Burocracia en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas
Durante demasiado tiempo, el conjunto de actividades que se llevan a cabo en el borde costero y en nuestro mar han sido víctimas de largos y lentos trámites en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.
Obtener o renovar una concesión marítima puede demorar hasta 10 años, sin que exista siquiera la posibilidad de acceder a los estados de avance de su tramitación. Actualmente, y sólo en el ámbito de la salmonicultura, son más de 360 las concesiones que esperan una respuesta.
Algo similar ocurre con las solicitudes de prórroga de paralización de la operación de estas concesiones, que suman alrededor de 330 pendientes de resolución. Y lo mismo pasa con las prórrogas para el inicio o reinicio de operación de concesiones acuícolas por Covid-19. A la fecha todavía existe medio centenar de solicitudes pendientes.
Los obstáculos no se limitan sólo a la salmonicultura. Esta situación afecta también a la mitilicultura, a las caletas de pescadores y a las propias municipalidades con borde costero, que enfrentan la incómoda situación de tener que invertir en el mantenimiento de éstas áreas, pero están limitadas administrativamente para intervenir en esos espacios e impulsar determinados proyectos o promover el desarrollo de negocios.
A pesar de las leyes existentes y de los cambios de gobierno -cada uno con más y mejores promesas de modernización- nuestra institucionalidad para las materias acuícolas y pesqueras sigue anclada a un esquema de funcionamiento anticuado, y marcadamente burocrático.
De hecho, si bien existe una Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, las actividades pertinentes al medio acuático marino involucran también a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Transportes y Medio Ambiente, y a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en lo que respecta a los espacios costeros para pueblos originarios.
Por otro lado, el debate sobre la nueva Constitución ha puesto sobre la mesa un conjunto de materias, entre ellas la protección del medio ambiente, la necesidad de adaptación al cambio climático o la idea del maritorio.
El país requiere contar con una institucionalidad eficiente y moderna, que sea rigurosa en el cumplimiento de la ley, pero que actúe con estándares de calidad, oportunidad y pertinencia para que las diferentes personas, empresas y entidades, puedan desarrollar normalmente sus actividades a lo largo de nuestras costas.
El nuevo Gobierno ha dado pasos correctos para dar más atribuciones a las autoridades regionales, pero se necesita más proactividad de parte de los diferentes organismos competentes, en especial de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, para atender esta realidad.
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