Indignación académica, ¿y ahora qué?

Pedro Vera Castillo

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Tradicionalmente, la universidad ha sido considerada "una institución social que cultiva el saber". El carácter social de la universidad tiene que ver con el reconocimiento que el Estado hace de este espacio privilegiado, mediante el aporte de recursos financieros y del respeto a su autonomía y a sus propias regulaciones, sin perjuicio de una legislación que permita verificar el cumplimiento de su misión y el resguardo del interés de toda la sociedad.

Por otra parte, su carácter social tiene que ver con la convicción de sus miembros -académicos, funcionarios y estudiantes- de estarse formando y contribuyendo no solo a satisfacer legítimas expectativas personales sobre su futuro, sino a generar avances en el conocimiento científico y tecnológico que permitan vivir en un mundo mejor sin deshumanización. En términos de Eduardo Frei Montalva, esa universidad debe ser sentida por todos como la "conciencia crítica de la nación", universidad anticipatoria de un modelo de sociedad basado en la justicia y el bien común y no en la primacía del mercado y de lo material.

Pues bien, en ese contexto existen hoy universidades públicas y/o tradicionales, y universidades privadas que realizan esa función contando todas con modalidades diversas de financiamiento público, unas en mayor y otras en menor medida, como es comprensible. En todas ellas, el quehacer del académico se caracteriza por realizar actividades en tres ámbitos centrales que hoy se definen como: Docencia (de pre y postgrado); investigación científica y tecnológica; y vinculación con el medio. En general los procesos de evaluación académica priorizan la necesidad que el académico, no solo la institución, tenga logros destacados en esas tres dimensiones.

Así, en relación con la docencia por ejemplo, se evaluarán entre otros: Número de cursos de pre y postgrado dictados, número de estudiantes involucrados, dirección de tesis de pre y postgrado, elaboración de materiales originales de apoyo a la docencia y evaluación del quehacer docente por parte de los estudiantes. Respecto de la investigación científica y tecnológica, se evaluarán, por ejemplo: Proyectos de investigación con financiamiento externo (Fondecyt, Fondef, Corfo, etc.), participación con ponencias en congresos, publicación de artículos en revistas indexadas, participación como autor principal o colaborador en la publicación de libros, solicitudes de patentes.

En lo relativo a la vinculación con el medio, se evalúa todo tipo de proyectos que respondan a necesidades e intereses propios de la comunidad, el trabajo permanente con líderes sociales en la mejora de sus condiciones de vida o sus redes de relaciones nacionales e internacionales. Por esta tarea que requiere, en lo posible, dedicación absoluta, el académico adquiere de acuerdo con las normativas de la propia universidad una cierta jerarquía académica y accede a un nivel correspondiente de remuneraciones, existiendo en general diferentes niveles de renta al interior de una misma jerarquía.

Conociendo desde hace muchos años la vida universitaria, y a pesar de que las cifras no siempre son fáciles de verificar, creo que ningún rector -que suponemos corresponde al mayor nivel de remuneraciones en la jerarquía universitaria- gana hoy en nuestro país una remuneración bruta que alcance los 17 millones de pesos mensuales. Por supuesto, las remuneraciones de los académicos más relevantes y destacados en cada universidad están muy lejos de alcanzar esa cifra.

La noticia conocida de que una abogada, destacada militante de la derecha chilena -a pesar de su proclamada independencia- y candidata a alcaldesa en la comuna de Las Condes, recibió hasta hace muy poco un sueldo mensual bruto de 17 millones, contratada como docente en una universidad privada, constituye un escándalo y produce indignación entre los miles de académicos que damos vida a una institución tan valiosa como la universidad.

Las respuestas que la aludida candidata ha intentado dar, muestran cómo se puede hoy trabajar en una universidad ignorando absolutamente el carácter de dicha institución que va mucho más allá, como comentamos al inicio de esta columna, de un trabajo que permite alcanzar un determinado nivel de rentas. Su desconocimiento del Chile real, que lamentablemente se da en muchos de los políticos y de los ciudadanos que viven en las tres comunas más ricas de Chile, es increíble. Así, señala que "acaso habría que preguntarle a la izquierda por los niveles de sueldo apropiados" y agrega -entendemos que a modo de defensa- "que los sueldos son fijados por la propia universidad".

No se trata de apuntar a sus eventuales electores en la comuna de Las Condes con sus declaraciones. Uno esperaría que no le preguntara a la izquierda, sino que consultara con los millones de chilenos que esperan por pensiones más justas, que aspiran a una salud garantizada que no los obligue a las dramáticas listas de espera que conocemos hoy, que necesitan una educación de calidad que permita a los jóvenes y futuros profesionales y técnicos navegar exitosamente en el nuevo mundo que nace, ¿qué piensan de un sueldo bruto mensual de 17 millones de pesos? De eso se trata, desde la política, demostrar conocimiento de su propio país y de su gente, y practicar la empatía con los que más sufren.

Ese nivel de sueldo mensual produce indignación y constituye un escándalo sin precedentes en la vida universitaria del país. Desde la física hemos aprendido que "toda acción genera una reacción"; y producida la indignación tenemos que preguntarle a la candidata aludida y al sector político que la respalda -Chile Vamos y Republicanos- ¿cuál será su reacción?

Ciertamente no sirve intentar explicar lo injustificable. Más allá de las preferencias políticas de cada cual, creemos que el país espera la renuncia de esa candidata a su postulación como alcaldesa y, a lo menos, que Chile Vamos retire de manera explícita y pública su respaldo a tal candidatura.

¡Si realmente estamos empeñados en una lucha sin cuartel en favor de la probidad, los temas éticos también importan!