Soy provida y este proyecto me avergüenza
El proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en materia de interrupción del embarazo, conocido como "Escucha su corazón", es cruel e inaceptable. No lo dice un partidario del aborto, sino quien ha defendido en aulas, tribunales y columnas como esta que toda vida humana merece protección, incluida la del que está por nacer.
Recordemos a quiénes alcanza: a la mujer cuya vida corre peligro; a la que gesta un hijo que no sobrevivirá fuera del vientre; y a la mujer o niña -sí, una niña- embarazada producto de una violación: el catálogo más concentrado de vulnerabilidad extrema que conoce nuestro derecho.
A esas mujeres el proyecto les impone un peaje: antes de que manifiesten su voluntad, el médico deberá ofrecerles escuchar los latidos del embrión o feto. Y agrega que la mujer "podrá declinar libremente este ofrecimiento, con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica". Revíselo. La libertad de negarse existe, pero ejercerla se castiga con la pérdida de la prestación. Eso no es una pregunta; es un ultimátum disfrazado de pregunta.
En concreto: una adolescente de 15 años, violada, deberá escuchar el corazón del embarazo que le impuso su agresor, como condición para acceder a lo que la ley le reconoce. Una madre que sabe que su hijo no vivirá deberá oír los latidos del niño que va a enterrar. Una embarazada con riesgo vital, lo mismo: y si se niega, el texto ordena al médico negarse a salvarla. No hay manera piadosa de entender esto. Es, en el sentido preciso de la palabra, crueldad: infligir sufrimiento innecesario a quien no puede defenderse, desde la fuerza del Estado.
Los autores invocan el consentimiento informado, pero la Ley de Derechos y Deberes del Paciente lo consagra como un derecho del paciente, no una carga estatal para habilitar una prestación. Convertir el derecho a ser informada en el deber de ser expuesta no refuerza la autonomía: la vacía. Hasta las leyes estadounidenses citadas como modelo permiten rechazar la ecografía o los latidos sin perder el acceso: el proyecto chileno va más allá que Texas.
Sus firmantes tampoco advirtieron que, hace dos años, este mismo Congreso aprobó la Ley 21.675, que define como violencia gineco-obstétrica todo maltrato psicológico y toda negación injustificada de atención en salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. El proyecto borra con el codo lo que otra ley vigente califica como violencia contra la mujer.
Más que técnica, mi objeción es moral, y va dirigida a quienes defendemos la causa de la vida. A la mujer vulnerable se la acompaña, no se la acorrala: salas cuna, adopción expedita, persecución implacable del violador. La coacción y el sufrimiento la traicionan: proclaman la dignidad del que está por nacer pisoteando la de la persona ya nacida. Ninguna cultura de la vida se construye sobre el padecimiento deliberado de una niña violada.
Este proyecto no merece nuestro apoyo sino nuestro rechazo, precisamente porque defendemos la vida y la dignidad humana.