Democracias crueles, hacia el lento declive
El sociólogo Ezequiel Ipar propone un concepto útil para leer este momento: la democracia cruel. No es una dictadura ni un colapso institucional, sino un régimen que conserva intactas sus credenciales democráticas y que, dentro de ellas, organiza el sufrimiento de algunos como fuente de legitimidad. Lo que interesa no es su diagnóstico sino su herramienta: enumera cuatro condiciones para reconocerla, y las cuatro son observables. Si no calzan, no calzan, y eso también sería una conclusión.
La primera es el redireccionamiento discriminatorio de las políticas públicas. Al día siguiente del cambio de gobierno se retiraron del trámite en Contraloría 43 decretos supremos: planes de descontaminación, dos parques nacionales, reglamentos de biodiversidad, junto al plan nacional de derechos humanos. Poco después, más de 1.400 millones de dólares se reasignaron por decreto y oficio, sin votación: el mayor recorte en pesos correspondió a Salud, el mayor en proporción a Cultura, y Seguridad no registró ninguno. La palabra clave es discriminatorio. No se trata de que el Estado recorte, sino de dónde recorta y dónde no.
La segunda es el deterioro de derechos guiado por motivaciones ideológicas y no fiscales, y trae un test preciso: si el ahorro es marginal, la explicación económica no alcanza. El Tribunal Constitucional anuló hace poco la norma que quitaba por cinco años el acceso a la gratuidad universitaria a quienes fueran condenados por delitos cometidos en contexto educativo, porque castigaba solo a quien necesita el beneficio para estudiar y podía dañar la reinserción. La premisa reapareció enseguida en el proyecto que crea un registro de actos vandálicos, cuya inclusión suspende gratuidad, Pensión Garantizada Universal y subsidio de arriendo, y vuelve a asomar en una reforma constitucional que limita el acceso a prestaciones públicas. Ninguna de las tres ahorra dinero. No están diseñadas para eso.
La tercera es la transformación del modelo de ciudadanía. Ipar la toma de Guillermo O'Donnell, que en plena dictadura describió una sociedad que se patrulla a sí misma, nacida no de una orden que baja sino del miedo al desorden. Un registro público de personas cuyos beneficios quedan suspendidos es, en su forma más literal, un instrumento para que unos ciudadanos comprueben lo que otros dejaron de recibir.
La cuarta es el desgaste de la cultura política democrática, y aquí Ipar deja de hablar del Estado para hablar de nosotros. Un dato evita que esto sea una impresión: consultada por Cadem, el 87% de la ciudadanía se declaró de acuerdo con quitar beneficios sociales a quienes cometan ciertos delitos o incivilidades. No es una minoría. Somos casi todos.
Las cuatro condiciones tienen algo en común que Ipar no explicita, y es lo que quiero dejar planteado: todas requieren evidencia para verificarse. Saber si un recorte fue discriminatorio exige comparar presupuestos por partida. Saber si una sanción daña la reinserción exige seguir cohortes durante años. Saber si el modelo de ciudadanía cambió exige medir actitudes en el tiempo y distinguir un giro real de una fluctuación de encuesta. Ese trabajo lo hacen las ciencias sociales y las humanidades.
Y hace unas semanas se publicaron las bases del principal concurso de investigación postdoctoral del país con un cambio inédito: hasta el 70% de las adjudicaciones podrá destinarse a 10 áreas prioritarias definidas por el Ministerio de Ciencia, y ninguna nombra a las ciencias sociales, las humanidades o las artes. Es la primera vez en más de tres décadas que ese fondo deja de estar abierto a todas las disciplinas. La regla tampoco ahorra un peso: redistribuye dentro del mismo fondo y permite que un proyecto peor evaluado desplace a uno mejor si se enmarca en un área prioritaria. Entre esas áreas figura seguridad, justicia y políticas públicas. El Estado define como prioritario investigar sobre seguridad y relega a las disciplinas que evalúan si esas políticas funcionan.
La semana pasada, la misma ministra que firma esas bases sugirió en un podcast que los profesores de Filosofía, Historia y Lenguaje podían, ante el avance de la inteligencia artificial, convertirse en vendedores o en servicio al cliente. Días después se disculpó: se expresó mal, dijo. Le creo, y por eso mismo importa. Las bases establecen qué disciplinas son prioritarias; la frase dijo en voz alta qué se espera de quienes no lo son.
Por eso esto no es un ítem más en una lista de recortes: es lo que vuelve invisibles a las otras condiciones. Un Estado que deja de sostener el estudio de sí mismo no empeora de inmediato. Se queda sin quien lo examine, que es la manera más eficiente de que un declive lento pase inadvertido. Y no hace falta prohibir nada: basta con que las preguntas incómodas dejen de estar entre las prioritarias.
Corresponde decir lo otro, y lo dice el propio Ipar: el punto final aún no está escrito y siguen en pie los contrapesos. Aquí operaron. El Tribunal Constitucional anuló esa cláusula, varios decretos ambientales fueron reingresados, el Consejo de Rectores pidió reconsiderar las bases y las academias reclamaron formalmente. Eso no desmiente el concepto: lo precisa.
Queda lo que hay que pensar, y no es una consigna sino una tarea. Está, primero, una pregunta que sirve para cualquier medida que venga: a quién le quita qué. Casi nunca aparece en el titular. Está en el inciso, o en el anexo de unas bases concursales.
Está, después, distinguir cuándo una decisión es técnica y cuándo es una manera ordenada de decidir qué no se va a pensar. Este año se dirá muchas veces que lo que no se alcanzó es asunto de esfuerzo y que lo que dejó de financiarse no era prioritario. Esa distinción no se aprende sola. Hay que enseñarla, y hay quienes ya la saben: los que vivieron una época en que se decidía qué se podía pensar reconocen el momento en que el miedo empieza a parecer prudencia. Esa lectura no se hereda sola. Conviene pedírsela mientras están.
Y está, al final, lo más simple. Antes de leer las leyes hay que saber leer el mundo, y eso se aprende con alguien al lado. Un declive lento es reversible mientras dura, pero solo para quien alcanza a verlo.