Nosotros, los enemigos de la innovación
Hace un par de semanas estuve en un conversatorio sobre inteligencia artificial en el marco de un ETM Tuesday. Como era de esperarse, parte de la conversación giró en torno a la controvertida excepción a la ley de propiedad intelectual que se buscó incluir en la llamada megarreforma o ley de Reconstrucción Nacional. Aunque la medida fue eliminada tras un rechazo político transversal, es importante continuar el debate, no solo por la posibilidad de su reincorporación sino por la convicción compartida que existe en el ambiente: los aspectos normativos son solo un instrumento para un fin mayor, que es crear un entorno propicio para que el país se suba a la ola de la inteligencia artificial, atrayendo inversión extranjera, generando mayores ingresos fiscales, más y mejores empleos y, en general, un aumento en el bienestar de la población.
Visto así, la oposición a esta medida parece un sinsentido o, a lo sumo, un fallo comunicacional. Si la meta es generar empleo de calidad, inversión y bienestar, ¿quién podría oponerse? La respuesta es: muchísima gente. Y la historia demuestra que no se trata de una obstinación caprichosa. De hecho, el término "ludita" nació en el siglo XIX a partir de la rebelión de los tejedores británicos que quemaban telares mecánicos no por un odio irracional a la tecnología, sino por desesperación ante la pérdida intempestiva de su sustento.
Y es que bajo la discusión económica laten siempre tensiones sociales y políticas profundas. Para entender el fondo de esta discusión resulta indispensable desempolvar la obra del recordado académico de Harvard Calestous Juma, "Innovation and Its Enemies: Why People Resist New Technologies". A través de un minucioso recorrido por la adopción del café, la imprenta, la electricidad o los transgénicos, Juma demuestra una tesis contundente: la sociedad casi nunca se opone a las nuevas tecnologías por tecnofobia o miedo al futuro. La resistencia surge cuando el reparto del juego es asimétrico; es decir, cuando a un grupo se le exige asumir todos los costos del cambio, mientras que los beneficios quedan concentrados en unas pocas manos.
El intento de liberar la minería de datos para IA en Chile es un ejemplo de manual de esta distorsión. En un lado de la balanza están las transnacionales tecnológicas, con una capacidad financiera abrumadora para empaquetar y monetizar modelos globales. En el otro quedan los autores, académicos, artistas y trabajadores locales cuyos contenidos alimentan esos algoritmos, sin recibir retribución alguna y, peor aún, sin la posibilidad real de aprovechar la riqueza que ayudaron a generar. La paradoja rozó el absurdo cuando se llegó a proponer un fondo público de compensación: la idea era que el Estado, es decir, todos nosotros, financiáramos a los creadores para que las grandes empresas pudieran entrenar sus modelos gratis, socializando las pérdidas para privatizar las ganancias de la industria algorítmica.
Por supuesto que en una sociedad con niveles de desigualdad al menos decorosos, redes de protección sólidas y un esfuerzo público sostenido por alfabetizar digitalmente a la población, medidas de este tipo podrían discutirse como costos temporales de transición. En ese escenario ideal, la solución pasaría por comunicar mejor y pedir paciencia. Sin embargo, en un Chile marcado por brechas sociales estructurales, pedirle al trabajador creativo o al profesional local que ceda su patrimonio en nombre del "progreso" no es una invitación al desarrollo: es una forma más de exclusión.
Que la excepción de propiedad intelectual haya caído no es una derrota para el avance tecnológico ni un triunfo del oscurantismo, sino una muestra de sensatez política. La verdadera innovación no arrasa con los derechos de algunos para inflar el balance de un puñado de empresas. Para sumarnos con éxito a la era de la inteligencia artificial no basta con ofrecer un terreno amigable a las transnacionales, debemos preparar a nuestra propia gente.
Dotar a la ciudadanía de capacidades reales no es un cliché abstracto. Significa implementar programas masivos de reconversión laboral para trabajadores expuestos a la automatización; garantizar que las pymes, estudiantes y emprendedores locales tengan acceso a capacidad de cómputo y licencias de IA; promover laboratorios de creación donde los artistas usen los algoritmos como una herramienta que potencie su talento, no que lo sustituya; significa, en última instancia, que todos y cada uno de nosotros tenga, al menos, la oportunidad de participar de la revolución de la AI. Si los riesgos del cambio son sociales, las herramientas para cosechar sus beneficios también deben serlo.
De lo contrario, si la política pública insiste en reducir la modernización al beneplácito de las grandes empresas sin empoderar antes al talento local, seguiremos alimentando la advertencia de Juma: transformando a la ciudadanía en involuntarios enemigos de una innovación que nunca fue pensada para ellos.