En las últimas semanas la discusión sobre la reforma de pensiones ha subido de temperatura, en la medida que se marcaba el inicio del debate legislativo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, cosa que esta semana fue más que evidente con las primeras votaciones en particular del proyecto.
A través de sus diferentes plataformas de difusión, los sectores conservadores, agrupados en los partidos de derecha como RN, UDI, Evópoli, Republicanos y PDG, o en los grandes gremios empresariales como la CPC, Sofofa y los vinculados a las pymes, han desarrollado una fuerte ofensiva para construir un escenario adverso a la reforma de pensiones que propone el Gobierno, la que busca garantizar un sistema que no profite de los ingresos de las y los trabajadores, sino que garantice buenas pensiones.
Atrincherados en eslóganes engañosos como la libertad de elección, el derecho a la propiedad de los fondos de los trabajadores, las necesidades de la gente o la premisa de un Estado ineficiente, es que los grupos funcionales a las AFP se han desplegado para tensionar al gobierno y consolidar un clima adverso a la propuesta.
Por otro lado, y a consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior, el Gobierno ha buscado, tal como se publica en diferentes medios de comunicación, ciertos puntos de acuerdo que le permitan al proyecto avanzar en el trámite legislativo con acuerdos asegurados, tratando de evitar bochornos en la sala de votaciones.
Todo este escenario se gesta encapsulado en las estructuras institucionales, conversaciones que por arriba -en los pasillos del Parlamento, en las reuniones con los partidos o publicitados encuentros con las cúpulas empresariales- buscan conseguir un consenso, mas no una reforma.
Hasta ahora los puntos conflictivos de la discusión son las denominadas "normas espejo" que actualizan el Decreto Ley 3.500, que da vida al modelo de capitalización individual y que se inició la votación este martes 11 de julio con magros resultados para el gobierno, y cómo se distribuirá el 6% de cotización adicional, donde las fórmulas han pasado de un 5-1 o 4-2 para distribuir en un fondo solidario y cuenta individual, hasta un 3-3, cosa que nos dejaría en un escenario similar al propuesto por Piñera al final de su gobierno.
A pesar de ser parte elemental en esta parte de la discusión, las y los trabajadores no hemos sido considerados, más allá de los iniciales "diálogos ciudadanos" -donde se pudieron instalar temas de interés nuestro-, no vislumbrando voluntad política en profundizar las conversaciones con las organizaciones sindicales y de trabajadores en este debate. En este marco habrá que estar atento al desarrollo de la discusión legislativa, porque si ésta termina siendo peor de lo que tenemos las y los trabajadores no nos prestaremos para validar un sistema que valide nuevamente a las actuales AFP.
Esta situación es importante considerar, pues somos las y los trabajadores quienes ponemos de nuestros ingresos los recursos para que el actual y fallido sistema de pensiones siga financiando las operaciones bursátiles y de especulación que desarrollan las AFP con dineros que debieran resguardar nuestras jubilaciones. Somos las y los trabajadores quienes hemos empujado por años la demanda de reformar y transformar el fracasado modelo chileno de pensiones, que asegura liquidez a los grandes grupos económicos y pobreza para quienes han dado una vida de trabajo.
Y es aquí donde el Gobierno debe calibrar su oportunidad, dadas las actuales condiciones sociales y políticas: dialogar con los mismos de siempre, en las mismas condiciones institucionales y quizás anotarse un positivo en la lista cumplimientos gubernamentales; o abrirse a un verdadero diálogo social, con el que se puedan conseguir un amplio apoyo ciudadano a la iniciativa de poner fin a la tiranía de las AFP y la especulación financiera con los recursos de las y los trabajadores, garantizar mejores pensiones y un modelo de seguridad social.
Se debe entender que el debate de la reforma de pensiones es fundamental, no solo por las condiciones de vida de las y los jubilados, sino porque allí se anida el pilar que soporta al modelo neoliberal que rige nuestro país. Es la disputa que se encuentra en el fondo del asunto. Los conservadores lo tienen claro. Esperemos que el Gobierno no pierda la oportunidad.
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