Sin embargo, es importante valorar y respetar la entrega de alguien que decide, honestamente, servir al país.
Ser presidente no es baladí y el envejecimiento acelerado que se produce en esos 4, 5 o 6 años es prueba de aquello. Alguien que decide encabezar un país de la mejor forma posible merece un reconocimiento perpetuo de parte de la nación, guste o no el modo en el que realizó ese trabajo. La mayoría de las democracias tradicionales y sanas, así lo hacen.
Por otro lado, algo más práctico, debe asumirse que un expresidente es un potencial conflicto de interés en cualquier trabajo que desempeñe en su intento de reinsertarse laboralmente, como si fuese cualquier hijo de vecino. Sea abogado, ingeniero, médico o la profesión que detente, un exmandatario inevitablemente se verá interpelado por utilizar su experiencia, contactos e información obtenidos en el ejercicio del poder.
Imaginemos lo entorpecedor que sería que la expresidenta Bachelet trabajara en la urgencia pediátrica de un hospital o los rumores que circularían si el futuro expresidente Boric termina por obtener su título de abogado y comienza a litigar.
En tercer lugar, hay que ponerse en el peor de los escenarios y considerar que, por infortunios de la vida, un expresidente queda sumido en una profunda pobreza material. ¿Es digno agradecimiento, retomando el primer punto, abandonar a un exmandatario? ¿No sería tentador en esa circunstancia, retomando el segundo punto, desplegar cualquier red de contacto obtenida en la presidencia, para salir de la apretura material?
Por último, argumentar que este tema es urgente porque el Presidente Boric recibiría estos beneficios con solo 40 años es algo mezquino. Si la Constitución lo permite y celebramos como país que un joven llegase a La Moneda, independiente de cómo lo esté haciendo, no podemos golpearnos el pecho ahora por el hecho de que será un joven pensionado.
Los expresidentes son parte del escenario político de un país, y como tales tienen demasiado que aportar, vengan de donde vengan, lo hayan hecho como lo hayan hecho.
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