Monitoreo de redes: El fin de una idea equivocada e ilegal

El Gobierno suspendió el seguimiento de redes sociales que había impulsado. Se ha echado pié atrás a una idea equivocada e ilegal que afectaba gravemente las garantías individuales. Por ello recurrí a la Contraloría General de la República.

Las explicaciones dadas, en su momento, por la ex Ministra Von Baer dejaron de manifiesto que no era una plataforma de seguimiento de comentarios (clipping), sino la conformación de un registro de ellos, lo que se encuentra prohibido.

Las opiniones políticas son datos sensibles y no se puede, en caso alguno, según la ley 19.628, hacer a su respecto un tratamiento, esto es recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir o transmitir.

Y resulta que las bases técnicas de la licitación realizada por el Gobierno señalaban que se identificaría el origen, vale decir su autor; la red en que se expresaron (twitter, facebook, blogs) y, más aún, que se almacenarían por a lo menos cuatro meses.

Eso no era recoger el parecer de la ciudadanía, como se quiso hacer pasar, sino que la creación de un registro de opiniones políticas, y, por tanto, era evidente que sería reparado por la Contraloría.

Algunos quisieron respaldar el monitoreo indicando que los usuarios renuncian a su privacidad al aceptar los términos de cada red social. No es así. No todo lo que se encuentra en una fuente pública puede ser usado de cualquier modo.

Plazas y parques son lugares públicos. Sin embargo, no hay derecho a grabar la conversación que allí sostienen dos personas. No cabría, en este caso, replicar, que las personas renunciaron a su privacidad al optar por el espacio público en lugar de su living.

Quien emite un comentario a través de la red deja atrás el anonimato. Probablemente, incluso su objetivo es ser escuchado por las autoridades, pero no por ello acepta que se le etiquete e incorpore en una base de datos de opiniones políticas. Este es el punto.

Terminar con este sistema constituye un triunfo de los usuarios de las redes, pero más que eso de la libertad de expresión y de nuestra democracia, en que cualquier ciudadano debe poder expresar sus ideas sin el temor de que sus reflexiones serán enlistadas.

Si el Gobierno quiere escuchar a la gente debe salir a terreno, pero no volver a los tiempos de la censura y las listas negras.

Estamos conformes con esta decisión, pero queremos saber si el Fisco tuvo que desembolsar los más de 14 millones de pesos que costaba el seguimiento y si logró aplicarse, caso en el que debe eliminarse completamente.

Esperamos que la Contraloría emita su dictamen, resuelva esos aspectos y siente un precedente definitivo sobre esta materia.