La Educación Pública es la tarea fundamental

En la lucha contra la desigualdad, que constituye el desafío esencial del Programa de gobierno, con vistas al avance hacia una sociedad más inclusiva e integradora, el robustecimiento de la Educación Pública emerge cada día como el reto fundamental que tiene ante sí la democracia chilena en su conjunto.

En efecto, los resultados de la reciente PSU, el mecanismo principal que determina el acceso a la Educación Superior, han corroborado un país que tiene un sistema de enseñanza que divide muy profundamente a la comunidad nacional por el volumen de riqueza de cada familia, marcando desde la cuna el destino de chilenas y chilenos.

Se ha confirmado con índices que resultan apabullantes como el tipo de escuela decide el futuro de cada cual; en este caso, determinando que la familia que cuenta con el dinero suficiente para pagar la escolaridad de sus niños en una escuela o liceo perteneciente al ámbito de la Educación particular pagada, tendrá la completa seguridad que sus descendientes correrán con enorme ventaja respecto de aquellos niños que fueron a la enseñanza municipal o particular subvencionada, al no tener sus padres la riqueza requerida para que asistieran a las aulas de quienes si tienen ese poderoso privilegio.

Los números no admiten ninguna duda, los estudiantes que fueron parte del 100% de los puntajes nacionales, provienen en un 74,3% de clases recibidas en un establecimiento particular pagado, luego un estadísticamente muy lejano 13,8% estuvieron en un colegio del sistema público municipalizado, y un aún más esmirriado 11,9% lo hizo en el sector particular subvencionado.

Estos datos son tremendos, ya que indican una concentración de 3 a 1 favorable al que tuvo dinero para pagar convenientemente la educación de los suyos, en relación a la familia que no tuvo esos recursos monetarios. Lo más grave resulta ser que esta tendencia se acentúa cada año, estructurándose una pirámide en cuyo vértice superior se consagra una cúspide de un nivel inédito de chocantes y agresivos privilegios.

En palabras directas, el desarrollo de los talentos en el país está determinado en sus expectativas futuras no por las facultades intelectuales, voluntad, energías y capacidades de los niños y jóvenes, sino que por su origen económico y social.

De permanecer esa base estructural como modelo definitivo en la distribución de las oportunidades, ello vendría a significar que Chile se está condenando a una segregación que pondrá en riesgo su convivencia futura. La razón es simple: la educación particular pagada que es menos del 10% del total de la matrícula genera para sí más de las 3/4 partes de los mejores resultados.

Obviamente, eso es inaceptable debido a que rompe definitivamente el principio de igualdad en las oportunidades que el país es capaz de crear. En consecuencia, hay que actuar con sentido de urgencia, y eso no puede ser otra tarea que la implementación de un potente Plan de fortalecimiento de la Educación Pública.

Este es un desafío país que así lo exige, pues los datos de este año de la PSU indican también que la opción no resulta ser la enseñanza que entregan los colegios particular subvencionados sino que el pilar que supere la segregación es aquella Educación que logre proveer el sistema público, a pesar de todas las dificultades que ha debido enfrentar desde que Pinochet resolvió empequeñecerlo y dividirlo por recomendación de los ideólogos civiles de la dictadura.

La aversión al Estado del neoliberalismo de los años 80, se expresa hoy en estas cifras alarmantes. Incluso más, analizados los mismos resultados ya no por lo alcanzado por los estudiantes, sino que evaluado por el desempeño de los colegios, lo que ocurre es que los diez de mejor índice, son nueve establecimientos del sector particular pagado y sólo uno que no lo es, el Instituto Nacional. Del sector particular subvencionado no hay ninguno. La reforma educacional es una necesidad más que evidente en nuestra patria.

La Educación pública ha sido un factor decisivo de la cohesión social en Chile, ese es el rol que ahora debe recuperar, en el contexto de un sistema mixto de enseñanza en el país, tal como señala el Programa presidencial respaldado por la ciudadanía.

De modo que este año 2015, que acaba de comenzar con tantos vaticinios, debiese constituirse en un momento clave, en el punto de inflexión, aquel en que se aprecie un antes y un después, en el esfuerzo que realice el Estado para robustecer la Educación Pública en Chile.

En esa perspectiva, a fines de enero, tendría que concluir el debate y aprobación legislativa del proyecto de ley que se conoce como "fin al lucro", con el propósito de resolver los temas allí planteados, que han sido motivo de fuertes controversias, como aquel que el mismo título del proyecto indica, el lucro, más la selección y el llamado financiamiento compartido o copago.

Concluida esa etapa, el proceso de reforma educacional debiese abrir paso al gran debate nacional relativo a la carrera docente para dignificar y potenciar la contribución del profesorado y caminar hacia la creación de una nueva institucionalidad en la Educación Pública, destinada a poner fin a la municipalización y encaminada a sacar el máximo provecho de los recursos que destina el país, a través del Presupuesto Nacional, con miras a esa enseñanza inclusiva, gratuita y de calidad que se necesita en nuestra patria.

Pero la tarea no concluye ahí, el desafío planteado incluye además, abordar el financiamiento y regulación de la Educación Superior, donde se producen prácticas abusivas que tornan prohibitivos los costos para las familias humildes y de clase media.Hay un compromiso de gratuidad que es complementario con cerrar los mecanismos de retiro de utilidades de instituciones que, paradojalmente, no tienen fines de lucro.

En suma, se trata de un proceso de amplísimos alcances que no puede pensarse con el criterio simple que será de "fácil despacho", así como tampoco su puesta en práctica se resolverá en corto tiempo.

Las reformas de esta naturaleza cubren un amplio espacio de tiempo y deben asumirse con todas las exigencias que tales transformaciones demandan: la participación y la diversidad como valores necesariosde su fortaleza futura.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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