Visas discriminatorias

La oposición ha promovido, de manera transversal, la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra el decreto supremo dictado por el gobierno que crea la exigencia de una visa consular de turismo para la comunidad haitiana que pretenda venir al país. 

El decreto que consagra esto invoca, dentro de sus consideraciones, razones de interés nacional como “el aumento sostenido de ciudadanos haitianos que ingresan al país”, y la exposición de “los migrantes y a sus familias a ser objeto de redes de tráfico de personas y a otros riesgos derivados de su situación irregular en el país”. 

Según la presentación realizada, los argumentos esgrimidos por el gobierno son débiles. Cabe señalar que durante el año 2017 se otorgaron 267.956 visas en total a inmigrantes, correspondiendo 73.386 de éstas a ciudadanos venezolanos, mientras que la cantidad a personas de nacionalidad haitiana fueron 46.239 visas. 

Además, según las estimaciones realizadas, la población haitiana no es una de las más numerosas en nuestra nación, ya que de acuerdo a las cifras del Departamento de Extranjería y Migraciones fluctúa entre el 4° y 5º lugar en cuanto al total de la población inmigrante en Chile. De esta forma, no se explica cuáles serían las razones detrás de dicha distinción. 

El derecho internacional de los derechos humanos ha sostenido que las distinciones realizadas por la autoridad en relación a la nacionalidad, cae dentro de una “categoría sospechosa de discriminación”, lo cual exige fundadamente las razones que existirían detrás de la misma. 

Esto se ahonda debido al trato distintivo que se realiza con la población venezolana, donde el gobierno otorga mayores facilidades para su ingreso a través de la creación de visa especial de responsabilidad democrática que les permite trabajar en Chile. 

Al no existir razones plausibles sobre las visas para la población haitiana, parecería existir una situación discriminatoria por motivos culturales o raciales. Sobre todo, considerando que la visa de turismo consular sólo les permite mantenerse en nuestro país por 30 días, siendo que para el resto de las comunidades, el permiso de turismo es por 90 días. 

Si bien el gobierno al lanzar su nueva política migratoria señaló la necesidad de “ordenar la casa”, pareciera que este orden se entiende como exclusión y marginación de un sector de la población inmigrante que tiene una cultura, lenguaje y raza distinta a la nuestra. 

Los cambios en las reglas del juego de un día para otro en los procesos migratorios a Chile ha significado la separación de familias, pérdidas de pasajes para personas de escasos recursos y cambios en sus planes de vida, lo que este gobierno pareciera no haber tomado en cuenta, al no contar ni siquiera con un proceso de transición. 

En otros países donde se han aumentado las políticas restrictivas de inmigración, no ha significado necesariamente la disminución de la misma. La inmigración sólo se detendría si no hubiera oportunidades de empleo, que es la razón por la que miles de personas buscan una oportunidad en nuestro país. 

Las mayores restricciones al pueblo dominicano, realizadas en el año 2013, en el primer gobierno de Piñera, sólo ha incentivado la generación de un lucrativo negocio de tráfico de personas dominicanas, con cobros de sumas abultadas para ingresar a personas por el Norte de nuestro país, poniendo en riesgo la vida de éstas, haciéndolas cruzar por el desierto de noche, con el peligro de las minas antipersonales y las frías temperaturas. 

Esperamos que el Tribunal Constitucional declare que el Decreto Supremo de las visas consulares no se ajusta a la carta fundamental, ya que es una vergüenza para el país disfrazar una política migratoria, con medidas que sólo aumentan la estigmatización.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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