Las RUF: camisa de fuerza para las fuerzas de Orden y Seguridad

Alejandro Kusanovic

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Soy un convencido de que la violencia y el terrorismo se combaten con decisión. Para ello, lo que se requiere -por sobre todas las cosas- es la voluntad política de desplegar toda la fuerza del Estado para erradicar estas amenazas, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes de la República sin ningún tipo de temor. Este compromiso debe ser inquebrantable por parte de las autoridades, siendo fundamental para restablecer el orden y la seguridad en nuestra sociedad.

La victoria del Estado y de las fuerzas policiales sobre el terrorismo y la delincuencia debe ser tan contundente que aniquile la motivación de delinquir y llevar a cabo actos terroristas. Esta batalla no es solo física, sino también psicológica: debe generar un desincentivo, un mensaje claro para aquellos que piensan en quebrantar la ley.

Hoy la percepción de inseguridad se ha convertido en una constante en la vida diaria de muchas personas, afectando su bienestar y calidad de vida. Por eso es necesario que el miedo deje de estar del lado de la ciudadanía, (constantemente atemorizada), y que pasen a ser los delincuentes quienes tengan miedo. Solo así el Estado podrá cumplir con su deber más elemental, que es proteger a los ciudadanos y garantizar su derecho a vivir en paz.

La ola de delincuencia desatada no da para más, y la gente así lo percibe. Lo que estamos viviendo es el resultado de la inacción que hemos cultivado por años, una inacción que nos ha llevado a niveles de criminalidad nunca antes vistos. El gobierno anterior no actuó por temor a las repercusiones políticas, y el actual gobierno no lo hace por convicciones ideológicas; ha sido es parte de su filosofía no actuar con mano dura en el combate a la delincuencia.

Y con este nuevo proyecto de ley, que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las FF.AA, pasa lo mismo; a mi juicio, nuevamente se está cometiendo un error. Se ha vuelto habitual realizar un diagnóstico errado del problema y, en consecuencia, proponer soluciones inadecuadas que no abordan la raíz del asunto. La efectividad de las políticas de seguridad depende en gran medida de la comprensión profunda del fenómeno delictivo y de la implementación de estrategias adecuadas y flexibles.

Elevar a rango legal la actuación de las fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas no va a solucionar el problema. Al contrario, complicará aún más su actuar al imponer requisitos inadecuados e incluso irracionales, dificultando que el personal actúe e intervenga de manera eficaz. Esto es especialmente preocupante en situaciones complejas, como manifestaciones violentas, altercados en estadios, ataques terroristas y amenazas en el control fronterizo.

La dinámica delictual y del terrorismo evoluciona constantemente. Por lo tanto, las reglas de actuación de las policías y militares deben poder adecuarse a circunstancias específicas, un aspecto que se verá debilitado por la rigidez que se les impone en este proyecto de ley.

Para un combate eficaz contra la delincuencia y el terrorismo, se requiere un marco flexible que brinde garantías suficientes. No se necesita una camisa de fuerza que limitemos normativamente el actuar de las fuerzas armadas y de orden, que están llamados a protegernos. Lo que ellas necesitan es que les otorguemos las herramientas necesarias y todo el respaldo para resguardar el Estado de Derecho con decisión y firmeza.

Por lo tanto, en lugar de generar leyes rígidas que restrinjan la acción de nuestras fuerzas de seguridad, deberíamos centrarnos en generar un entorno que favorezca su éxito. Solo a través de un enfoque integral y bien planificado podremos brindar a nuestros ciudadanos la seguridad que merecen y que el Estado está obligado a proporcionar.