En reiteradas ocasiones he manifestado mi profunda preocupación por la situación de la política chilena. Sin embargo, el problema actual trasciende la compleja crisis que viven los partidos políticos; hoy el foco rojo está en el alarmante nivel del debate dentro del Congreso Nacional.
Durante el último proceso de renovación parlamentaria, las alarmas parecían encenderse en la Cámara de Diputados, con el auge de colectividades impredecibles o las figuras de eternos díscolos. Pero nos equivocamos de urgencia: la verdadera alerta roja provino del Senado.
La Cámara Alta, autodenominada el "órgano revisor" del Poder Legislativo y vista históricamente como el espacio para la deliberación republicana y de Estado, es hoy víctima de la mayor degradación política de los últimos tiempos. Hemos caído en el terreno de la transaccionalidad explícita: parlamentarios que condicionan su voto a cambio de cosas a su favor.
El ejemplo más crudo de esto lo protagonizó el senador independiente por la Región de Magallanes Alejandro Kusanovic, quien cerró la puerta a respaldar el proyecto de megarreforma presentado por el Ejecutivo. Más allá del debate legítimo sobre si dicha reforma es técnica o ideológicamente positiva para el país, lo gravísimo radica en los argumentos del legislador. Kusanovic enfatizó que su rechazo se debía a diferencias con el gobierno central y, explícitamente, a que no logró instalar a personas de su confianza en cargos públicos dentro de su región.
Bajo esta premisa, el senador no solo optó por boicotear una reforma de envergadura nacional, sino que dinamitó el sistema parlamentario y las reglas éticas de la negociación política.
La osadía no terminó ahí. Posteriormente, el parlamentario afirmó que para abrirse a la posibilidad de legislar, el Ejecutivo tendría que "hacer esfuerzos" y entregar "cosas a cambio".
Es aquí donde debemos detenernos. Si bien la política chilena ha sido históricamente criticada por sus acuerdos "entre bambalinas" o "en la cocina", el senador Kusanovic cruzó una línea intolerable: saltándose cualquier pudor institucional, supeditó el interés general de la nación a un botín de empleos públicos para su red de influencia. Decidió, lisa y llanamente, mercantilizar su función pública.
Recordemos lo básico: la labor de un senador de la República es estudiar, debatir, perfeccionar y votar leyes en función del bienestar del país y de sus representados. Su voto debe ser el resultado del análisis técnico y de la convicción política, jamás una moneda de cambio. Al actuar de esta manera, no solo se abdica de la responsabilidad constitucional, sino que se incurre en una de las prácticas más repudiables de la vida democrática: el clientelismo político.