Se pierde en equidad y también en autonomía
La fórmula que propuso el Ejecutivo para compensar a los municipios por la exención al pago de contribuciones incluida en la megarreforma es regresiva e inequitativa. Así lo han denunciado alcaldes de distinto signo político. Pero además de ser inequitativa, la fórmula propuesta atenta contra la autonomía municipal. Si siempre es difícil avanzar en descentralización, con esta reforma no sólo no avanzamos, sino que retrocedemos.
Explico por qué. La literatura sobre descentralización fiscal distingue dos modelos. Uno de "agente-principal", donde el nivel central transfiere recursos a un nivel subnacional para que el "agente" ejecute lo que el "principal" define. El otro es de "elección pública racional", donde los gobiernos subnacionales financian sus propios gastos con impuestos e ingresos locales. Este segundo modelo representa un nivel más avanzado de autonomía subnacional y vincula las preferencias de la ciudadanía con los costos de la provisión de los servicios públicos locales.
En Chile ambos modelos conviven: mientras que los gobiernos regionales dependen casi por completo de transferencias, los municipios cuentan con ingresos propios permanentes, que provienen de una combinación de impuestos -contribuciones (impuesto territorial), patentes comerciales y permisos de circulación- y recursos del Fondo Común Municipal (FCM).
La fórmula de compensación del Ejecutivo modifica esta situación. Recorta los ingresos propios permanentes de los municipios y los reemplaza por una nueva transferencia del fisco financiada vía IVA, con lo que se reduce la autonomía fiscal municipal. Y como estos nuevos recursos no aportan al FCM, sino que van directo a los municipios que dejan de percibir ingresos por contribuciones, la reforma también erosiona la equidad. Es sabido que el FCM opera como un mecanismo redistributivo y progresivo, donde los municipios que más ingresos generan aportan más de lo que reciben, mientras que los que recaudan menos reciben más de lo que aportan.
Detrás de este mecanismo hay una decisión eminentemente política. Los municipios en Chile enfrentan muchas carencias y dificultades para constituirse en auténticos gobiernos locales de cara a la ciudadanía, pero hasta hoy contaban también con una gran fortaleza, la de ser fiscalmente autónomos y, con ello, la institución más descentralizada del país.
El riesgo es concreto: el nivel central gana discrecionalidad para decidir cuáles y cuántos recursos transferir, o no, a las municipalidades chilenas, en desmedro de su autonomía. Si en unos años, cuando miremos en retrospectiva los resultados de esta decisión, la discrecionalidad va ganando terreno sobre los ingresos propios, no podremos decir que no lo vimos venir.