PAES y educación pública: un debate que exige rigor

Alejandra Placencia Cabello

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Cada vez que se publican los resultados de la PAES reaparecen titulares centrados en rankings de colegios, diagnósticos de "fracaso" y críticas casi automáticas a la educación pública y a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Ese enfoque, ampliamente difundido por medios y sectores políticos que menosprecian lo público, no ayuda a comprender lo que realmente está en juego y termina empobreciendo el debate educativo.

Partamos por lo esencial: la PAES no mide la calidad de los colegios. No fue diseñada para eso. Es una prueba de admisión a la educación superior que ordena postulaciones, no evalúa el desempeño de los establecimientos. Usarla como ranking, sin considerar el contexto social y educativo de los y las estudiantes, conduce a conclusiones erradas.

Lo que la PAES sí hace es visibilizar desigualdades que se arrastran a lo largo de toda la trayectoria escolar. No crea la brecha: la muestra, al igual como antes lo hacían la PAA, la PSU y la PDT.

Los datos de los últimos procesos de admisión confirman brechas persistentes entre estudiantes de colegios particulares pagados y quienes provienen de la educación pública y particular subvencionada. Independientemente de los instrumentos, el patrón se mantiene: el origen socioeconómico sigue siendo decisivo en los resultados de admisión a la educación superior.

Pero hay elementos que sí han cambiado y que suelen quedar fuera del análisis. En el proceso de admisión 2026, 75% de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo que rindieron la prueba provino de la educación pública. Además, ha crecido el número de jóvenes vulnerables que logra ubicarse en tramos de puntaje que les permiten acceder a la educación superior, cruzando umbrales que históricamente les estaban vedados.

Aquí es clave el rol de los mecanismos de equidad en el acceso. El reconocimiento de la trayectoria escolar, el ranking de notas y los programas de acceso inclusivo no resuelven por sí solos la desigualdad estructural del sistema educativo, pero cumplen una función básica de justicia: reconocer talento allí donde las condiciones de origen son desventajosas. Son decisiones políticas que van en la dirección correcta.

En ese mismo marco deben observarse los avances y desafíos de los SLEP, como parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer la educación pública. El debate de fondo no es si la PAES "castiga" a lo público, sino cómo logramos que la calidad educativa deje de ser una excepción y pase a ser un estándar. Para eso se requiere más apoyo y financiamiento a la educación pública, más rigurosidad y menos alarmismo al leer los datos.