La "operación Cuprum": el silencio cómplice del poder político
En octubre de 2017, un hecho aparentemente técnico expuso con crudeza cómo el poder económico puede instrumentalizar al Estado y desnaturalizar sus instituciones para su propio beneficio. En efecto, en dicho mes se interpuso una demanda de nulidad de derecho público contra la Superintendencia de Pensiones (SP), en un intento por frenar una de las maniobras tributarias más escandalosas de los últimos años: la fusión entre la AFP Cuprum S.A. y la ficticia AFP Argentum S.A., creada exclusivamente para hacer posible un beneficio tributario millonario conocido como "goodwill", que en correcta y recta aplicación de la ley no correspondía.
La resolución administrativa que dio origen a Argentum (E-220-2014) y la posterior autorización de su fusión con Cuprum (E-221-2015) no fueron simples actos administrativos: fueron, según la acción judicial, mecanismos al servicio de intereses empresariales, avalados desde el Estado con una pasividad que hoy vemos a todas luces inexcusable. ¿El resultado? Un perjuicio al patrimonio fiscal estimado en más de 80 mil millones de pesos. Recursos que, en lugar de destinarse a salud, educación o pensiones dignas, quedaron en manos de los dueños accionistas de una regalona AFP.
La pregunta clave es: ¿cómo pudo autorizarse semejante operación? ¿Quién falló en su deber de velar por la legalidad y el interés público?
Aquí es donde emerge nuevamente el nombre de doña Dorothy Pérez, hoy actual contralora general de la República. En ese entonces, como subcontralora, emitió informes y opiniones muy críticas respecto de la legalidad de la operación. Fue una de las pocas voces institucionales que advirtió la gravedad del acto, señalando que la fusión carecía de sustento normativo, no tenía un propósito funcional real, y respondía únicamente a fines de elusión tributaria encubierta. Su análisis jurídico fue sumamente claro: esta operación era contraria a derecho.
Pero su advertencia llegó tarde. La "maquinaria", usando el término del abogado Mauricio Daza para referirse a los negociados, ya estaba en marcha. La entonces superintendenta de Pensiones (nombrada reciente y actualmente como directora de Codelco), lejos de actuar con celo jurídico (dio como explicación que ella veía solo la normativa de pensiones no de la impuestos), actuó como atenta facilitadora. No solo permitió la creación de una AFP sin afiliados ni actividad operativa, sino que luego aprobó su fusión con Cuprum, validando un atajo legal que ningún afiliado pidió, pero que todos terminarán pagando.
Hoy, con la señora Pérez al mando de la Contraloría General, se hace inevitable preguntarse: ¿Habría ocurrido esta operación si ella hubiese ocupado ese cargo en 2014? Quienes conocen su trayectoria no dudan en la respuesta: Claramente sería un NO. Y esa sola hipótesis revela cuán profunda ha sido la captura del Estado por intereses privados en el sistema previsional chileno y digámoslo con claridad, en todos los sectores de la economía.
Porque lo que ocurrió con la "operación Cuprum" no fue un simple error administrativo. Fue una decisión política planificada, avalada por omisión. Fue el triunfo de los directorios por sobre los ciudadanos. Fue la constatación de que el sistema de AFPs, además de generar pensiones indignas, se permite distorsionar las reglas fiscales a su favor, sin rendir cuentas.
Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados así lo concluyó. Pero incluso esas conclusiones parecieron esfumarse entre cálculos políticos, pasividad gubernamental y una institucionalidad que, cuando se trata de grandes actores financieros, prefiere mirar hacia el costado. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) prefirió optar por defender el accionar de la Superintendencia de Pensiones en favor de las AFPs que el perjuicio patrimonial del Estado, actuación similar que tuvo con su negativa a cautelar el interés fiscal comprometido respecto de la indemnización trucha de los US$ 10 millones que pagó indebidamente la municipalidad de Las Condes a una inmobiliaria por "errores" voluntarios cometidos por el ex alcalde Joaquín Lavín.
Las acciones judiciales presentadas en el año 2017 por el caso Cuprum siguen su curso, actualmente en apelación, donde no solo se busca la nulidad de dos resoluciones administrativas: busca generar un precedente de dignidad y respeto por nuestro sistema jurídico y el patrimonio del Estado. Un mensaje político y jurídico de que el Estado no puede -ni debe- ser cómplice de abusos legalizados. Recordemos que la legalidad no es un formalismo técnico, sino una frontera ética que separa lo que está permitido de lo que es simplemente inaceptable.
En tiempos donde la ciudadanía exige justicia tributaria, ética pública y dignidad previsional, respecto de la "operación Cuprum", estaremos atentos a las futuras resoluciones de los tribunales de justicia, teniéndose presente que es indispensable fortalecer los contrapesos del poder y por ello los dictámenes de la Contraloría General de la República tienen que tener más fortaleza, sobre todo cuando se trata del interés fiscal.
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