El ahorro más caro del Presupuesto
En salud, el verdadero costo no siempre está donde aparece el gasto. Una decisión que contiene una partida puede trasladar costos a otras áreas del Estado, a los hogares y a la economía. El proyecto de Presupuesto 2027 propone aumentar Salud en 4,7%, mientras el gasto público total crecería 1,5%. La prioridad es evidente, pero también la magnitud del desafío.
Chile destina 10,5% del PIB a salud, frente a 9,3% promedio OCDE. Sin embargo, dispone de USD 3.749 por habitante, ajustados por poder de compra, versus USD 5.967 en la OCDE: cerca de 37% menos recursos por persona. Y la diferencia más relevante está en cómo se financian: menos del 60% del gasto sanitario es cubierto por esquemas públicos u obligatorios, frente a sobre el 70% en la OCDE.
En medicamentos, la brecha es aún mayor. Chile gasta USD 455 por persona en medicamentos ambulatorios, frente a USD 766 promedio OCDE, 41% menos. Pero mientras en la OCDE gobiernos y seguros obligatorios financian en promedio sobre el 60% de ese gasto, en Chile cubren apenas 26%; más del 70% restante lo pagan directamente los hogares. Es decir, Chile gasta mucho menos en medicamentos, pero deja una proporción mucho mayor de su financiamiento en manos de las personas.
Y aun esa cifra subestima el problema: el gasto de bolsillo mide lo que las familias lograron pagar, no aquello a lo que nunca pudieron acceder.
En cáncer, enfermedades raras y terapias de alto costo, cuando un tratamiento excede completamente la capacidad económica de una familia, las alternativas son pocas: si no existe cobertura, se intenta obtener judicialmente o simplemente no se recibe.
Ahí aparece el problema económico de fondo. Postergar cobertura puede contener una partida y, al mismo tiempo, elevar costos en otras: la progresión de la enfermedad aumenta hospitalizaciones, urgencias, procedimientos, licencias médicas, discapacidad, dependencia y pérdida de productividad. Lo que parece ahorro en una partida es mayor costo para el Estado, los hogares y la economía.
La judicialización es una señal concreta. Fonasa ejecutó $93.594 millones en sentencias en 2024, a noviembre de 2025 acumulaba cerca de $78 mil millones. En 2026 se presupuestaron inicialmente $15.377 millones para sentencias y, solo a marzo, ya se habían ejecutado $24.613 millones: 160% del presupuesto anual. Cuando la cobertura no alcanza, el costo no desaparece: cambia de lugar.
Por eso, Salud no puede analizarse como una partida aislada. Cuando la enfermedad progresa, el costo se multiplica y se reparte por toda la economía: hospitalizaciones, medicamentos, licencias, discapacidad, pérdida de autonomía, cuidados, menor participación laboral, menor productividad e ingresos perdidos. Una parte aparece en el presupuesto público; otra la absorben los hogares, el mercado laboral y el desarrollo del país.
Esto no significa que todo deba financiarse. Al contrario: la restricción fiscal obliga a ser mucho más exigentes con cada peso. Lo relevante es evaluar el impacto integral e intertemporal del gasto en salud: no solo cuánto cuesta una intervención, sino qué resultados genera y qué costos evita en el sistema y en la sociedad.
Precisamente por eso importan evaluaciones rigurosas, criterios explícitos de priorización, capacidad negociadora, mejores mecanismos de compra y acuerdos que permitan compartir riesgos cuando corresponda.
La discusión presupuestaria debería mirar, por tanto, ambos lados de la ecuación: cuánto cuesta cubrir y cuál es el contrafactual de no hacerlo. Porque, en salud, el ahorro más caro puede ser precisamente aquello que nunca llegó a financiarse.