La desesperación e irresponsabilidad de un Gobierno suma y sigue

Cuando el país enfrenta una grave crisis y necesita más que nunca señales de acuerdo y estabilidad, el Gobierno decide golpear el tablero y dar un giro en su estrategia de oponerse a los retiros de las AFP, presentando su propio proyecto y recurriendo al Tribunal Constitucional, sin medir las consecuencias de sus actos.

En este y muchos planos, el Gobierno se aleja de la prudencia y actúa en forma absolutamente irresponsable. 

En primer lugar, porque profundiza la fosa que existe entre la ciudadanía y los poderes públicos, alimentando la incomprensión, la desconfianza y la rabia, sobre todo con su obstinación en gravar el retiro con impuestos, aun a rentas que corresponden a ingresos medios bajos. 

Pero también, con su accionar, el Gobierno afecta la propia institucionalidad, que dice proteger.

Desde luego, afecta sus relaciones con el Congreso Nacional; ni más ni menos, acusa a 130 diputados de violar la Constitución, incluyendo a un grupo numeroso de su propia coalición, pero ello no le preocupa, porque la opinión pública también castiga severamente al Parlamento.

No importa que sea falso. En verdad, es muy absurdo sostener que una reforma constitucional pueda ser inconstitucional, justamente porque lo que se busca es modificarla.  La única razón válida sería que se infringiera alguna norma de procedimiento, por ejemplo, en el quorum de aprobación, pero no era este el caso atendido a que en la Cámara incluso se superaron los 2/3 que se exigen para las reformas más importantes.

Sin embargo, es el proyecto del Ejecutivo el que tiene mayores visos de inconstitucionalidad, esta vez, en cuanto al fondo, si seguimos la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional de las normas sobre seguridad social.

En diversas oportunidades, dicho tribunal ha fallado, que no es posible que los trabajadores retiren los fondos de sus cuentas individuales porque estos no pueden ser destinados a fines distintos a los previsionales.  Por lo mismo, tampoco una ley podría alterar los objetivos propios de la seguridad social, que no incluyen enfrentar una emergencia económica.

Esta objeción, que es de fondo, era salvada por el proyecto de la Cámara de Diputados, por cuanto, al ser una disposición transitoria de la Constitución, tiene el mismo rango que la norma permanente sobre seguridad social, por lo que puede disponer su aplicación diferente en un evento o período determinado.

De esta manera, la acción del Ejecutivo de presentar un proyecto de ley alternativo y simultáneamente un requerimiento de inconstitucionalidad en contra del proyecto original, pondrá a su mayoría afín en el Tribunal Constitucional -la última bancad leal que le va quedando- en una incómoda posición: sancionar una inconstitucionalidad donde no la hay, y cerrar los ojos frente a otra, más evidente.

Al parecer, tampoco le importa al Gobierno la suerte que corra el TC, que también está desprestigiado.

Pero el daño puede ser mayor y puede afectar a la gente común.  Si el TC declara inconstitucional este proyecto de segundo retiro, ¿en qué situación queda la reforma sobre el primer retiro?

Desde luego, los millones de afiliados que hicieron retiros no deberán devolverlos, porque no podría tener dicha declaración efecto retroactivo, pero ¿qué pasa con los que pudiendo hacerlo no lo han hecho, y con los beneficiarios de pensiones alimenticias adeudadas, que aún tienen pendiente el pago de los montos retenidos?  Todos ellos quedarían en una total incertidumbre.  ¿Podrían las AFP recurrir al TC para que declare la inaplicabilidad del primer retiro, negándose el pago a los que están pendientes? ¿o los deudores de pensiones alimenticias, para no perder los fondos retenidos?

Sería muy lamentable que miles de las mujeres e hijos que han esperado años el pago de una pensión de alimentos, vean frustradas sus esperanzas de obtener así sea una parte de lo que se les adeuda.

De este modo, a doce meses de la próxima elección presidencial, el Gobierno adopta la actitud de “sálvese quien pueda”; no le importa si en su temeraria acción arrastra también a otras instituciones y, lo que es más grave, no le importa si se ven afectadas miles de familias que lo han pasado muy mal en esta crisis y que, mayoritariamente, han debido sortearla con sus propios recursos.  El Gobierno, que dice ser ponderado y responsable, en verdad, cae cada vez más en una acción desesperada e irresponsable.

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