Itinerario y temas para la nueva Constitución

Carlos Delgado Álvarez

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Las razones por las cuales se ha esgrimido que se necesita una nueva Constitución son de diverso orden y no se limitan a su ilegitimidad de origen, por el contrario, hay problemas en su aceptación por la forma deficitaria de concebir la democracia, especialmente por el exceso de atribuciones que le otorgan un sesgo presidencialista, la visión ideológica que afecta la consagración y protección de los derechos económicos y sociales y su visión cultural y territorialmente excluyente.

A pesar del escepticismo, el consenso para cambiarla se ha mantenido tanto en los procesos electorales como en los estudios de opinión pública de manera consistente, ello no debiera ser materia de controversia.

Instaladas tanto la Comisión de 24 Expertos nombrados por el Congreso Nacional y el Consejo Constitucional de 51 miembros elegidos el 7 de mayo pasado y que trabajará desde el 7 de junio próximo, los primeros se integrarán al trabajo del Consejo, pero sólo tendrán derecho a voz; no así a voto, en las instancias de deliberación. Con el quorum de 3/5 se podrá incorporar o aprobar nuevas normas al anteproyecto y por el contrario, se podrán rechazar las propuestas con un quórum de 2/3 de los miembros del Consejo Constitucional.

Lo anterior podría constituirse en un ejercicio de verdadera ingeniería política dada la composición, más aún si consideramos la existencia de la Comisión Mixta que podría instalarse a instancias de ambos órganos para dirimir las controversias por 3/5 de sus 12 miembros. Además de las interpretaciones que podrán realizarse en torno a bases fundamentales ya consagradas en el acuerdo que habilitó este proceso constitucional, y entre cuyos puntos destacan que el Estado de Chile es unitario y descentralizado; el reconocimiento a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena; el carácter de los tres poderes tradicionales separados e independientes entre sí; la extensión de algunos órganos autónomos; la consagración de ciertos derechos que puedan ser más controversiales como el interés superior del niño, niñas y adolescentes o el de la libertad de enseñanza; y el compromiso de cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Otros podrán ser relevados en el debate de cinco meses antes de entregar el proyecto al Presidente de la República, quién deberá convocar a votar "A favor" o "En contra", en un plebiscito fijado para el 17 de diciembre de este año.

Este itinerario contempla el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana que serán coordinados por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, con la participación de todas las universidades acreditadas. La Universidad de Los Lagos se incorporará habilitando una jornada de Audiencias Públicas los días 31 de junio y 1 de julio, recogiendo las iniciativas de las personas o agrupaciones interesadas en hacer llegar sus planteamientos al Consejo Constitucional.

¿Qué interesaría a Chiloé incorporar al debate del seno del Consejo Constitucional? Creo que entre los temas que mantienen su vigencia están: reconocimiento y protección de la identidad y patrimonio cultural, pues Chiloé tiene una rica tradición cultural y un patrimonio arquitectónico y la nueva Constitución podría incluir disposiciones para salvaguardar y promover su identidad cultural así como la protección de su patrimonio tangible e intangible.

También descentralización y autonomía: podría ser relevante considerar la otorgación de mayores facultades y recursos para la toma de decisiones y del desarrollo local, lo cual podría incluir aspectos relacionados con la administración del territorio, los recursos naturales y el turismo, entre otros; desarrollo económico sostenible: la nueva Constitución podría abordar la necesidad de promover un desarrollo económico equitativo y sostenible en Chiloé, teniendo en cuenta su potencial económico, además se podrían establecer disposiciones para fomentar la inversión responsable y la diversificación productiva; protección del medio ambiente: nuestra biodiversidad y ecosistemas marinos y terrestres únicos, hacen fundamental incluir en la Constitución disposiciones que promuevan su conservación, protección y la sustentabilidad en la explotación de los recursos; participación ciudadana: considerando la necesidad de fortalecer la democracia participativa, se podrían incorporar disposiciones en la Constitución que promuevan la distribución del poder y la participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel local, esto permitiría una mayor autonomía y participación en los asuntos que nos conciernen. Aún podemos.