Sueldos académicos y su moralidad

Una dama con sueldo de 17 millones de pesos al mes en una universidad privada escandaliza la moral académica salarial. El promedio mensual bruto de las universidades chilenas -con énfasis en las estatales- está entre 3 millones y 8 millones, para la mínima y máxima jerarquía académica. Los informantes universales dan cifras muy por debajo de estas. Los profesionales con iguales títulos que los académicos (médicos, odontólogos, ingenieros, etc.) ganan 2, 3 10 y hasta 50 veces más, ¿por qué en proporción estos profesionales académicos ganan mucho menos que sus pares profesionales cuando debería ser al revés? El centro de la causa es la liquidación por parte de la dictadura cívico-militar de la academia y de las universidades académicas por la Constitución y las leyes constitucionales de educación.

Las universidades estatales eran en 1980 fundamentalmente la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Con cerca del 40% de la matrícula de un total de los 110.000 estudiantes que albergaban 8 universidades, con 6 universidades privadas de las cuales 3 eran católicas. Los activistas económicos neoliberales captaron que el parque educacional debía crecer enormemente, pero incrementando la matrícula privada. La expansión del Estado dada la educación gratuita era una herejía para los neoliberales. Como tenían la sartén por el mango (Pinochet), el gobierno militar de su ideología y que dictaba leyes sin ningún contrapeso debía emitir una ley que redujera (destruyera) la presencia e importancia de las universidades estatales. La academia (a nivel ciudad o país) sólo puede ser financiada por el Estado o por mecenas extremadamente ricos. El ocio, el pensar sin aplicación inmediata con rédito económico, la búsqueda de la verdad, la bondad, y la belleza si bien no es caro (solo el sustento del que lo hace y los implementos que necesita) que se da en la filosofía en la ciencia y en el arte. Se agregó con el tiempo la técnica, y el ejercicio profesional que inicialmente no eran universitario.

Al momento de la reforma del '68 se tenía en las universidades chilenas cuerpos académicos, cuerpos académico-técnico-profesionales, técnicos y técnico-profesionales que trabajaban en la universidad y satisfacían las necesidades universitarias y académicas del país. Para el pensamiento neoliberal que pretende la optimización de la ganancia económica, estas universidades estaban obsoletas o no cumplían con ese objetivo. Había que transformar estos cuerpos de ocio en cuerpos donde no solo no predominara el ocio, sino que donde se instalara el negocio y el ocio fuera proscrito de la academia. La guagua se perdió con el agua sucia. Un obstáculo mayor lo constituían las universidades estatales que eran organismos de Estado autónomos y por lo tanto financiados casi íntegramente, porque eran propiedad del país (de todos los chilenos) y programaban y realizaban su desarrollo autónomamente, prescindiendo de los gobiernos de turno.

Presentaban presupuestos y el Estado determinaba hasta dónde esos presupuestos eran financiados. Esto era imposible de aceptar para el neoliberalismo, en que una empresa autónoma del Estado (no dependiente del gobierno) como las universidades o Codelco (de esa época), Endesa y todas las de servicio estatales no podían existir porque violaban el principio básico de libertad y competencia no privilegiada por el Estado (nótese el círculo vicioso del argumento). Nunca respondieron al argumento que si el Estado (como sucedía en ese tiempo) podía ofrecer un servicio de alta calidad, al más bajo precio, con una distribución equitativa, con cobertura universal, sin discriminación de ninguna especie, para que reemplazarlo por una empresa privada que no daba así esos servicios y no podía competir con el Estado. El plan de destrucción fue criminal. Se redujo el presupuesto poco a poco sacando actividades y reduciendo las plantas aun matando, exonerando, exiliando y cortando el presupuesto de actividad.

Con la ley de Universidades del '81 y la LOCE del '90 se redujo a la mitad el dinero estatal para las universidades del Estado a como diera lugar. Desafortunadamente, entre 1980 a 1985 hubo una depresión universal y el salario universitario quedó con poder adquisitivo de 15% al recibido en 1980. La situación académica era insostenible, lo que aprovechó el sistema para transformarla desde universidades estatales en universidades públicas financiadas por un negocio de servicios, docentes, extensionales (vinculación con el medio), convenios con empresas, y otros. La transformación de la universidad académica en un negocio profesional. Esto no podía suceder en una academia que seguía conservando por su estructura el cultivo de la búsqueda de la verdad, bondad y beldad que debía ser financiado. La dictadura dio su artera puñalada para enterrar la academia declarándola no universitaria. La ley del '81 y la LOCE sacan de la universidad a las facultades de Filosofía, Ciencias y Artes, y a las carreras que en sí mismas no pueden implicar negocio, como ética y moral, antropología, sociología, humanidades, filosofía, ciencias, artes, etc. Un cuadro neoliberal fantástico. Fíjese usted que, en Chile la filosofía, las ciencias, las artes no pueden ser universidad por sí mismas. Esto es obvio estas facultades debería financiarlas íntegramente el Estado lo que le daría al Estado un poder enorme situación prohibida por y para el neoliberalismo.

Todavía quedaba un hueso muy duro de roer y era la condición por la cual se es académico y se garantiza la excelencia académica o crédito de una universidad. Es el crédito de sus académicos dado por la evaluación académica y la calificación académica que permiten una carrera académica competitiva internacionalmente. De esta carrera académica se genera el escalafón académico que fundamenta los salarios de los académicos. La dictadura cívico-militar y grupos de académicos no quisieron nunca una carrera académica y un escalafón a nivel nacional con universidades autónomas completamente. Para la primera constituiría un poder imposible de contrarrestar al ver el peso en la opinión pública y en el quehacer nacional. Para los segundos era una condición que no les permitiría escalar con armas no académicas.

La ley del '81 y la LOCE autorizan por ley, que es constitucional, que una vez reconocida una universidad como autónoma por ley (no por academia) puede instalar las facultades que desee y puede pagar los salarios que quiera con tal que esto sea solventado económicamente y por su gestión independiente de la fuente de origen de esos dineros (crimen ético). Se dice que las universidades son sin fines de lucro, pero nadie entiende qué es el lucro; la prohibición no llega a los salarios. Esto se acaba con la carrera y escalafón académicos transparentes y públicos. Me pidieron en una universidad que fijara las normas éticas de los convenios con empresas. Dije, entre otras condiciones, que no podía ser con empresas que pagaran sueldos bajos o al menos el salario mínimo, no hubiesen participado en colusiones, sobornos, coimas, comportamientos no probos ni transparentes de sus integrantes, salarios diferentes según género y otras virtudes mínimas: resultado, esa fue la única vez que me invitaron.

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