Un nuevo 5 de octubre y la necesidad del cambio en Chile
A menos de un mes del Plebiscito en que debe ganar la opción APRUEBO para avanzar a una nueva Constitución, nacida en democracia, se conmemora la proeza del 5 de Octubre de 1988, que derrotó en una jornada ciudadana masiva y unitaria, a través del ejercicio de la voluntad popular, el plan de perpetuación institucional que Pinochet había diseñado para eternizar su mandato de terrorismo de Estado y penurias para la gran mayoría del país. Son dos sucesos históricos para Chile.
El triunfo del NO demostró que ante la unidad social y política del pueblo los dictadores como Pinochet son derrotados, y que por muy poderosas que sean sus maquinarias de dominación la voluntad soberana de la ciudadanía es más fuerte.
No obstante, una victoria democrática de ese carácter y envergadura no es casual, exige esfuerzo y sacrificio, tener la capacidad de concentrarse en lo principal, derrotar a las fuerzas autoritarias y dejar de lado pequeñeces y conductas mezquinas, hay que mantener firme y sin vacilaciones la voluntad política y la labor organizativa de la lucha libertaria porque cada avance conquistado es un logro que se construye, no es fortuito ni espontáneo.
En suma, el triunfo del NO fue una victoria histórica del pueblo unido. Derrotar una cruel y corrupta dictadura de ultraderecha requiere una decisión moral y política capaz de vencer la dispersión que genera un protagonismo estéril creando unidad y organización para doblegar la intervención de los aparatos de coerción, manipulación y sometimiento de la población.
Esa ardua brega unitaria, social y política, a la postre, también podrá impedir que se perpetúe la institucionalidad que los incondicionales servidores de los sátrapas levantan, reprimiendo y traicionando principios fundamentales de la civilización humana como el respeto a los Derechos Humanos y a la dignidad inalienable de la persona humana.
En definitiva, no hay dictadura que pueda suprimir el anhelo de alcanzar la libertad, la justicia y la democracia. Al respecto, el 50 Aniversario de la elección presidencial de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, y luego la fecha terrible del 11 de septiembre de 1973, en que se consumó el putsch militar que destruyó la democracia, han revalorizado en amplios sectores el carácter democrático y transformador del gobierno popular y la condena de la dictadura terrorista de ultraderecha, dogmática e implacable en el control del Estado y del gobierno.
La conjura golpista de la ultraderecha usó y estimuló la irrefrenable confrontación de las fuerzas democráticas durante la crisis política de 1973, tampoco hubo acuerdos políticos en un largo tramo de la lucha contra la dictadura a pesar de la implacable represión y de la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos, recién a semanas del Plebiscito del 5 de octubre, hubo entendimiento de todas las fuerzas en la campaña del NO y Pinochet mordió el polvo de la derrota.
Luego, en años cercanos, la ausencia de unidad permitió que ganara Piñera y se concentró el poder político y económico en un solo centro: el gobernante. Aunque sea increíble sigue la falta de madurez y ahora tampoco hay unidad. El efecto institucional es deplorable, la derecha siendo clara minoría ganó dos veces la Presidencia de la República y durante 30 años desde restaurado el gobierno civil retuvo más de un tercio del Parlamento, así alargó el Estado subsidiario y pudo impedir las reformas que la desigualdad hacía imperioso realizar en tiempos políticos, oportunos y eficaces.
Esta situación aberrante en que la minoría de derecha y ultraderecha impuso su voluntad de perpetuar el Estado subsidiario causó primero desencanto en amplios sectores sociales, debilitándose el proceso de cambios democráticos por el alejamiento de la ciudadanía que fue transformándose en desafección hasta convertirse en descrédito de la política democrática por la incapacidad de dar respuesta a la desigualdad y a los abusos imperantes. Asimismo, de nuevo hay división y tendrá un impacto incalculable.
Esta deformidad estructural del sistema político en que prevalece en cuestiones fundamentales la voluntad de la minoría, perpetuó la Constitución de 1980 y socavó pilares fundamentales de la legitimidad democrática. Así continuó el mismo y duro pinochetismo civil de la dictadura maniobrando, engañando, haciendo mil y una jugarretas para seguir mangoneando en las decisiones sobre la marcha del país.
En suma, inmediatamente después del golpe de Estado en 1973 fue el revanchismo oligárquico el que arrasó con las conquistas sociales, luego, consolidada la dictadura fue instalado cruentamente el modelo neoliberal, y más tarde, en la transición se ha vivido una democracia limitada por un Estado mínimo y la voracidad de una minoría ávida de riqueza e insensible ante la injusticia que abuso usando en su favor los enclaves autoritarios del sistema institucional lo que llevó finalmente al “estallido social” del 18 de octubre pasado.
En esta transición interminable parte de las fuerzas de centroizquierda e izquierda, bloqueadas por los enclaves autoritarios, cayeron en el pesimismo o el conformismo ante la estrategia de resistencia a largo plazo de las fuerzas autoritarias, aún más, se debe reconocer que criterios tecnocraticos mermaron la capacidad de acción de las fuerzas populares, afectando y limitando la voluntad de transformación de la realidad social del país.
En concreto, se instaló un escenario en que creció la capacidad productiva de la economía y los consorcios exportadores obtuvieron ganancias como nunca, pero, al mismo tiempo, creció la desigualdad social provocándose un abismo inaceptable para la propia mayoría popular que sostenía el proceso de transformaciones democráticas.
Este cambio hacia una visión crítica de los sectores sociales que respaldaron la transición democrática nunca fue admitido por los grandes consorcios beneficiados que sólo pensaron en aumentar sus utilidades. El progreso económico agravó las injusticias, esa es la gran paradoja de la situación chilena en las últimas décadas.
Los grupos económicos jamás escucharon los argumentos que demostraban una desigualdad intolerable y siguieron abusando y tirando la cuerda hasta que se cortó el 18 de octubre, por cierto, muchos menos aceptaron transformaciones efectivas, como una legislación que entregara una real capacidad a los sindicatos en la negociación colectiva.
Ese crecimiento deformado e injusto llevó a que fortunas de algunos millones de dólares se convirtieran en gigantescos activos de miles de millones de dólares, incluido el propio Presidente de la República, porque se generó la avaricia de querer siempre ganar más, de amasar riquezas individuales ilimitadas, y finalmente, de querer acaparar en una sola mano el poder económico y el poder político. En definitiva, los grandes potentados perdieron todo límite y la ramificación de sus negocios cubre como una telaraña la economía del país.
De modo que hace ya tiempo se instaló la contradicción entre las fuerzas sociales mayoritarias que demandan cambios efectivos y el sistema político en el cual sólo se pueden realizar mínimas modificaciones dado el peso institucional de los enclaves autoritarios. Una multitudinaria protesta de rechazo a este statu quo ganó las calles el 18 de octubre hace casi un año.
La potencia de esa movilización social hizo indispensable una vía institucional de reformas estructurales que signifiquen una modificación auténtica y sustentable de las condiciones de vida de millones de personas, de la gran mayoría del país dañada por la desigualdad. Ese es el proceso constituyente que parte con el Plebiscito del próximo 25 de octubre.
La violencia policial en el curso de las multitudinarias movilizaciones sociales posteriores al 18 de octubre acentuó la confrontación del Estado con la ciudadanía escalando el conflicto con el ejercicio de una violencia estatal desconocida por las actuales generaciones.
La acción criminal de un carabinero que hace caer a un joven manifestante al río Mapocho indica que el mando del gral Rozas pretende seguir en guerra con la juventud chilena y que debe ser destituido.
La máxima jerarquía policial caracteriza a los jóvenes que se manifiestan como “delincuentes” y con ese calificativo se siente autorizados para emplear las peores formas de represión, agudizando la violencia en el país, el gobierno preso de la ultraderecha se hace cómplice de tan funestos procedimientos.
Asimismo, se vivió un momento de extrema violencia en las ciudades y en el debate político. La respuesta de “guerra” con que el gobierno intentó responder y doblegar la movilización social del 18 en adelante, no tuvo fuerza ni acogida. En ese cuadro, el acuerdo del 15 de noviembre para realizar el proceso constituyente fue una respuesta política insoslayable ante una crisis que no tenía salida.
Desde entonces, la convicción que recorre Chile es de cambios y transformaciones, que no hay espacio para más de lo mismo, en esa perspectiva debe enfocarse la oposición.
El espíritu sectario, las creencias mesiánicas y los conflictos personalistas no conducen a nada, debe primar la necesidad de levantar un programa amplio, unitario, transformador, que no sea la parcela sectaria de cada cual sino que una auténtica convergencia pluralista y unitaria de voluntades para hacer posible las transformaciones que demanda la inmensa mayoría del país.
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