Ley de Primarias de vuelta al laboratorio

El Presidente promulgó la Ley sobre Primarias bajo la idea de que mejora la calidad de la política y de la democracia. Tendría juicios más cautelosos después de lo que ha pasado con el voto voluntario y pediría mayor reflexividad en el reconocimiento de los avances y en la identificación de las omisiones. Las leyes tienen efectos y el deber del legislador es preverlos con precisión.

El Tribunal Constitucional en Sentencia Rol 2324 alertó acerca de cuáles reglas deben aplicarse para la realización de las elecciones primarias el domingo 30 de Junio de 2013.

Una reprochable técnica legislativa, de la que me declaro reo, llevó al TC a sostener que “esta potestad normativa conferida al Servicio Electoral se da en un contexto especial, dada la forma en que el proyecto definió el marco jurídico que rige a las elecciones primarias, en el artículo 6°". Ahí se remitió “en todo lo que no sea contrario a ella y en lo que le sea aplicable”, a las leyes N°s 18.700, 18.556, 18.695 y 18.603.

Y declaró inconstitucional la disposición que indicaba “que le corresponde al Servicio Electoral dictar normas sobre, en general, todo aquello relativo al acto eleccionario”, puesto que es el legislador el que debe regular las reglas electorales y no un servicio público; eliminó todas las sanciones de la Ley de Primarias por constituir leyes penales en blanco y declaró inconstitucional la omisión de la presencia de perito cuando hay dudas sobre la identidad del elector “la necesidad de identificarse mediante recursos técnicos es más relevante en elecciones primarias simultáneas, que necesariamente llevan a que la persona pueda votar una sola vez, excluyéndose de las otras”.

Es necesario que el Gobierno envíe un proyecto de ley de primarias II para que no desprestigiemos la política y la democracia en los detalles.

Si las primarias son técnicamente una votación popular deberíamos tener una elección preparada de 13 millones de papeletas aproximadamente por cada una de las múltiples votaciones simultáneas nacionales, en donde debemos proteger el secreto del voto resguardando los padrones ad hoc de cada elección; con control del orden público por las Fuerzas Armadas; movilizando y pagando un batallón de vocales de mesa que custodiarán elecciones complejas y disputadas; con regulaciones y autorregulaciones de las propagandas bajo un gasto electoral en total opacidad que ni siquiera llega a rendir más de $ 1.200 millones de pesos en declaraciones juradas unilaterales de cada candidato; sin sanciones por el acarreo de electores; con ley seca el día de la elección y con las alteraciones propias de la fiesta de la democracia cuando puede terminar simplemente en la “batalla del acarreo en los partidos”.

La derecha francesa acaba de dividirse profundamente entre Copé y Fillon por no tener reglas del juego clara en una elección primaria. Primarias II ahora antes que sea demasiado tarde.

Pretender que la ley promulgada pueda ejecutarse sin atender los reproches del Tribunal Constitucional, sería un grave error de efectos previsibles.

El 27 de octubre recién pasado fuimos testigos de imprevisiones administrativas, no repitamos la conducta, porque así estamos dañando nuestro sistema electoral.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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