La reforma de las MEGA incertidumbres
El 22 de abril, el Presidente José Antonio Kast ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social: cerca de 40 modificaciones normativas agrupadas en un solo texto. Tres meses después, en lo grueso, ya está despachado. De la megarreforma se ha discutido casi todo -la rebaja del impuesto corporativo, los permisos sectoriales, las contribuciones- y se ha discutido poco lo que, a mi juicio, más importa en el mediano plazo: qué le hace, directa e indirectamente, al derecho del trabajo chileno. Esta columna intenta responder esa pregunta.
Hay un artículo que se aprobó en el Senado por 25 votos contra 24 y que, sin proponérselo, explica todo lo demás. Es el que faculta a una empresa para exigirle una indemnización al Estado si un tribunal anula su Resolución de Calificación Ambiental. Traducido: si la justicia revisa un permiso y lo deja sin efecto, quien invirtió no soporta solo esa pérdida. El riesgo se reparte. La oposición dejó reserva de constitucionalidad y el Gobierno celebró. Pero más allá de su suerte en el Tribunal Constitucional, el artículo es un buen espejo, porque la megarreforma es, antes que un paquete tributario, una operación de redistribución de la incertidumbre.
Miremos qué recibió cada quien. El capital obtuvo certeza en dosis históricas: la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% con calendario fijo hasta 2029, la reintegración del sistema y, sobre todo, una invariabilidad tributaria de 25 años para inversiones sobre 50 millones de dólares. Veinticinco años. Seis gobiernos. Un contrato que ningún Congreso futuro podrá tocar sin costo. Es exactamente lo que un inversionista pide y lo que un país en disputa política tiene derecho a discutir en serio.
Ahora hagamos el ejercicio inverso: ¿Qué horizonte de certeza recibió quien trabaja? Ninguno equivalente. Y no porque el Gobierno se haya olvidado del tema, sino porque decidió sacarlo del paquete y tramitarlo después, cuando el foco mediático ya se hubiera movido.
El capítulo laboral no está en la ley: está en lo que viene
Esa es la primera cosa que conviene decir con todas sus letras. La megarreforma que se discutió en cadena nacional, en comisiones y en portadas contiene poco derecho laboral propiamente tal. Su medida más significativa en la materia -el crédito al empleo formal, la de mayor impacto fiscal del proyecto- se aprobó con 44 votos transversales, lo que demuestra que cuando una política laboral tiene sentido, encuentra apoyo mucho más allá del oficialismo. Conviene reconocerlo: subsidiar la formalización no es una idea de derecha ni de izquierda, y quien la rechace por autoría tendrá que explicar por qué.
Lo grave no es lo que la megarreforma trae, sino lo que anuncia. Apenas despachado el proyecto, el ministro de Hacienda abrió su "segunda etapa", y allí sí está el corazón del asunto: adaptabilidad de la jornada, indemnización a todo evento, contratos por hora, revisión del rol de la Dirección del Trabajo. Es decir, se usó el capital político acumulado en el debate tributario para instalar, sin debate equivalente, una reforma laboral por partes. La técnica es conocida: fragmentar lo que sería indefendible en bloque.
No derogar, reconfigurar
El caso de la jornada es el más elocuente. El Gobierno insiste -y es cierto- en que no tocará la Ley 21.561: las 42 horas rigen desde abril de este año y las 40 llegarán en 2028. Lo que propone modificar es el cómputo, permitiendo distribuir esas horas en ciclos más extensos, con techos semanales que podrían llegar a 52 horas. Nadie deroga nada. El promedio se mantiene. Y sin embargo, cualquiera que haya trabajado alguna vez sabe que la diferencia entre 42 horas todas las semanas y 52 en temporada alta no es aritmética: es la diferencia entre poder organizar una vida y no poder hacerlo.
Aquí está la trampa retórica del debate. Se discute como si el bien jurídico protegido fuera el número de horas. No lo es. El bien protegido es la previsibilidad del tiempo propio: saber cuándo se sale, poder comprometerse con un curso, un tratamiento, un hijo, un turno de cuidado. Las 40 horas se conquistaron, como recordó la CUT, para trabajar menos y vivir mejor, no para que el tiempo de las personas se ordene según los ciclos productivos de las empresas. Convertir la jornada en una variable de ajuste estacional traslada al trabajador un riesgo que hasta ahora administraba el empleador: el riesgo de la demanda.
Y hay un detalle que no es detalle. En el proyecto piloto para el sector turismo -el laboratorio elegido- el pacto de adaptabilidad puede celebrarse directamente entre empleador y trabajador, sin intermediación sindical, a diferencia de lo que se exige en otros rubros. Un trabajador individual negociando con su empleador la extensión de su propia jornada no está negociando: está aceptando. Esa asimetría es precisamente la razón por la cual existe el derecho colectivo del trabajo. Vaciarla no es flexibilizar, es desregular con otro nombre.
Convertir un derecho en una cuenta de ahorro
El segundo eje es la indemnización a todo evento, financiada con una cotización adicional al Seguro de Cesantía y aplicable solo a los contratos nuevos. Los trabajadores actuales conservan su régimen, salvo acuerdo. Suena razonable, incluso generoso: el trabajador que renuncia también podría retirar sus fondos, algo que hoy no ocurre.
Pero conviene entender qué se pierde en el cambio. La indemnización por años de servicio no es solo una compensación: es un costo de despedir, y por lo tanto un desincentivo. Reemplazarla por un fondo que el empleador aporta mes a mes elimina ese desincentivo casi por completo: despedir deja de tener precio. La estabilidad en el empleo, que es un derecho, se transforma en liquidez, que es otra cosa. La central clasista lo describió sin eufemismos como cambiar el resarcimiento por un ahorro forzoso.
Y está el problema de los dos regímenes conviviendo. Si el sistema nuevo aplica solo a contratos nuevos, Chile tendrá durante dos décadas dos clases de trabajadores en la misma faena, haciendo el mismo trabajo, con distinta protección frente al despido. Los jóvenes que ingresen al mercado laboral desde la vigencia de la ley pagarán la cuenta completa. La segmentación generacional de derechos es una decisión política, no un efecto colateral.
Quién estaba en la mesa
La Mesa de Reactivación Laboral entregó sus 22 propuestas al ministro del Trabajo el 30 de junio. Nueve de ellas modifican regulación laboral. Su composición fue casi exclusivamente de economistas e ingenieros, sin representación sindical ni especialistas en derecho del trabajo. No es un dato menor ni un reproche de forma. Cuando se le pide a un panel de economistas que diagnostique el empleo, el resultado predecible es que las protecciones aparezcan como rigideces, porque en ese lenguaje eso son. Faltó la pregunta que un laboralista habría hecho: ¿Qué función cumple esta norma que ustedes quieren remover?
Hay además un costo que casi no se nombra. Sin una red de cuidados que funcione, la flexibilización de la jornada la pagan principalmente las mujeres, que son quienes absorben la variabilidad del tiempo doméstico. Se invoca la conciliación familiar mientras se promueven jornadas menos previsibles: las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo.
La carga de la prueba
Nada de esto significa que el diagnóstico del Gobierno sea inventado. El mercado laboral chileno está mal: se han perdido decenas de miles de empleos formales desde 2022, la informalidad no cede y la desocupación juvenil es un escándalo silencioso. Quien defienda el statu quo tiene que hacerse cargo de eso, y la izquierda no siempre lo ha hecho.
Pero justamente porque el problema es real, la exigencia debe ser alta. La promesa de que abaratar el despido y estirar la jornada crea empleo es una hipótesis empírica, no un axioma, y la evidencia comparada es mucho más ambigua de lo que sugiere el entusiasmo oficial. Si el Gobierno pide veinticinco años de certeza para el inversionista, lo mínimo es que acepte metas verificables y plazos para el trabajador: cuántos empleos formales, en qué plazo, y qué pasa si no aparecen.
Porque de eso se trata, al final. La megarreforma repartió certeza hacia un lado e incertidumbre hacia el otro. La discusión que viene definirá si a alguien más le tocaba.