La causa mapuche avanza

Desde el inicio de la transición democrática el tema de la causa mapuche y de los pueblos indígenas, se instaló como un desafío central del restablecimiento del Estado de Derecho y de la restauración de la institucionalidad democrática en el país.

A comienzos de 1989, en su candidatura a la Presidencia, Patricio Aylwin, representando el arco de fuerzas democráticas más amplio de la historia nacional, recibiendo el apoyo electoral desde la Derecha Republicana hasta el Partido Comunista, participó en Nueva Imperial de un masivo encuentro para suscribir un Acuerdo Histórico con el pueblo mapuche y todos los pueblos indígenas.

De este modo, se respaldaron las ideas y orientaciones esenciales de las políticas públicas contenidas en el Programa de la Concertación de Partidos por la Democracia y el pueblo mapuche se incorporó al amplio Pacto Social que hizo posible la transición democrática. Esto debiesen recordarlo los sectores conservadores que acusan a las movilizaciones indígenas de “violentismo” y tener presente su disciplinada contribución a la paz social, cuando Chile más lo requería.

Así se iniciaba una nueva y larga etapa, aún inconclusa, para terminar la discriminacion, la usurpación de tierras, los abusos raciales y el avasallamiento cultural impuesto por la dictadura y por la dominación estatal y empresarial, bajo el impulso ultraderechista de la oligarquía y su interés de una acelerada implantación de la producción forestal en las tierras ancestrales del pueblo mapuche.

Desde 1990, los gobiernos democráticos iniciaron un esfuerzo encaminado a que la institucionalidad se fuera haciendo cargo de la deuda histórica contraída con los pueblos originarios y a cimentar “un nuevo trato”, que estableciera una visión de respeto a su identidad y reconocimiento de la interculturalidad, de solución a la demanda sobre la tierra y de la formación de una relación distinta en el territorio en que vive y trabaja el pueblo mapuche con el Estado.

Se aprobó y promulgó la ley indígena que creó la Comisión Nacional para el Desarrollo Indígena, CONADI, se puso en marcha el Fondo de Tierras y más adelante el Plan Orígenes y se aprobó en el Parlamento el Convenio 169 de la OIT.

Asimismo, el Presidente Lagos formó la Comisión sobre la Verdad Histórica para establecer la magnitud del desafío histórico que está planteado, también, diálogo en La Moneda con las comunidades lafkenches y acogió y envió al Parlamento la ley sobre el acceso al borde costero de los pueblos originarios que terminó su aprobación en el primer gobierno de Michelle Bachelet, quien en su segundo mandato propuso la creación del ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas para su representación en las instituciones del país.

El gran tema pendiente es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. 

Incluso el actual gobernante ha planteado nuevas iniciativas, a pesar de su yerro esencial de haber instalado y protegido el nefasto y criminal Comando Jungla en la Región, ante el cual las autoridades políticas han eludido totalmente su responsabilidad.

Una tarea de largo alcance no puede estar exenta de errores y de altibajos, que han erosionado la confianza mutua entre los diversos interlocutores del Estado con los representantes de las comunidades y del pueblo mapuche. No cabe duda que toda una historia de expoliación de los mapuche pesa como un verdadero saco de plomo sobre los esfuerzos para rehacer confianzas. 

El más grave error en democracia ha sido usar la ley antiterrorista, un ente represivo creado por la dictadura, Innumerables funcionarios que la han aplicado no han querido escuchar las advertencias por el gravísimo error que cometen. Acciones represivas como la “Operación Huracán” no han hecho más que agravar la situación. 

Más aún, crímenes como el del comunero Camilo Catrillanca, entre otros jóvenes mapuche asesinados, ejecutado por los efectivos del Comando Jungla, incitados a una represión brutal por las irresponsables arengas de la autoridad gobernante, han sido verdaderos cataclismos en el camino de la paz y del entendimiento entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. 

Así, ese crimen atroz puso de manifiesto que la militarización de la Araucanía constituye una ceguera garrafal y que no hay una solución de fuerza que resuelva lo que el diálogo constructivo y la voluntad política tiene que ser capaz de resolver.

El centro del conflicto está en la demanda de tierra que en la cosmovision mapuche tiene un sentido esencial. La tierra es la vida al asegurar la existencia humana dando la alimentación necesaria, además la tierra es la base para “llegar a ser persona” y formar la descendencia, la tierra es el soporte de la sustentabilidad social y económica para brindar paz y seguridad a las comunidades.

Por eso, tanto la usurpación de la tierra como la sobre explotación de la misma, resultan ser un factor de tensión que se ha agudizado ante la incesante extensión de la industria forestal, y de otras actividades económicas que operan sobre la base de la utilización intensiva del capital depredando las riquezas naturales, en especial, el uso del suelo y de las aguas, no importando a los inversionistas avasallar al pueblo mapuche porque la tierra, que incluye las aguas, es la idea-fuerza de su razón de ser.

La dictadura, al separar en beneficio de la oligarquía agraria, en el Código de Aguas la tierra de los derechos de agua, instaló una semilla más de la confrontación en la Región de la Araucanía. Los odios que genera la usurpación de la tierra son más densos y las políticas públicas no dan cuenta de esa bomba de tiempo en el corazón del desafío histórico de afianzar la paz social, allí donde densos nubarrones la amenazan.

Por tanto, el diálogo a construir es aquel en que el Estado reconozca y se comprometa con el Derecho a la tierra y las aguas, que detenga la proliferación de las forestales y que asegure al pueblo mapuche la tierra, que es la base de su vida como comunidad cultural y organización social.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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