La megarreforma: ganar una votación no es ganar el país
Hay proyectos que cambian una ley. Y hay otros que muestran cómo un gobierno entiende el poder. La llamada megarreforma hizo ambas cosas. El Ejecutivo logró ordenar a todos sus parlamentarios, y sacó adelante una parte importante de su agenda económica, pero gobernar también supone construir mayorías. El problema comienza cuando esa mayoría se confunde con una autorización para imponer.
El Gobierno tuvo en sus manos la posibilidad de construir un gran acuerdo nacional. Podía convocar a la oposición, corregir los aspectos más controvertidos de la reforma y ofrecer al país reglas estables. No lo hizo. Prefirió una victoria legislativa rápida antes que un acuerdo duradero.
Tener los votos no significa tener toda la razón. Una mayoría puede aprobar una ley, pero solo un acuerdo amplio puede darle legitimidad y estabilidad en el tiempo. Las reformas tributarias, económicas y medioambientales no deberían durar lo mismo que una coalición en La Moneda. Chile necesita certezas que no cambien cada cuatro años. La megarreforma pudo transformarse en una política de Estado, pero terminó siendo una demostración de fuerza.
El episodio con los senadores del PPD resume bien el problema. Como senadores aceptamos conversar con Hacienda sobre la invariabilidad tributaria, asumimos los costos y estuvimos dispuestos a buscar un entendimiento. Pero, después del acuerdo, aparecieron nuevas indicaciones y materias que no habían sido comunicadas durante la negociación.
La sensación fue evidente: el Gobierno mostraba una carta sobre la mesa mientras guardaba otras en la manga. Y es aquí surge una enseñanza clara para el ministro de Hacienda. La construcción de políticas públicas no es un juego de póker. No se puede pedir confianza, cerrar un acuerdo y luego cambiar las condiciones. Un gobierno no administra solamente cifras e impuestos. También administra credibilidad. Y cuando la palabra pierde valor, ninguna explicación técnica repara completamente el daño.
La urgencia tampoco puede convertirse en excusa para debilitar la deliberación. Cuando un proyecto reúne impuestos, inversión, permisos ambientales, financiamiento municipal y normas financieras, el debate técnico no es una molestia. Es una garantía democrática. La urgencia puede acelerar una votación, pero nunca debe atropellar la inteligencia.
La oposición también tiene que aprender. Estar en contra de lo mismo no significa estar de acuerdo en algo. Durante la discusión hubo declaraciones, fotografías y llamados a la unidad, pero al momento de negociar cada partido pareció actuar por su cuenta. La oposición confundió unidad comunicacional con estrategia política.
No bastaba con denunciar que la reforma favorecía a las grandes empresas o que contenía normas mal diseñadas. Había que presentar una alternativa: crecimiento, inversión, responsabilidad fiscal, protección ambiental y justicia territorial. Quien solo ofrece rechazo termina dejando que el adversario escriba la ley completa.
Tampoco corresponde tratar como traidor a quien conversa con el Gobierno. Negociar no es rendirse. Pero exige coordinación, transparencia y garantías.
Recurrir al Tribunal Constitucional puede ser legítimo, pero no reemplaza la responsabilidad política. El Tribunal Constitucional revisa la constitucionalidad de las normas de un proyecto de ley o de una ley, pero en ningún caso corrige la falta de conducción ni la ausencia de una estrategia común.
La megarreforma deja una lección para ambos lados. Al Gobierno le recuerda que aprobar no siempre es convencer. A la oposición, que denunciar no siempre es conducir.
Chile necesita crecimiento, inversión y empleo. Pero también reglas claras, protección ambiental y un sistema tributario que no cambie con cada nueva mayoría. El Gobierno pudo construir un gran acuerdo. La oposición pudo construir una gran alternativa. Ninguno estuvo completamente a la altura. Porque una mayoría puede ganar una votación. Pero solo la confianza puede ganar el futuro.