RUF: la ley del gatillo con certificado de derechos humanos
En el Chile del Bicentenario neoliberal ya no basta con reprimir: hay que legislar la represión, dotarla de lenguaje técnico, ropaje jurídico y hasta una pátina de derechos humanos. El proyecto de ley que establece las llamadas Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) no es una excepción, sino una culminación de la doctrina del orden como fetiche de la gobernabilidad, consagrada con entusiasmo por la clase política post-estallido. La paz social, según esta receta, se consigue a tiros, pero con formulario.
El mensaje gubernamental es claro: se busca una ley "coherente con los estándares internacionales" y "alineada con los derechos fundamentales". Pero tras la fachada normativa se esconde un aparato ambiguo, discrecional y orientado a blindar a las Fuerzas Armadas y de Orden, no a proteger a la población. Basta con revisar algunos puntos neurálgicos del articulado para constatar que este proyecto no busca regular el uso de la fuerza, sino facilitar su impunidad.
Por ejemplo, el artículo 19 establece que si un funcionario actúa "en cumplimiento de la ley", se presume su inocencia penal, y la carga de la prueba recae en las víctimas o el Ministerio Público. En otras palabras, se legisla la doctrina de la presunción de legalidad del agente estatal armado. Si esto no es la institucionalización del gatillo fácil con respaldo jurídico, ¿qué es? Peor aún, el artículo 23 permite que las mismas policías y Fuerzas Armadas actúen como peritos en investigaciones sobre su propio uso de la fuerza. Esto ya no es solo un conflicto de interés: es una legalización de la autoinvestigación, fórmula que históricamente ha servido para garantizar montajes, pactos de silencio, manipulación probatoria y absoluciones garantizadas. ¿Dónde queda entonces la rendición de cuentas?
El proyecto, además, omite principios básicos del derecho internacional, como el de proporcionalidad, sustituyéndolo por una noción elástica de "racionalidad", que permite escalar la violencia según el "objetivo encomendado", un concepto jurídicamente vacío. En este contexto, cualquier agresión estatal puede justificarse en nombre de un mandato que nadie fiscaliza. No es casual: se legisla para permitir, no para limitar.
La responsabilidad del mando -clave para desmantelar la cultura de las órdenes impunes- es tratada con guante blanco. Se reconoce apenas de forma residual, y se deja su aplicación "a futuras leyes". En una fuerza policial jerárquica, donde nada se mueve sin instrucciones, la impunidad de mandos medios y superiores es garantía de continuidad represiva, como ya lo demostró el estallido social de 2019.
Desde una lectura marxista, este proyecto representa la función clásica del Estado burgués: la defensa del orden de propiedad y acumulación, por los medios que sean necesarios. Como señalaran Marx y Engels en El Manifiesto Comunista, "el poder del Estado moderno no es más que un comité para administrar los asuntos comunes de la burguesía". Este "comité" legisla hoy con urgencia una normativa que consolide la militarización del orden público y la criminalización de la protesta social y los reclamos ancestrales de los pueblos originarios.
Las llamadas RUF no son una respuesta al uso ilegítimo de la fuerza. Son una forma de regular la violencia estatal para hacerla legal, ordenada, gestionable y, sobre todo, legitimada. Y lo hacen en un contexto donde los sectores populares, indígenas y marginados siguen siendo los cuerpos disponibles para la pedagogía de la bala.
El progresismo institucional, que votó en bloque este proyecto en la Cámara Baja, parece no haber aprendido nada del 18 de octubre. El Estado no necesita más "certeza jurídica" para disparar: lo ha hecho siempre, con o sin ley. Lo que necesita el pueblo es certeza de que el aparato represivo no puede seguir operando con cheques en blanco firmados desde el Congreso. Si la comisión mixta no corrige este engendro jurídico, estaremos ante una victoria legislativa del Estado policial con rostro garantista. Y una vez más, serán los pobres, los jóvenes, los mapuche, las mujeres y los que luchan quienes pagarán el precio.
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