La ley antiterrorista, otro paso adelante
Coescrita con Pablo Ortiz Muñoz, investigador asociado CDC
La reciente promulgación de la ley Antiterrorista representa un avance en la construcción de un marco legal adecuado para abordar las diversas amenazas que atentan contra la paz y la libertad en nuestro país. Junto con la creación del Ministerio de Seguridad Pública significa, sin duda, un paso adelante. Ante estos avances institucionales, va quedando pendiente la prolongada tramitación de la ley que moderniza el sistema de inteligencia. Este último marco legal constituye otro importante pilar para nuestro sistema de seguridad.
Respecto de la nueva ley antiterrorista hay que decir que introduce elementos sustanciales. Entre éstos destacan: La tipificación del terrorismo individual, también conocido como "lobo solitario"; la sanción penal para la pertenencia a organizaciones terroristas; y la provisión de técnicas especiales de investigación destinadas a combatir el terrorismo, con un marcado énfasis en la prevención. Este enfoque preventivo resulta fundamental en la lucha contra el terrorismo, buscando anticipar las amenazas antes de que se materialicen. Este aspecto reviste gran relevancia si tomamos como referencia, por ejemplo, el impacto que tuvieron en Estados Unidos los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, al punto que obligaron a reestructurar completamente el sistema de seguridad norteamericano, o el caso español a propósito de los ataques terroristas del 11 de marzo de 2004, que afectaron a diversos puntos del sistema ferroviario de Madrid. Es decir, la evidencia comparada demuestra que un buen sistema antiterrorista de un Estado supone una capacidad preventiva mayor.
A su vez, un aspecto positivo derivado del debate en torno a esta ley ha sido la ampliación de la discusión pública sobre los desafíos de seguridad, trascendiendo la problemática del crimen organizado, cuya preponderancia actual ha tendido a eclipsar otras amenazas igualmente relevantes. Esta expansión del debate público es crucial para una comprensión integral de las amenazas a la seguridad nacional.
Sin embargo, surge una interrogante fundamental: ¿Cuán cercana a la realidad chilena es la amenaza terrorista? Para responder esta compleja e incómoda pregunta podemos dar cuenta de los siguientes antecedentes.
En la última versión del informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue publicado hace pocos días, se revela la presencia del grupo terrorista Hezbollah en varios países de América, incluyendo Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Perú y Estados Unidos. El informe señala que la principal motivación de esta presencia es la generación de recursos económicos para financiar actividades terroristas. Esta información plantea una seria preocupación sobre la posible existencia de redes de apoyo logístico o financiero de organizaciones terroristas internacionales en territorio chileno.
Por otro lado, reportes del Institute for Economics and Peace (IEP) indican un progresivo deterioro en la situación de Chile en materia de terrorismo desde 2012. El Global Terrorism Index 2024 sitúa a Chile en el puesto 17 entre 163 países, evidenciando un retroceso en la materia. Este índice atribuye la principal incidencia de este fenómeno al conflicto en la macrozona sur del país, donde la violencia rural y los actos de sabotaje han sido asociados a grupos con reivindicaciones territoriales y políticas.
En suma, la promulgación de la nueva ley antiterrorista representa un avance importante en el fortalecimiento del marco legal chileno para enfrentar las amenazas a la seguridad. La tipificación del terrorismo individual, la sanción a la pertenencia a organizaciones terroristas y la incorporación de técnicas especiales de investigación, con un énfasis preventivo, constituyen herramientas valiosas para la identificación y desarticulación de potenciales amenazas. Sin embargo, es importante reconocer que la ley, por sí sola, no es la anhelada "bala de plata". Es un paso importante, pero debe ser complementada con una estrategia integral que incluya el fortalecimiento de la inteligencia, la cooperación internacional, la profundización del debate público y un enfoque preventivo que aborde las causas profundas de la violencia en todas sus formas y expresiones. Solo así se podrá construir un sistema de seguridad robusto y eficaz para proteger la paz y la libertad en Chile.
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