Legalizar el juego clandestino es inmoral
A lo largo de este año, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado ha debatido largamente la situación de las máquinas de azar ubicadas afuera de los casinos, también llamadas máquinas tragamonedas.
Siempre fue de conocimiento general, la ilegalidad expresa de la explotación de estas máquinas, así como la de los locales en que funcionan, los casinos populares.
Por ello el debate se centró en dos opciones: legalizar o erradicar. La primera planteada por el proyecto de ley Boletín N° 8.820-06, que llama eufemísticamente “regular” a lo que en la práctica es permitir algo que hoy no está permitido, y por ende sí está regulado, entiéndase, el juego y la apuesta en lugares no autorizados.
La segunda, propuesta por nosotros en el proyecto de ley Boletín N° 10.811-06, que busca dotar al Estado de las herramientas para sacar de circulación estas máquinas.
Como es usual, en el transcurso del debate se escuchó a diferentes organizaciones de la sociedad civil y organismos del Estado.
La Superintendencia de Casinos de Juego y la Contraloría General de la República, coincidieron en el carácter ilegal de estas instalaciones; Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ministerio Público dieron fe de las mafias que se tejen alrededor de la explotación de estas máquinas, con ilícitos como el lavado de dinero y el narcotráfico.
El Ministerio de Desarrollo Social expuso cómo estos casinos populares tienden a ubicarse en las comunas más pobres del país y La Asociación Chilena de Municipalidades mostró cómo estas máquinas generan un problema social imposible de abordar por comuna, haciendo caso omiso, incluso, a las clausuras.
Poco a poco, la Comisión se fue formando la convicción de lo perjudicial e irregular que resultan las máquinas de azar, cuestión ratificada absolutamente tras las exposiciones de la Asociación de Jugadores en Terapia y la Corporación de Juego Responsable, que mostraron los efectos de la ludopatía en la vida de las personas y cómo afecta sobre todo a las mujeres más vulnerables de nuestro país, convirtiendo al juego ilegal en un verdadero problema para la salud mental, familiar y económica de la gente. Valdrá la pena recordar que el 80% de los ludópatas en Chile son mujeres y el 50% pertenece al estrato D.
Hasta ahí, todo bajo la lógica del buen gobierno. La sorpresa vino el recién pasado lunes 20 de agosto. Tras una exposición de la (FIDEN)[1] - que en un desprolijo acto de probidad sumó a sus filas a Francisco Leiva, Ex Superintendente de Casinos de Juego - la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización contravino a todos los actores sociales consultados y su propia convicción formada.
Bajo la argucia que el negocio se había extendido tanto, dictaminó por unanimidad que debía legalizarse lo que hasta ahora era un delito, en lugar de erradicarse.
Acuso irresponsabilidad, acuso desidia, acuso comodidad y acuso acomodo.
La Comisión de Gobierno sucumbió ante la presión del negocio que significa el juego ilegal, ante grandes inductores de la ludopatía, y dejó a la deriva a las y los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables que hoy, nuevamente se ven perjudicados.
Bajo esta lógica, no habrá de extrañarnos que mañana se “regule” la venta de pasta base.
Total y a fin de cuentas, también se ha expandido bastante su consumo.
[1] Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Máquinas de Juegos Electrónicos.
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