Los difusos límites de la clase media

Más allá del impacto publicitario inicial generado tras la presentación del programa “clase media protegida”, la propuesta del Ejecutivo presenta dos grandes problemas. 

El primero es que, más que de una política pública nueva, se trata de un conjunto de medidas que, mayoritariamente, ya existen o están en vías de implementación. En ese sentido el anuncio no tiene mucho de novedoso. 

El segundo, es que no termina de aclarar quiénes serán, efectivamente, los depositarios de estos beneficios ni la manera en que todos los anuncios serán convertidos en hechos concretos. 

En efecto, el gobierno ha anunciado un plan que reúne un conjunto de medidas destinadas a beneficiar a los sectores medios en materia de salud, adulto mayor, empleo, educación, seguridad, previsión y vivienda. No entrega plazos de cumplimiento de los compromisos, ni explica las fórmulas de financiamiento para las escasas nuevas acciones consideradas, y tampoco define con precisión el segmento que tendrá acceso a estas nuevas prestaciones. 

¿A quiénes les habla el Presidente cuando alude a la clase media? 

Estamos de acuerdo en tal acepción es relativamente ambigua y que no existe un acuerdo total acerca del espectro que abarca este grupo. 

La gran mayoría de los chilenos declara formar parte de este segmento. El propio Sebastián Piñera, en una entrevista televisiva realizada el año 2015, afirmaba ser un hombre de clase media. 

Un centro de estudios oficialista sostiene, en un reciente informe, que el 63% de los chilenos pertenece a la clase media y sitúa los ingresos de este grupo entre los 626 mil y los 2 millones y medio de pesos. 

De acuerdo a datos del informe "Bajo presión: la reducción de la clase media" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 47% de los hogares chilenos son de clase media. 

¿Cuál es el parámetro para establecer tal definición? Según la OCDE, es el grupo cuyos ingresos se ubican entre el 75 y el 200% de la media nacional. Si en Chile la media de ingresos por hogar es de 738 mil pesos, la clase media sería entonces aquella que recibe mensualmente entre 587 mil y un millón y medio de pesos, aproximadamente. 

El mismo estudio indica que el 17% de los hogares chilenos son pobres - reciben mensualmente menos de 587 mil pesos -, mientras el segmento más rico alcanza el 19%. Es decir, todas aquellas familias que sumen ingresos mensuales por sobre el millón y medio serían, según la OCDE, ricas. 

Días atrás, al presentar el informe de Estabilidad Financiera ante la comisión de Hacienda del Senado, el presidente del Banco Central dio cuenta de un aumento del endeudamiento de las familias chilenas, focalizado precisamente en los segmentos medio y medio alto. 

De acuerdo a este reporte, quienes ganan entre $500 y $600 mil pesos destinaron, durante 2018, un 28,1% de ese dinero mensual al pago de deudas. 

Las familias que reciben mensualmente entre un millón y un millón 200 mil pesos adeudan casi 8 veces sus ingresos. Quienes ganan entre 1,7 y 2,6 millones, en tanto, se endeudan en más de 10 veces el valor de sus ingresos. 

Son malas noticias para un país marcado por la desigualdad en la distribución de los ingresos y fuertemente influenciado por la economía del mercado, especialmente bajo un gobierno que desprecia el rol del Estado a la hora de garantizar derechos elementales para la ciudadanía como la educación, la salud, la vivienda y la seguridad pública. 

Con todo, no se trata de cuestionar de antemano la intención del gobierno. Lamentablemente, en este tiempo, el Ejecutivo ha tomado por costumbre promover proyectos y programas que dicen apuntar en un sentido mientras, en la práctica, avanzan en dirección opuesta. 

Es curioso, de hecho, que el mismo gobierno que se opone a la gratuidad universal y al fin del lucro en la educación, se muestre hoy tan comprometido con los problemas de la clase media y que, entre sus nuevas propuestas, consigne, por ejemplo, extender la gratuidad para la educación técnico profesional. 

Cabe preguntarse si iniciativas como la reforma a las Isapres y a Fonasa propuestas recientemente por el Ejecutivo, e incluidas también en este nuevo plan, son – efectivamente - una ayuda para la clase media. Tenemos razones fundadas para creer que no es así. 

Queda por ver la letra chica contenida en el programa lanzado esta semana.

Sería lamentable que, detrás de los anuncios que generan expectativas y esperanzas en la población, se oculte una propuesta de corte efectista que termine subsidiando a la oferta de servicios - vivienda educación y salud - y deje nuevamente en la indefensión a los ciudadanos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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