Reformas para la participación política de mujeres

Camila Maturana

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A pocas semanas de terminar el año 2024, y habiendo tenido lugar en el país elecciones municipales y regionales en que se observan retrocesos en la participación de mujeres, senadores del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, la Unión Demócrata Independiente y el presidente de Renovación Nacional propusieron un conjunto de modificaciones al sistema electoral. Ello, con el objetivo declarado de enfrentar la creciente fragmentación de los partidos políticos y la dificultad que de ello deriva para alcanzar acuerdos en el Congreso Nacional. En días siguientes, se sumaron nuevas mociones parlamentarias reforzando la propuesta inicial. Aun cuando se trate de objetivos importantes, lo cierto es que no son los únicos problemas que explican la profunda desafección de la ciudadanía con las dirigencias políticas.

Las elecciones municipales y regionales de 2024 evidenciaron una cuestión que debiese ser motivo de preocupación para cualquier demócrata: La baja proporción de candidaturas de mujeres propuestas por los partidos políticos, y la disminución de mujeres electas en alcaldías (de 17,1% en 2021 a 16,2% en 2024), además del 100% de gobernadores regionales hombres. Sin embargo, tras la propuesta de modificaciones electorales, han sido escasas las voces que han relevado la necesidad de reformas para la participación política equilibrada de mujeres y hombres.

Para contribuir a contrarrestar las barreras partidarias y estructurales a la participación política de las mujeres, la reforma electoral de 2015 (ley 20.840) incorporó cuotas de género obligatorias para las listas de candidaturas a diputaciones y senadurías, que permitieron -como es ampliamente conocido- que en la elección de 2017 las diputadas aumentaran de 15,8% a 22,6%, y, a 35,5% en la elección de 2021, mientras en el Senado se eligiera 26,1% de mujeres en 2017 y 22,2% en 2021. No obstante, se trata de una medida transitoria, prevista únicamente hasta la elección parlamentaria de 2029.

En tanto, a partir de 2018 se debatió una moción que incorporaba cuotas de género a las elecciones municipales y regionales. La iniciativa fue aprobada en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre de 2019, y en el Senado, la sala la aprobó en noviembre de 2020 quedando posteriormente estancada y no se volvió a debatir.

Además, es conocido que en los dos procesos constituyentes que tuvieron lugar en 2021 y en 2023 se adoptaron mecanismos que permitieron asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres, no solo en las candidaturas, sino también en los resultados, siendo la paridad política una de las temáticas abordadas en ambas propuestas constitucionales.

Sin embargo, en el proceso electoral de 2024, los partidos desconocieron del todo el debate previo y solo incluyeron en minoría a mujeres candidatas en las listas municipales y regionales, con los resultados conocidos. Queda en evidencia entonces que, en ausencia de reglas mínimas para la participación política de mujeres, su omisión es posible y ajustada a la legalidad vigente. Es precisamente eso lo que debiera ser una preocupación para los y las demócratas en el país, que la ausencia de mujeres en la competencia y resultados electorales resulte admisible y legal. De ahí la urgencia de reformas que aseguren la participación de mujeres y hombres en todos los procesos electorales que tengan lugar en el país.

Más allá de la relevancia que puedan tener las propuestas parlamentarias para modificar algunas reglas del sistema electoral en relación al número y primacía de los partidos políticos vigentes, cabe la pregunta legítima sobre lo que constituye o define el sentido profundo de la democracia. Hasta ahora las reglas no han permitido la participación política equilibrada de mujeres y hombres, y ya viene siendo tiempo que el debate se enfoque en las medidas necesarias para que la mitad de la población, las mujeres, participen en igualdad de condiciones en cargos de toma de decisión.