La violencia machista, la brecha salarial y la exclusión en la participación política, entre tantos otros problemas que enfrentamos las mujeres, exigen que la respuesta por parte del Estado sea contundente. En Chile, la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, hace 7 años, ha sido fundamental en la lucha por los derechos de las mujeres, no por simbolismo, sino por sus resultados concretos.
Basta ver cómo, solo en este gobierno, ha transformado realidades: la Ley "Papito Corazón" devolvió más de $1.380 billones a mujeres y niños vulnerables por pensiones alimenticias impagas, la Ley Antonia reconoce el suicidio femicida y refuerza los derechos de las víctimas de violencia sexual ante los tribunales, mientras que la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en Chile establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Detrás de estas cifras, hay vidas cambiadas: 153 hijos e hijas de víctimas de femicidio reciben protección estatal, 24 centros especializados en violencia de género atienden a 20 mil mujeres en todo el país, y una generación entera de chilenas está rompiendo techos de cristal en minería, transporte y ciencias.
Sin una institucionalidad robusta, cada avance logrado, desde la caída de femicidios hasta el récord de mujeres en carreras STEM, quedaría a merced de los vaivenes políticos. La experiencia internacional reciente nos muestra que los derechos de las mujeres son los primeros en peligro cuando llegan al poder gobiernos conservadores y ultraderechistas que ven en la igualdad una amenaza.
Estamos a tiempo de seguir por buen camino y no cometer errores históricos que pagarían las futuras generaciones de hombres y mujeres. Ni un paso atrás en la conquista de derechos para todas y todos.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado