Pensión alimenticia y la intervención del Estado

La posibilidad de retirar el 10% de los fondos de las AFP dejó al descubierto un problema mayor y que afecta directamente a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

A propósito de que en el Congreso se aprobó esta norma, cientos de mujeres se agolparon en los tribunales de familia porque vieron en esta ley la posibilidad de acceder al pago de la pensión alimenticia de sus hijos, que en muchos casos involucra años de obligaciones incumplidas.

Es digno destacar que entre el 28 y el 31 de julio se ingresaron 210 mil 104 solicitudes de retención del 10% a los progenitores con deudas de pensiones.

Lo alarmante de esta situación es que un 84% de los demandados en causas de alimentos, principalmente hombres, no ha cancelado la pensión fijada por el Tribunal, lo que se ha traducido en una deuda general que bordea los 200 mil millones de pesos.

Para entender esta situación es necesario hacer una precisión para dimensionar el problema en su real magnitud. Cuando se habla de que 70 mil menores se han visto afectados por este problema se alude al promedio de los últimos 5 años; es decir el año 2015 se decretó el pago de 79 mil pensiones y 71 mil de ellas no fueron cumplidas. En 2016 se decretaron 76 mil pagos, pero 67 mil no fueron pagadas. Y así sucesivamente.

Pese a que para un 85% de los deudores se han emitido ordenes de arresto, sólo 300 cumplen con detención nocturna. Pero esto no significa que el resto haya cancelado su deuda, ya que algunos lo hacen parcialmente, otros sólo se comprometen a hacerlo y muchos ni siquiera logran ser ubicados por las policías.

Podríamos seguir revisando datos de las causas acumuladas en los tribunales, pero llegaríamos a la misma conclusión: El sistema de cobro de pensiones alimenticias es altamente ineficiente.

Lo que ha develado este grave problema es que aquí están fallando cuestiones tan particulares como el desapego y la falta de compromiso de quien debe pagar la pensión y que los procedimientos institucionales adolecen de efectividad para ubicar, perseguir y sancionar a quienes no cumplen con su obligación parental.

¿De qué sirve tener leyes que pocos respetan y menos cumplen?

Por mucho tiempo hemos entendido el tema del cuidado personal de los hijos y la pensión de alimentos como un asunto que debe ser resuelto entre particulares. Las cifras hoy, una vez más, nos demuestran que el problema es de carácter social y que requiere de la intervención del Estado para velar y proteger los derechos de los niños.

Un estudio realizado en el año 2014 por investigadores de la Universidad Católica identificó siete nudos críticos que favorecen la elusión del pago de pensiones alimenticias, entre ellos, procesos de mediación mal implementados, dificultades prácticas para notificar al padre renuente a pagar una pensión, problemas para poder determinar la capacidad económica real del deudor y dificultades para hacer efectivos los apremios personales que la ley contempla para persuadir a los deudores de alimentos.

En mayo de este año el gobierno ingresó un proyecto que busca incorporar a los deudores de pensiones alimenticias al boletín comercial con el fin de fomentar el cumplimiento de los pagos, pero -aunque desde el Ejecutivo no se cansan de afirmar que los niños están primero- la iniciativa está sin urgencia y duerme el sueño de los justos en el Congreso.

El proyecto que votamos esta semana que autoriza la retención de fondos previsionales por obligaciones alimentarias incumplidas, facilita en cierto modo el pago de la obligación por alimentos, y demuestra que es posible hacer cumplir esta norma a los progenitores que evaden la responsabilidad de mantener a sus hijos.

No obstante, sigue siendo solo una medida circunstancial que no termina de resolver el serio problema de la morosidad.

Hubiera sido más efectivo que la retención tuviera carácter obligatorio incluso sin mediar la solicitud de retiro de los fondos, sin embargo, una vez más quedó de manifiesto la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, frente a un sistema que, hasta ahora, no ha logrado siquiera conseguir que sus padres cumplan con el deber mínimo de pagar mensualmente una pensión alimenticia.

Aunque La Moneda pudo haber incorporado esta materia en la discusión del proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales, no lo hizo porque ello significaba respaldar una idea con la que no estaban de acuerdo.

Pero hoy tiene nuevamente la oportunidad de cambiar las cosas y avanzar en una reforma que se haga cargo de este grave problema. Hay que modificar la norma para que los progenitores cumplan con su obligación de pagar de manera efectiva la pensión alimenticia, pues los resquicios legales y las fallas del sistema les han permitido a muchos, y por muchos años, evadir su responsabilidad. El primer deber del Estado es asegurar el bienestar y los derechos de los niños y niñas de nuestro país.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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