Impuestos saludables en Chile, decisión soberana para proteger vidas y cuidar la economía
América Latina enfrenta una situación epidemiológica compleja, marcada por el aumento sostenido de las enfermedades no transmisibles (ENT) -como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer-, muchas de ellas asociadas a factores de riesgo prevenibles: el consumo de tabaco, el uso nocivo de alcohol, las bebidas azucaradas y los productos alimentarios ultraprocesados.
Chile no es la excepción. En este escenario, los impuestos saludables constituyen una herramienta eficaz, costo-efectiva y respaldada por la evidencia internacional para reducir riesgos, proteger la salud, promover entornos más saludables y contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Los argumentos son contundentes. Las ENT explican cerca de tres cuartas partes de las muertes en el mundo y una proporción muy significativa de la carga de enfermedad en las Américas. En Chile, este desafío se expresa en altos niveles de obesidad, consumo problemático de alcohol y una persistencia histórica de tabaquismo que exige sostener y profundizar las políticas de prevención.
El impacto es sanitario, social y económico: más gasto en salud, menor productividad, pérdida de bienestar y presión creciente sobre las finanzas públicas. Las ENT no solo afectan la vida de las personas y sus familias; también condicionan el desarrollo y la sostenibilidad de los sistemas de salud. La inacción, por tanto, también tiene un costo, y ese costo aumenta con el tiempo.
Aquí es donde los impuestos saludables destacan como una de las políticas más efectivas disponibles. Su lógica es clara: cuando aumenta el precio relativo de productos que dañan la salud, disminuye su consumo, especialmente entre adolescentes, jóvenes y grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
La evidencia acumulada confirma este efecto. Los países que han aplicado aumentos sostenidos de impuestos al tabaco han reducido significativamente su consumo. En América Latina, experiencias como la de México muestran que los impuestos a las bebidas azucaradas pueden disminuir su compra, en particular en hogares de menores ingresos, e incentivar a la industria a reformular productos y reducir contenidos críticos.
Chile ya ha dado pasos relevantes, incluido el impuesto diferenciado a las bebidas azucaradas. Sin embargo, existe espacio para avanzar gradualmente hacia diseños más robustos, alineados con las mejores prácticas internacionales, y adaptados al contexto nacional. Para alcanzar mayor efectividad, estas políticas deben ser suficientemente significativas, simples de administrar, periódicamente actualizadas y, cuando corresponda, basadas en el contenido de nutrientes críticos.
Además, en un contexto de restricciones fiscales, los impuestos saludables ofrecen un doble beneficio: reducen el consumo de productos nocivos y generan ingresos que pueden contribuir al financiamiento de la prevención, la atención primaria, la promoción de la salud y otras prioridades sanitarias y sociales definidas por el país.
La equidad es un argumento central. Aunque estos impuestos a veces son cuestionados por su posible efecto regresivo, la evidencia muestra que sus mayores beneficios en salud se concentran en los grupos de menores ingresos, que suelen enfrentar una mayor carga de enfermedad y una exposición más intensa a entornos poco saludables. Si los recursos recaudados se orientan a políticas sanitarias y sociales con enfoque de equidad, el efecto final puede ser progresivo.
Como toda política pública relevante, su diseño, alcance e implementación merecen debate. También es necesario anticipar riesgos, como la evasión o el comercio ilícito. Sin embargo, la experiencia internacional indica que, cuando están bien diseñados, acompañados de fiscalización adecuada, evaluación periódica y articulados con otras políticas de prevención, los beneficios de los impuestos saludables superan ampliamente sus costos.
Chile no parte desde cero. El país ha demostrado liderazgo regional con políticas reconocidas, como el etiquetado frontal de alimentos, y cuenta con capacidades institucionales para implementar medidas de alto impacto con gradualidad, diálogo técnico y resguardo del interés público.
La dirección es clara: fortalecer los impuestos al tabaco, al alcohol y a las bebidas azucaradas; alinearlos progresivamente con estándares internacionales; y evaluar, con gradualidad y sustento técnico, su extensión a otros productos que contribuyen a dietas no saludables.
La experiencia internacional muestra que algunos países ya han avanzado más allá de las bebidas azucaradas, incorporando impuestos a alimentos ultra procesados o a productos con altos contenidos de azúcares, sodio, grasas saturadas o densidad energética.
Para Chile, esta discusión abre una oportunidad concreta para complementar las políticas existentes, siempre que se diseñe con criterios de salud pública, equidad, factibilidad administrativa, evaluación de impacto y diálogo institucional amplio. No avanzar implica aceptar más enfermedades prevenibles, mayor presión sobre el sistema sanitario y un costo económico y social creciente para el país.
En política pública, pocas decisiones ofrecen una combinación tan clara de beneficios sanitarios, sociales y económicos. Los impuestos saludables no son un fin en sí mismos: son un instrumento legítimo, basado en evidencia y al servicio de un propósito superior: que más personas vivan más años, con mejor salud, mayor bienestar y más oportunidades. Avanzar en esta agenda es, en definitiva, una decisión soberana para proteger vidas y cuidar el futuro del país.