Antofagasta: señales de un país que pierde el control

Pedro Araya Guerrero

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En estos días hemos visto una serie de reportajes en diversos medios de comunicación sobre la gran cantidad de tomas de terrenos que hay en la ciudad de Antofagasta.

La Región de Antofagasta registra más de 80 campamentos y decenas de miles de personas viviendo en tomas ilegales, según distintos catastros. En pocos años, estos asentamientos no solo crecieron, sino que se consolidaron. Lo hicieron a la vista de todos: autoridades, gobierno, instituciones. Nadie puede decir que no sabía.

Antofagasta no llegó a esta situación por accidente. Llegó por abandono. Por decisiones, o más bien, por la ausencia de ellas, que permitieron que la ilegalidad avanzara sin freno hasta convertirse en una realidad estructural. La pregunta, entonces, no es qué pasó. La pregunta es por qué no se actuó.

Porque esto no es solo un problema habitacional. Es, ante todo, un problema de Estado. En múltiples de estas tomas ya se observa lo que inevitablemente ocurre cuando el Estado se retira: presencia de bandas organizadas, tráfico de drogas y control territorial informal. Es decir, espacios donde la ley dejó de regir.

Y ese vacío no es casual. Es consecuencia directa de la inacción del Estado y la falta de decisión del gobierno del presidente Gabriel Boric para enfrentar esta situación. Durante meses, y en algunos casos años, se levantaron alertas. Se denunciaron ocupaciones ilegales, se advirtió el crecimiento descontrolado de asentamientos y se anticiparon los riesgos de seguridad. Pero la respuesta fue insuficiente, tardía o derechamente inexistente. Se optó por mirar hacia el lado, por relativizar el problema o por esconderlo bajo el discurso de la crisis social.

Pero gobernar no es comentar la realidad. Es intervenirla.

Y cuando un Gobierno no actúa frente a la ilegalidad, no está siendo neutral. Está permitiendo que se instale. Está enviando una señal peligrosa: que la ley es opcional, que el orden es negociable y que el territorio puede ser ocupado sin consecuencias reales.

Antofagasta es, además, una de las regiones que más aporta al país. Desde aquí se genera una parte sustancial de la riqueza nacional, especialmente a través de la minería. Sin embargo, quienes vivimos en la ciudad de Antofagasta enfrentamos una realidad completamente distinta: inseguridad creciente, deterioro urbano y pérdida progresiva del control territorial.

Esa contradicción es insostenible. Chile ya ha visto este proceso en otros países de la región. Comienza con tomas irregulares toleradas, sigue con asentamientos consolidados sin control estatal y termina con territorios dominados por el crimen organizado, donde el Estado y las policías no pueden entrar. Pensar que eso no puede ocurrir aquí es una forma de negación que solo agrava el problema.

Lo más grave es que aún hay quienes prefieren discutir diagnósticos en lugar de asumir responsabilidades. Pero este no es solo un problema del presente. Es una prueba para el futuro.

Por eso, el llamado al Presidente José Antonio Kast es directo y sin ambigüedades: si existe una voluntad real de recuperar el orden y restablecer el Estado de Derecho, este es el desafío. No en abstracto, no en campaña, sino en la realidad concreta de territorios que hoy están siendo disputados por la ilegalidad.

Antofagasta necesita algo más que discursos. Necesita decisiones. Necesita que el Estado vuelva a ejercer su autoridad, que la ley se cumpla y que el control del territorio deje de ser una aspiración para transformarse en un hecho.

Porque cuando el Estado pierde el control, no solo pierde orden. Pierde legitimidad. Y cuando pierde legitimidad, lo que está en juego ya no es solo una ciudad, sino la capacidad misma de gobernar.

Antofagasta está mostrando ese límite. La pregunta ya no es si el problema es grave. La pregunta es quién está dispuesto a enfrentarlo de verdad, y no solo a describirlo.