La reciente muerte de Hugo Morales, trabajador de mantención en La Moneda, tras 18 horas de jornada laboral, evidencia una realidad alarmante de explotación que enfrentan las y los trabajadores en Chile. Este caso no es aislado; refleja un sistema de abuso laboral que se ha normalizado y que necesita una transformación profunda y cultural. Morales es solo una muestra de un problema que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras en el país, quienes son forzados a acumular horas extras, debido a salarios insuficientes. Esta práctica vulnera no solo la ley, sino también la dignidad humana.
El caso de Hugo Morales expone, además, un sistema que obliga a las y los trabajadores a recurrir a horas extras, más allá de lo legal y saludable, para complementar sus bajos salarios. En La Moneda, lugar donde deberían prevalecer los principios de trabajo decente, la gestión de la directora administrativa, Antonia Rozas, ha permitido prácticas contrarias a los derechos laborales básicos. Rozas, quien es responsable de la administración del personal en el Palacio de Gobierno, no solo ha desatendido las demandas de condiciones dignas y seguras, sino que ha perpetuado una cultura laboral de abuso, maltrato y sobrecarga de trabajo.
Los principios del trabajo decente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son claros: Oportunidades de empleo que permitan un ingreso justo, condiciones de trabajo seguras y saludables, estabilidad y seguridad en el empleo, y un equilibrio entre la vida personal y laboral. Pero, en lugar de cumplir estos principios, el sistema laboral chileno ha normalizado una precarización que es incompatible con la dignidad y el bienestar de las y los trabajadores. Cuando las horas extras, sobre lo legal, se vuelven una norma, en lugar de una excepción, estamos frente a un problema de fondo que debe cambiar. Las necesidades de producción y la falta de mano de obra se están transformando en sobrecarga laboral.
Como sociedad, debemos asumir que el trabajo decente no es una aspiración lejana, sino una responsabilidad ética y legal. El Gobierno, que se ha comprometido públicamente a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y a promover condiciones de trabajo dignas, debe liderar con el ejemplo, lo cual no ha hecho hasta ahora. No podemos tolerar que, el Estado y en el propio Palacio de La Moneda, se perpetúe una explotación sistemática que vulnera los derechos laborales. Por eso desde la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile hemos pedido la salida de Antonia Rozas, por contravenir la normativa legal y por no actuar con responsabilidad y diligencia a lo que refiere su cargo. Esto no es solo un acto de responsabilidad ante los fallos de gestión, sino también una oportunidad de mostrar un compromiso real con los derechos de las y los trabajadores.
La transformación cultural que exigimos desde la CUT no se limita a cambios administrativos o de procedimiento; es, ante todo, una reivindicación de la dignidad y derechos laborales. Para construir un Chile justo, necesitamos erradicar la idea que las y los trabajadores deben sacrificar su salud y tiempo familiar para conseguir un salario suficiente. Por eso desde la CUT instamos al Gobierno a tomar acciones concretas para transformar la cultura laboral y cumplir con los principios de la OIT.
Es el momento de reconocer y tomar conciencia del daño que implica presupuestar horas extras como complemento salarial. Una realidad país normalizada, una práctica donde el empleador, conscientemente abusa de la necesidad de las y los trabajadores, en pro de aumentar su producción, vulnerando derechos laborales y perpetuando la lógica patronal de la época de Recabarren. Es necesario establecer un cambio profundo y estructural que nos permita crecer como sociedad, fundamentado en las garantías, el respeto y la protección de los derechos de todas y todos, construyendo un país sin excepciones.
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