La Estrategia de Seguridad y Defensa: un texto acomodado

Desde que se inició el debate respecto de la Estrategia de Seguridad y Defensa (ENSYD), a mediados de este año, surgieron argumentos que criticaron el contenido de la iniciativa, en especial por considerarla un quiebre profundo respecto de los límites y orientaciones que han marcado la política de Defensa en democracia.

El proyecto partió mal, no sólo por la falta de consensos básicos, sino porque su elaboración ha sido poco prolija y conceptualmente discutible.

En un intento por superar los cuestionamientos que iban “in crescendo”, La Moneda enmendó el texto y la autoridad de Defensa adujo que la primera versión era, en realidad un “borrador”, carácter del que nadie había sido notificado.

La ENSYD , en su segunda versión, llegó al Senado con varias modificaciones que, en lo principal, consisten en eliminar gran parte del nuevo aparataje institucional que cautelaría y dirigiría su cumplimiento; desarrolla en mayor extensión el análisis internacional e incorpora algunos aspectos de seguridad doméstica que en la primera versión aparecían muy desbalanceados.

Sin embargo, el resultado de la intervención “correctora” es insuficiente. El documento insiste en sobredimensionar los riesgos de la globalización y adopta una línea proclive a la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, lo que se expresa en que serán requeridas para apoyar la seguridad pública según el arbitrio del ministro del Interior.

Tampoco es claro que el “Comité interministerial”, supuestamente la instancia coordinadora de seguridad, facilite la aplicación real de la Estrategia, más aún cuando el propio documento insiste que la ejecución de esta política seguirá siendo de responsabilidad sectorial y no contempla mecanismos de control ni evaluación.

En un intento por inhibir mayores resistencias y reparos parlamentarios, la línea adoptada por Defensa, más que hacerse cargo de los evidentes problemas del documento, se ha centrado en la justificación que la ENSYD sería coherente con compromisos internacionales, incluso anteriores a este gobierno.

A modo de ejemplo, se cita que la idea de “seguridad ampliada” ya habría estado implícita en la reunión de Ministros de Defensa de Williamburg en 1995, cuyos principios fueron suscritos por el entonces Ministro Edmundo Pérez Yoma; cosa curiosa dado que la teoría que acuña el concepto recién vio la luz en 1998; en otros pasajes se mencionan acuerdos que el Estado chileno adhiere con la firma de la entonces Canciller Soledad Alvear y la ex Ministra Michelle Bachelet.

Todas esas referencias apuntarían a un supuesto sentido de continuidad, pero la tesis cae por su propio peso cuando se examina el alcance de los citados acuerdos y las propias advertencias de los libros de la defensa de Chile, en especial el de 2010, que alerta sobre los riesgos de derivar hacia la securitización del país.

No resulta sostenible afirmar que “la seguridad ampliada”, en la orientación conceptual y real del término, sea un concepto de aceptación común y universal; mucho menos que estuviese en la línea de las políticas anteriores.

La ENSYD insiste en promover la idea de securitización, sin lograr una conexión fundada con los contenidos del capítulo de la Defensa. La finalidad de la Estrategia de Seguridad no apuntaría a la coordinación de los esfuerzos estatales, sino más bien a temas relativos al futuro gasto militar, mediante el pretexto de amenazas genéricas y de expresión difusa.

Por otro lado, la ENSYD pareciera obviar que el paradigma adoptado también se apoya en la idea de “interdependencia regional compleja”, es decir, que en los temas de seguridad la influencia suele circunscribirse a un entorno relativamente específico, cosa que no está reflejada en el análisis del entorno vecinal y regional.

Con la adopción parcial de un marco teórico, adaptado a ciertos hechos, en desmedro de otros que son prevalentes, se arriesga a terminar acomodando la estrategia a intereses sectoriales y pone inevitablemente en duda el sentido de Estado que debería acompañar a esta iniciativa.

En consecuencia aún hay un espacio profundo para consensuar y mejorar la ENSYD.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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