¿Sorprende que la administración de Maximiliano Luksic en Huechuraba haya impulsado la creación de una corporación municipal? Tal vez por la rapidez con que se concretó, pero no por la intención. La propuesta ya estaba en su programa de gobierno local -aunque apenas con 50 palabras-. Lo verdaderamente escandaloso es la forma en que se materializó: sin informar a la comunidad y con el respaldo de apenas 3 de los 8 concejales en ejercicio, lo que desató indignación.
La iniciativa busca instalar una Corporación Municipal de Deporte, Cultura y Fomento, con la promesa de ampliar la gestión en estas áreas. Como señaló el propio edil, se trataría de "dar un modelo de negocio" a infraestructura municipal que, solo significan un costo para el municipio; y el alcalde insiste en que esta nueva corporación no implica privatización.
Sin embargo, la misma presentación de la propuesta habla de arriendo de recintos, venta de entrada de actividades y posibles concesiones, lo cual restringe por distintas vías el uso de lo que hoy es público, tal como informó el medio local El Pincoyazo(1).
En otras palabras, sí estamos frente a un proceso de privatización. Más aún si recordamos que las corporaciones municipales son entidades de derecho privado, creadas en la década de 1980, durante la dictadura militar, bajo el marco de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (Ley 18.695). Estas entidades, reguladas por el Código Civil, gozan de autonomía jurídica y patrimonio propio, operando con una lógica de empresa privada, distinta a la de los municipios.
La experiencia reciente en otras comunas obliga a la cautela: lo que en el papel parece una herramienta de progreso, en la práctica se convierte muchas veces en un espacio de opacidad, discrecionalidad y privatización encubierta. Funcionan como brazos paralelos de las alcaldías, esquivan la decisión democrática de los concejos municipales, concentran poder y abren espacio a la corrupción. La evidencia es clara: lo que se presenta como un mecanismo para fortalecer el desarrollo local, termina siendo un vehículo para el desvío de recursos, el clientelismo y el favoritismo político.
¿Un déjà vu en la administración Luksic?
Lo ocurrido no es nuevo en Huechuraba. Apenas iniciada su gestión, el propio Maximiliano Luksic destinó cerca de $1.000 millones a la Asociación de Municipios por la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO). En palabras de Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, estas entidades suelen funcionar como verdaderas "cajas pagadoras de favores y sobresueldos", precisamente porque operan con menor control municipal y mayor opacidad.
En Huechuraba, la preocupación es concreta. La nueva corporación podría concesionar bienes municipales -como el Planetario, el Café Literario o el Complejo Deportivo Raúl Inostroza, más conocido como Siete Canchas- sin garantías de fiscalización ni control ciudadano. En lugar de fortalecer lo público, se abre la puerta a la privatización de espacios comunitarios que deberían pertenecer y servir a todos los vecinos.
La forma importa, y mucho. Lo que tensiona a la comunidad no es solo el fondo de la medida, sino también su forma: una aprobación sin consulta ciudadana, sin diálogo con los trabajadores y con un quórum mínimo en el concejo municipal, donde solo tres de ocho concejales dieron su aprobación en una sesión que apenas alcanzó el quórum luego de dos empates ocurridos en la sesión anterior. Una decisión de alto impacto tomada de espaldas a la comunidad que se supone debe beneficiar.
Una corporación municipal debería estar al servicio de la ciudadanía, con reglas claras de transparencia y fiscalización efectiva. En Huechuraba -como lo demuestra la historia reciente en otros municipios- es vital no repetir los mismos errores. Si la forma en que se aprueba genera desconfianza, el fondo nunca logrará legitimarse.
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