Convivencia escolar: nos quedamos cortos

Constanza Lara Ochoa

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Uno de los proyectos que aún sigue en discusión en el Congreso es el de convivencia escolar. Fue presentado en junio de 2024 por el Gobierno y, luego de una extensa tramitación, ha vuelto a la Cámara de Diputados tras ser votado en el Senado. Lamentablemente, y como ha ocurrido en otras ocasiones, el nombre se queda corto: la normativa que se pretende implementar está lejos de ser una solución efectiva para las comunidades educativas.

En este contexto, diversos actores han advertido sobre los problemas del proyecto, entre ellos, la falta de recursos para contratar profesionales capacitados; la excesiva carga administrativa que implica, al imponer más burocracia a instituciones ya sobreexigidas; y la rigidez normativa que genera, al definir por ley una serie de elementos que debieran quedar entregados a la autonomía de los establecimientos. A ello se suma que vulnera la libertad de enseñanza, al inmiscuirse en la administración de los proyectos educativos, estableciendo, por ejemplo, la creación obligatoria de consejos escolares en todos los establecimientos del país y la exigencia de un plan de gestión cuyo contenido es definido por el Ministerio de Educación.

Uno de los aspectos sobre el que resulta imprescindible profundizar es la excesiva burocracia y rigidez normativa. Los colegios en Chile ya se encuentran sujetos a una regulación extensa y compleja. Ello podría justificarse si dicha regulación fuera una herramienta que permitiera a los sostenedores desarrollar proyectos educativos de calidad en beneficio del país. Sin embargo, la normativa vigente se ha transformado en un verdadero pantano de desincentivos que no aporta a la calidad del servicio educativo y termina perjudicando el futuro de miles de niños y jóvenes.

Un ejemplo claro de ello es la Ley de Inclusión, que, bajo el eslogan del fin al financiamiento compartido, la selección y el lucro, se ha convertido en una importante piedra de tope para el desarrollo del sistema educativo. Un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales que analiza los efectos de esta reforma concluye que no logró reducir la segmentación del sistema ni mejorar significativamente la calidad de la educación. Dentro de los principales hallazgos, se encuentra que la política estuvo excesivamente centrada en aspectos institucionales y normativos, e identificó serias deficiencias en la implementación de la reforma, tales como la sobrecarga administrativa de los establecimientos, la falta de apoyo efectivo en la gestión educativa, y las dificultades de adaptación por parte de sostenedores y equipos directivos frente a las nuevas normativas.

Este error se pretende repetir con el proyecto de convivencia escolar. Mientras que lo que se requiere es mayor financiamiento, medidas que fortalezcan la capacidad de gestión, el liderazgo directivo y la autoridad docente, entre otros factores clave, la iniciativa avanza en la dirección contraria: más regulación, mayor rigidez y menos recursos.

Está claro que no existe una fórmula única para resolver los problemas de convivencia escolar. Y ese es, precisamente, el punto. Liberar a los establecimientos del excesivo trabajo administrativo, transmitir una señal de confianza desde el Estado hacia el trabajo que realizan las comunidades educativas y entregar flexibilidad real -no meramente declarativa- para que cada colegio pueda gestionar su quehacer educativo son, en definitiva, elementos esenciales si queremos avanzar.