Mayores facultades para las municipalidades en seguridad pública

Daniel Montalva Armanet

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Ante los últimos hechos de violencia que se han repetido en distintas comunas del país en contra de guardias municipales, alcaldes de todos los sectores políticos y regiones han realizado diversos anuncios y llamados, siendo el más reiterado, la necesidad de avanzar de manera urgente en la tramitación del proyecto de ley de seguridad municipal.

Esta iniciativa tiene por objeto regular el rol coadyuvante que tienen las municipalidades en la seguridad pública, para lo cual propone ampliar las atribuciones que tiene en la materia. Otro de los elementos que contempla es la creación de un estatuto de regulación de inspectores municipales, considerando el establecimiento de requisitos para su designación, así como una regulación expresa de sus funciones, atribuciones y deberes. Lo anterior enmarcado en que su rol es exclusivamente de prevención del delito y de asistencia al rol de las policías.

Otra norma destacable es la que propone regular los convenios que deben existir entre municipalidades y Carabineros de Chile para la implementación de este rol de asistencia de los inspectores. Un avance relevante es que se establece que estas personas deben pasar a ser funcionarios de ésta y no ser contratados mediante empresas u organizaciones externas como ocurre actualmente, lo que los eximen de posibles responsabilidades administrativas por su actuar.

Todas estas normas significan un avance relevante en el rol que juegan los gobiernos locales en materia de seguridad pública. En paralelo a la tramitación de esta iniciativa, hay otras normas ya aprobadas que permiten avanzar en seguridad pública. Un ejemplo de esto es que la mayoría de los hechos de violencia hacia los inspectores se da en el contexto de fiscalización de comercio informal, por lo que se podrían reducir estos hechos de violencia si se avanzara en una mayor aplicación de la ley 21.426 sobre Comercio Ilegal, aprobada en 2022 y que otorga diversas nuevas atribuciones a las autoridades, entre ellas a los inspectores municipales para la lucha contra este tipo de comercio.

Uno de los temas más discutidos ha sido la solicitud de algunos alcaldes de permitir el uso de pistolas de descargas eléctricas o tasers que se entenderían prohibidas por la ley, ya que solo se permite el uso de implementos de defensa o protección personal, entre las que este tipo de artefactos estaría excluido.

Es más adecuado avanzar en todas las normas actualmente incluidas en el proyecto de ley que dicen relación con mayor regulación, coordinación e inteligencia, con objeto de potenciar el rol de las municipalidades en la seguridad pública y especialmente aplicar todas las normas actualmente vigentes para combatir el comercio ilegal previo a abrir una compleja puerta de autorización de uso de armas potencialmente letales a personas que no son funcionarios del Orden Público y la Seguridad, ya que a través de estos últimos el Estado ejerce el necesario monopolio de la fuerza para mantener la paz y la seguridad en nuestro país.