Un año después: el cielo sigue esperando

En julio de 2025, los radares del control aéreo de Santiago fallaron. No fue un simulacro. No fue un ejercicio técnico. Fue una falla real, en tiempo real, con cientos de vuelos operando sobre el territorio nacional.

Los aviones siguieron volando. No por suerte. Porque los controladores de tránsito aéreo hicimos nuestro trabajo en modo manual, como lo hemos hecho siempre que el sistema falla. Esa noche -como tantas otras- la seguridad aérea de Chile descansó sobre la formación, la experiencia y la responsabilidad de personas que muy pocos conocen y que casi nadie ve.

Un año después, vale la pena hacer una pregunta simple: ¿Qué cambió?

La falla de 2025 no sorprendió a la gremial. Llevamos años advirtiendo que la infraestructura tecnológica del control aéreo en Chile acusa un desfase que no puede seguir postergándose. En 2023, tras un proceso de negociación con el gobierno y la Dirección General de Aeronáutica Civil, se firmó un acuerdo que comprometía siete proyectos de inversión: infraestructura, tecnología y dotación de personal. Fue un paso en la dirección correcta. Lo valoramos entonces y lo seguimos valorando hoy.

Un año después de la falla, el balance es parcial. Algunos proyectos muestran avances concretos, y eso es importante reconocerlo. Pero de cinco de los siete compromisos asumidos -entre ellos el equipamiento para los centros de aproximación- no tenemos información clara sobre plazos, estado de avance ni cronograma de ejecución.

No acusamos incumplimiento. No conocemos todas las variables que operan al interior de la administración. Lo que sí sabemos es que la falta de información incrementa la incertidumbre respecto del proceso de modernización de un sistema crítico para la seguridad operacional.

No se trata únicamente de una preocupación gremial. La conectividad aérea sostiene el turismo, el comercio, la atención médica y el desarrollo económico del país. Chile vive hoy un momento de restricción presupuestaria. El nuevo gobierno enfrenta decisiones difíciles y el colegio lo entiende. Pero hay inversiones que no son gasto: son infraestructura de seguridad pública. Cada vuelo que despega o aterriza en territorio chileno depende de que el sistema que lo sostiene funcione con estándares modernos y con el personal necesario para operarlo.

En octubre de 2026 Santiago recibirá a delegados de más de 25 países para la Reunión Regional de IFATCA. Chile aspira además a ser sede de la Conferencia Mundial de Controladores en 2029. Somos un país que quiere jugar en la primera división de la aviación internacional. Para eso, el sistema no puede seguir funcionando con brechas que ya tuvieron consecuencias visibles hace doce meses.

No escribimos esta columna para confrontar. La escribimos porque creemos en el diálogo institucional y porque tenemos la convicción de que el nuevo gobierno comparte el compromiso con la seguridad como valor no negociable. Le pedimos al Ministerio de Defensa y a la Dirección General de Aeronáutica Civil algo concreto: información, estado de avance de los proyectos comprometidos, plazos reales, una hoja de ruta que permita a los controladores, y a la ciudadanía que viaja en cada uno de esos aviones, saber que el sistema que los protege está siendo modernizado con la urgencia que corresponde.

El cielo ha hablado antes. Escucharlo hoy es la mejor manera de evitar que vuelva a hacerlo mediante una emergencia.