Algunos estrategas dicen que la mejor defensa es un buen ataque, ese parece ser el plan del antiguo gremialismo, aquel creado por Jaime Guzmán hace varias décadas. Ya no les preocupa justificar la dictadura de Pinochet, sino que sacudirse de las acusaciones por corrupción y/o severas violaciones a la normas de probidad que, en el último tiempo, les cubre como un tsunami incontenible. Por eso, acusan de infamia a quienes demandan que no se vuelvan a barrer bajo la alfombra delitos que implican conductas deplorables.
Particularmente, luego de las revelaciones originadas en el "caso Audios", es decir, el conocimiento público de los mensajes de WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por decisión del tribunal en que fue formalizado, viven en un estado de schock ante revelaciones que día a día les cubren de oprobio. La política resultó ser en ellos una herramienta de enriquecimiento ilegítimo, y gran parte de las veces, ilícito.
El gremialismo, que así se autodenominó en sus orígenes en la Universidad Católica, como un elenco de rectitud doctrinaria absoluta y de un antimarxismo irreductible, ahora se desnuda por su total conversión en sus propósitos, cambiaron la política por la acumulación de dinero y los programas en beneficio público por arreglos manipulados por arreglos de corto plazo.
En cuanto grupo de poder de extensas ramificaciones, ya no tiene proyecto político, salvo el imperio del dinero que han reunido en grandes cantidades debido al uso fraudulento del Estado. Lo doctrinario eran sólo palabras. El coro de una canción de Los Prisioneros les viene como anillo al dedo: "Quieren dinero... quieren dinero...", ese es el sentido de su vida.
Acumularon enorme riqueza, que surgió de la noche a la mañana gracias a privatizaciones fraudulentas, ejecutadas desde el aparato público en los años '80, acciones ilegítimas que se mantuvieron en democracia, gracias a la ausencia de regulaciones y la impotencia del Estado, las que ahora, paradójicamente, les está ahogando. De grupo escogido de funcionarios de la dictadura, el otrora "gremialismo", luego representando por la UDI, se convirtió en una asociación de operadores políticos que traspaso la frontera de la gestión pública y usó y abuso del poder adquirido para mutar a una cofradía con fines de enriquecimiento ilícito y manipulación de las decisiones de políticas públicas en beneficio de su entorno y asociados.
Este proceso es muy largo, comenzó cuando eran los niños regalones de Pinochet, quien los puso en el gabinete, los nombro alcaldes o tecnócratas que se prepararon para apropiarse del patrimonio público en el proceso de privatizaciones de la dictadura.
Entonces, aliviando la conciencia entre ellos se decían que era para "hacer caja" en supuestas luchas políticas futuras. Lo concreto es que -bajo Pinochet- se acostumbraron a hacer y deshacer. Hábitos que se traspasaron desde ese tiempo y que se reflejan en el desparpajo y la impudicia de los chats que hoy los delatan.
Los testaferros, esa es la palabra legal, que se quedaron con inmensos recursos y propiedades, muy pronto no tuvieron otro propósito que acrecentar esas fortunas mal habidas y hacer de las antiguas declaraciones de rectitud doctrinal un lejano recuerdo, simple papel mojado en sedientas manos de poder y riquezas. Mantienen el cartel de antiguos gremialistas, meramente, para gestiones en beneficio propio.
Por eso, sus jerarcas se hicieron gerentes y directores de grandes consorcios y/o juntas directivas de universidades privadas o empresas de servicios. Se dotaron de centros de investigación que son caja de resonancia de objetivos políticos que, permanentemente, defienden ganancias desproporcionadas, privilegios inaceptables y colusiones bochornosas.
Hay algunos que quieren rasgar vestiduras y se victimizan, señalan que se les imputan "falsas infamias", sin embargo, los hechos son incontrovertibles. Un poder fáctico, ávido de lucrar sin control alguno. El poder para lucrar. La realidad es que nunca fueron probos.
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