La tragedia que nuevamente ocurrió

Camilo Escalona

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Al entregarse el Informe Rettig en 1991, en Chile se dijo solemnemente que nunca más habría violacion de los Derechos Humanos. No fue así, el Informe de Naciones Unidas, dado a conocer esta semana, vuelve a ratificar que después de concluida la dictadura hace tres décadas, volvieron los abusos y atropellos a la dignidad del ser humano en el país.

Se contradice flagrantemente con el hecho que hace 30 años, el 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin ganó las elecciones presidenciales que significaron la reinstalación de un gobierno civil y el fin de la dictadura para reivindicar un “nunca más” en materia de Derechos Humanos.

Fue una victoria de millones de personas, con su valentía frente al terrorismo de Estado, con una amplia unidad democrática y su rechazo a los intentos de perpetuación del régimen. Esa heroicidad está presente hoy en las luchas por un Chile más justo.

En diciembre de 1989, luego de cruentos crímenes de Estado, tormentos y abusos, crueldades indecibles y el saqueo del patrimonio público, un ancho arco de fuerzas populares desde la DC al PC, incluyendo a socialistas, radicales, PPD y sectores de Republicanos de centroderecha, ganaban en las elecciones presidenciales derrotando al pinochetista, Hernan Buchi, que entre otros apoyos de nuevos ricos, tenía el de Sebastián Piñera, que fungía como su jefe de campaña metropolitano.

Por tanto, debilitado y aislado, el dictador se veía forzado a entregar la banda presidencial en marzo de 1990, pero gracias a los enclaves autoritarios del texto constitucional de 1980, se refugió en la Comandancia en Jefe del Ejército, también a ese decisivo control de la fuerza material del Estado sumó la complicidad de la derecha, del Cuerpo de Generales y Almirantes de las otras ramas, de la elite preponderante del empresariado, del núcleo controlador del poder mediático y de una tecnocracia autoritaria, altamente ideologizada, que se formó bajo la dictadura.

Así, el terrorista de Estado, el auténtico Jefe de la DINA y la CNI, el que ordenó torturar y matar, Pinochet, logró colocar su sombra perversa sobre el ciclo democratizador, el mayor traidor de la historia patria maniobró y operó, disimuló y amenazó para blanquearse y meterse en el nuevo periodo histórico, ni más ni menos que de reconstrucción de la democracia que él había derribado.

Esa fue la maldición pinochetista, frenar, coartar, manipular, amputar, desvirtuar, bloquear la transición democrática para hacer imposible que se fuera afianzando un proceso de cambios que diera vida a una gobernabilidad democrática plena que, efectivamente, permitiera hacer realidad la lucha contra la desigualdad y las injusticias que constituyen la médula de la herencia del fascismo neoliberal que la dictadura que el encabezó, implantó en Chile.

Esa maldición no sólo fueron los enclaves autoritarios, también dejó una legión de especuladores, usureros de una economía de papel, basada en la especulación financiera y la súper explotación de la extracción de materias primas. Con ese “personal”, la dictadura se aseguró custodios del modelo, con capacidad de manipulación del mercado financiero para presionar y chantajear la restauración democrática. En ello, el control del gigantesco volumen de capitales bajo control de las AFP juega un papel decisivo.

Personas que desde las filas democráticas han cruzado a la derecha piñerista y que, en los salones de la codicia y las genuflexiones, se codean con esos viejos funcionarios que tantas veces negaron la democracia, olvidan que esos “aliados” ensalzaban al dictador y justificaban crímenes de lesa humanidad que conmovieron a Chile y a la comunidad internacional con la misma y sonriente displicencia con qué ahora les reciben de “mantel largo”. Estar allí ahora significa no tener memoria o no sentir vergüenza.

La tecnocracia neoliberal fue esencial en el régimen y sus abusos de poder, iluminados, convencidos de poseer la verdad absoluta en materia económica y social, llegaron a jurar su fidelidad al dictador en el repulsivo Acto de Chacarillas, inspirados en un odioso fanatismo, nacido de un conservadurismo de fachada religiosa que propició una brutal regresión social que defienden hasta hoy.

En el presente, Piñera dio un rol decisivo a funcionarios del régimen pinochetista en La Moneda. Su ex ministro del Interior y su Jefe de gabinete son los más conocidos. Este último en reciente intervención vuelve a la tesis que justificó el golpe militar en 1973, la intervención rusa, ahora de Venezuela, así dijo que el estallido social en Chile, junto a otros factores, se debía a... “la activa presencia de sectores radicales, promotores de las ideas chavistas...”

Hay incautos que caerán en el engaño y harán suya esa versión de los hechos, pero a la inmensa mayoría del país le parecerá que, una vez más, el autoritarismo neoliberal considera que Chile está poblado de ingenuos o ignorantes.

Probablemente no habrá un solo diagnóstico del porqué ocurrió una avalancha social como la que se precipitó en Chile el 18 de octubre, pero insistir en “el chavismo” como uno de los causantes originarios de la crisis de gobernabilidad que impide que el gobierno de Piñera levante cabeza, hace pensar que la autoridad perdió toda objetividad o intenta levantar una cortina de humo ante una convulsión nacional que le desconcierta totalmente y ante la cual no tiene respuesta.

A 40 años desde que Pinochet impuso la Constitución de 1980 y a 30 del restablecimiento de la democracia la situación nacional ha tenido un vuelco de un alcance que aún no es definitivo. Una movilización ciudadana de un impacto imprevisto, cuestiona el orden económico-social con una potencia que ha generado una crisis en ese “modelo” de convivencia social implantado en Chile por la dictadura.

Dicho directamente, la desigualdad y los abusos generados desde la estructura económica social y la extrema concentración del poder en la toma de decisiones se han tornado definitivamente inaceptables para la mayoría de la población. Pero, Piñera no acepta esa realidad. Fue obligado a bajar de la nube de su auto complacencia por la multitudinaria movilización social, pero sigue asignándola a una conjura que “desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada, con tecnología de punta...”

Por eso, ante los Informes de los organismos internacionales más respetados sobre violaciones a los Derechos Humanos, Piñera los relativiza cuando no puede negarlos y los desconoce cada vez que puede, para rehuir y camuflar su propia y directa responsabilidad de gobernante.

A su pesar, tan rotundo es el reclamo social, que las alianzas políticas con representación parlamentaria desde 1990, han suscrito un Documento-compromiso que se propone realizar una reforma constitucional que permita convocar a un Plebiscito que ponga término a la actual Carta Política del Estado, eligiendo luego representantes a un Convención Constituyente, que puede ser íntegramente electa, para dar vida a una nueva Constitución que la ciudadanía apruebe o rechace en un nuevo Plebiscito.

Es decir, la potencia de la movilización social superó la tenaz resistencia de la derecha a la perpetuación de la Constitución de 1980 y generó un compromiso político, totalmente imposible hasta antes del 18 de octubre, la realización de un proceso constituyente que asegura una deliberación ciudadana efectiva y primordial que conduce a una nueva Constitución Política del Estado.

Esto por si solo es muestra fehaciente que Chile está protagonizando un proceso de repercusiones históricas que apunta a establecer una nueva relación de poder, otra “vivencia” entre sus miembros, pero que como ese “modo de vida” u “orden social” no está establecido ni aún definido, el país vivirá todavía una etapa de luchas y definiciones que los procesos sociales no habían adquirido, muy probablemente, desde que Allende se propusiera “construir el socialismo, en democracia, pluralismo y libertad”.

Un punto es definitivo, Chile no podrá seguir viviendo y soportando la desigualdad que determinó la vida de sus habitantes en los últimos 40 años, y no podrá haber impunidad ante los abusos de poder que desvirtuaron, en su esencia, el sentido democratizador y de justicia social que la mayoría del país esperaba se instalara una vez concluida la dictadura neoliberal.

Tampoco se aceptará impunidad ante este nuevo ciclo, trágico y estremecedor, de violaciones a los Derechos Humanos. Por eso, se equivocan los que buscan explicaciones en “Europa Oriental” o en la amenaza chavista como han dicho.

El reto está en el proyecto de sociedad que se configure desde la profundidad de estas luchas sociales y políticas en los próximos años en Chile. Esa propuesta no puede ser copia de ningún “modelo” y debe corresponder auténticamente a la realidad chilena. Eso es lo que asegurará su continuidad en el tiempo.