Antes de declarar rota la salud pública
La discusión sobre productividad en salud pública casi siempre parte al revés. Se pregunta cuánto gasta el país, cuando la pregunta que de verdad importa es otra: qué obtiene Chile por lo que invierte. Un sistema de salud no se juzga por el tamaño del gasto, sino por lo que esa inversión produce en años de vida, en personas atendidas, en personas que sana. Y, con esa vara, la salud pública chilena tiene una historia que contar, distinta a la de quienes han apuntado con el dedo a la baja productividad de la red asistencial.
Se ha destacado que Chile gasta el 10,5% del PIB en salud, por sobre el promedio OCDE, pero esa cifra es engañosa, porque incluye el gasto privado y el gasto de bolsillo de las familias, que en Chile es de los más altos. Sin embargo, el gasto público, que es el que financia hospitales y atención primaria, todavía no llega al 6% del PIB, el piso que la OPS definió en 2014 como condición necesaria para avanzar hacia la cobertura universal.
Es decir, el sector del que se dice que "recibe recursos de sobra" opera por debajo del umbral mínimo, y pese a eso, alcanza la segunda esperanza de vida más alta de América, resultado de décadas de políticas sanitarias, mejoras en las condiciones de vida y un sistema público que, con presupuesto acotado, llega a todo el territorio.
Los propios datos del informe de la Universidad Andrés Bello que reavivó esta discusión ayudan a dimensionar el esfuerzo. Entre 2019 y 2025, Fonasa sumó 2,3 millones de beneficiarios y hoy cubre cerca del 87% de la población. Una parte importante son personas que dejaron las isapres durante su crisis; el resto, crecimiento poblacional. En ese mismo período, el ingreso por beneficiario de Fonasa creció apenas 15%, mientras el de las isapres abiertas subió 41%. Parte de esa brecha se explica porque las Isapres retienen una cartera más joven y sana, pero el punto se sostiene: la red pública absorbió más gente, y más compleja, con un ingreso per cápita que quedó atrás. Y aun así, en 2025 alcanzó un récord de producción, con 25% más de prestaciones institucionales y más de un millón de egresos hospitalarios equivalentes.
Queda el titular del informe: la supuesta caída de productividad de la red pública. Aquí conviene mirar el número con cuidado, porque el resultado depende de qué se cuenta. El propio informe de la UNAB reporta una caída de productividad laboral de 4,6%, que llega a 38% cuando se excluyen los exámenes diagnósticos de la producción. Un indicador tan sensible a esa decisión metodológica exige transparencia sobre qué prestaciones entran y cuáles no. Y hay actividad reciente de la red pública que un índice anclado en la canasta de prestaciones del 2013 no captura: la hospitalización domiciliaria, que atiende el equivalente a 18 hospitales de 200 camas; la quimioterapia ambulatoria, que crece significativamente cada año; el hospital digital, con casi un millón de prestaciones de telemedicina al año; las terapias de alto costo de la Ley Ricarte Soto, que antes ni siquiera tenían ley, y mucho más. Si esa producción no entra en el numerador, el índice no muestra que se produzca menos, sino que queda desactualizado. El instrumento tampoco distingue entre un paciente simple y uno grave, cuando el propio informe reconoce que la red pública concentra los casos más complejos.
Conviene separar dos cosas que suelen confundirse. Producción no es lo mismo que productividad. Que la red haya producido máximos históricos no prueba por sí solo que cada peso rinda más. Pero sí obliga a leer con cuidado un indicador que mide menos de lo que la red hace hoy, y que se mueve del 4,6% al 38% según qué se incluye. Con más beneficiarios, pacientes más complejos y un ingreso por persona que quedó atrás, la red produjo más que nunca. Un sistema así no bota recursos: los rinde.
Nada de esto niega los problemas reales. Las listas de espera existen, y son el reverso duro de una red que recibe más demanda de la que su presupuesto acompaña. Pero eso apunta a una agenda de gestión e inversión, no de resignación ni de recorte. Una ficha clínica electrónica interoperable en toda la red, que evite miles de exámenes duplicados y abra la puerta a optimizar procesos con inteligencia artificial. Un presupuesto de reposición que permita renovar equipamiento en vez de perder equipos que se dañan y pagar arriendos de más. Los recursos para que la red opere en jornada extendida, incluidos fines de semana, y esquemas de pago con incentivos a la productividad y no al salario fijo. Enfrentar el ausentismo y transparentar las prácticas que haya que corregir. Todo eso es exigir más y mejor de lo público, no menos.
Porque ese es el punto que se pierde cuando la eficiencia se usa como sinónimo de recorte. Exigir buen uso de los recursos y defender la salud pública no son posiciones opuestas: son la misma. Lo que no resiste el rigor es tomar un dato de productividad sensible a la regla con que se mide y convertirlo en argumento para debilitar al sistema que sostiene la salud de la mayoría del país, justo cuando ese sistema ha demostrado que responde.
La propia ministra de Salud señaló que la red pública respondió a la alerta oncológica, completando el 94% de las prestaciones comprometidas cuando se inyectaron recursos dirigidos, que es precisamente lo que una agenda de gestión e inversión promete. Antes de declarar rota una institución que carga sobre sus hombros una de las esperanzas de vida más altas de la región, lo mínimo es leer con rigor la evidencia que se invoca para hacerlo.