Tecnocracia y urgencia ciudadana

Un tema que ha suscitado diversos debates durante este año, en el contexto de las medidas de confinamiento, restricciones o cuarentena debido a la pandemia del Covid-19 ha sido, sin duda, el del retiro de fondos desde las AFPs.

Cuando se planteó el primer retiro se habló de populismo y demagogia y se recurrió, especialmente por parte del gobierno y sus parlamentarios, a la clásica fórmula de la descalificación de quienes apoyaban esta medida. Pero a medida que se avanzó en la discusión, una gran mayoría entendió que no se trataba de un tema sobre los equilibrios macroeconómicos, sino simplemente de permitirle a la gente resolver sus problemas más acuciantes, haciendo uso de sus propios ahorros en los fondos de pensiones.

El Ejecutivo insistió en tratar este tema como técnico y económico, cuando era fundamentalmente social y humano. Peor aún, no se hizo nunca cargo de que si hasta sus propios parlamentarios apoyaban el retiro del primer 10%, no era porque votaban con la izquierda, como ha sugerido recientemente la presidenta del gremialismo, sino simplemente porque sus propios electores así se los demandaban. Simplemente calle, no ideología.

Y pese a que desde el gobierno se ha insistido con el pauteo sobre una gran red de apoyo social, la verdad es que para una gran mayoría de chilenos, esa red no es una realidad. Ni el IFE, ni el bono Covid, ni algunos préstamos, han sido una solución para quienes viven de su trabajo y que, además, en muchos casos, durante los primeros meses estuvieron sujetos al sistema de suspensión temporal de contratos, sosteniendo sus hogares con cargo a su fondo de cesantía, bajo la promesa de no perder su vínculo laboral.

Por lo demás, el diseño de apoyo social en que insiste el oficialismo, también consideró la distribución de cajas de productos alimenticios cuyos criterios de distribución y logística fueron cuestionados por los eventuales beneficiarios que nunca las recibieron, los que las recibieron y no las necesitaban y, peor aún, por quienes terminaron denunciando irregularidades en la contratación de empresas para su elaboración y entrega.

Y ahora, de cara al segundo retiro del 10%, nuevamente nos encontramos enfrascados en una discusión con el Ejecutivo que, a través del ministro de Hacienda, vuelve a insistir con sus dudas de constitucionalidad y hace gala de su creatividad, impulsando a través de sus parlamentarios diversas indicaciones que solo buscan limitar y evitar que dicho retiro sea universal. Para ello no se ha dudado en levantar tesis como que si los que tenían menos fondos ahorrados en sus cuentas ya sacaron todo, este retiro solo beneficiaría a los que más ganan.

Y aunque quizás en su concepción este argumento técnico-estadístico tenía números en que apoyarse, la verdad es que nuevamente evidenció la falta de sensibilidad social de parte del gobierno y sus tecnócratas: porque no consideró que aunque efectivamente habrá muchas chilenas y chilenos que no han perdido su trabajo y siguen recibiendo un salario, como los empleados públicos - que el ministro Briones utiliza como caballito de batalla - la verdad es que ellos han debido convertirse en un soporte para muchos hijos, padres, hermanos u otros familiares que sí quedaron sin trabajo, que están enfermos, que no les alcanza para pagar dividendos o mensualidades estudiantiles, o que por ser receptores de las pensiones paupérrimas que defiende el ministro, no tienen como sostenerse por sus propios medios. La vieja solidaridad intrafamiliar tan característica de nuestro país.

Entonces, la situación es cada vez más clara. Mientras el gobierno y Hacienda se esmeran en construir argumentos y cortapisas para bloquear el segundo retiro, cada vez es más evidente la necesidad humana de atender a quienes no tienen a que echar mano para seguir sobreviviendo, especialmente en aquellas regiones que llevan meses en cuarentena o en aquellas con restricciones que tienen al pequeño y mediano comercio sin actividad, que tienen a los trabajadores y trabajadoras del rubro salones de belleza o a los pequeños transportistas sin acceso a beneficios.

No es menor recordar que el primer retiro, fue de casi 16.800 millones de dólares, desde los saldos acumulados por los trabajadores en sus cuentas individuales, sumado al uso obligado de los fondos existentes en el fondo del seguro de cesantía. Ello revela como han sido las propias personas las que han debido asumir los costos de la crisis. El gobierno, más allá de haber hecho un compromiso de hasta 12 mil millones de dólares, hasta ahora ha utilizado, según cifras oficiales, alrededor de 7 mil millones. Por eso, no tenemos dudas de que el segundo 10% se aprobará, con una votación tan alta que nuevamente la posibilidad de recurrir al TC quedará descartada.

 

Porque a estas alturas, ya no sirven argumentos macroeconómicos para tratar de derribar una situación que se vive cotidianamente en lo microsocial. Porque lo que este gobierno no quiere ver y asumir, es que le tocó enfrentar el momento histórico donde el sistema de ahorro forzoso que son las AFPs hace agua por todos lados.

Porque no solo la gente prefiere echarle a mano a sus ahorros para salir adelante, sino porque está más que probado que las AFPs son un buen instrumento de inversión financiera - de hecho para eso se inventaron - pero no son capaces de entregar pensiones mínimamente dignas a quienes terminan una más que larga vida de trabajo y hay consenso en la necesidad de reemplazarlas por un verdadero sistema de protección social.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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