La necesidad de un pacto cívico

Eduardo Saffirio Suárez

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El momento que vivimos en Chile exige ir más allá de simples ajustes al sistema político. La crisis de representación y distribución no se resolverá solo con reformas electorales o ajustes institucionales. Es indispensable sellar un pacto cívico amplio que refuerce la legitimidad de nuestras instituciones democráticas y convoque a la ciudadanía en torno a un propósito compartido: mejorar de verdad la calidad de vida y recuperar la confianza en la política.

Este pacto debe articular dos dimensiones inseparables. Por un lado, una reforma política sistémica que fortalezca y modernice los partidos y las instituciones representativas. Por otro, una agenda socioeconómica capaz de responder a las necesidades materiales de las familias. Solo la convergencia de ambas dinámicas permitirá cerrar la brecha entre la representación (lo que la política promete) y la realidad cotidiana (lo que la gente vive).

Aunque la derecha ponga el énfasis en la eficacia económica, y el centro y la izquierda en la equidad social, todos deberían coincidir en un objetivo superior: un Chile más próspero y justo. Un acuerdo de mínimos debe incorporar acciones concretas, incluyendo:

• Reducción de la burocracia y estímulo a la inversión local y extranjera, con incentivos a la innovación y la formación de capital humano, para retomar tasas más altas de crecimiento económico
• Fortalecimiento de políticas de competencia para abrir mercados, bajar precios e impulsar la productividad
• Reforma sanitaria que garantice acceso universal, optimice recursos públicos y alivie el gasto de bolsillo en salud
• Políticas contra la deserción escolar y programas de mejora docente, con énfasis en la calidad de la educación básica y media
• Modernización del Estado mediante la digitalización de trámites y la profesionalización de la función pública
• Estrategias de probidad y sanciones efectivas para combatir la corrupción en todos los niveles del sistema político
• Expansión de la educación preescolar y una política de cuidados que facilite la incorporación plena de las mujeres al trabajo
• Agilización de concesiones de infraestructura para modernizar el país y liberar recursos fiscales
• Una estrategia integral de seguridad que refuerce las policías, mejore la coordinación interinstitucional y garantice el acceso a la justicia.

Más allá de estas líneas programáticas, el pacto cívico desempeñaría un rol clave en la reconstrucción de la confianza. Al demostrar que la clase política puede anteponer el interés nacional a sus diferencias ideológicas, se prestigiaría la política como herramienta de transformación social.

Para que el acuerdo no consista en un simple documento y se convierta en un motor de cambio, se requieren tres condiciones básicas. Primero, la institucionalización de un organismo tripartito -conformado por gobierno, sindicatos, asociaciones de consumidores y gremios empresariales- que monitoree los avances y ajuste las políticas en tiempo real. Segundo, transparencia total: objetivos claros, plazos definidos y una plataforma digital que muestre a la ciudadanía el progreso de cada medida.

Si se avanza en lo anterior y la economía retoma tasas de crecimiento más altas, se podrá viabilizar un verdadero pacto fiscal sostenible. Este pacto debe combinar la revisión de exenciones, el combate a la elusión y un sistema tributario más progresivo, con una probidad plena y un despilfarro cero de los recursos públicos, cuyo destino prioritario debe ser la educación, la salud y la seguridad.

El desafío es mayúsculo, pero no hay alternativa. Si no logramos articular valores comunes en torno a una mínima hoja de ruta socioeconómica y política, será imposible conseguir una política de calidad y lograr bienestar material. Un pacto cívico amplio es la herramienta que Chile necesita para recuperar su rumbo y construir un futuro más equitativo y digno para todos.