Centralismo en Santiago
El centralismo exacerbado de Chile tiene aristas esenciales que han sido un tanto olvidadas. Pese a que se trata de un problema advertido transversalmente en nuestro país - y denunciado también por distintos organismos internacionales -, la retórica que lo rodea sigue anclada en una especie de lucha de las regiones frente a la capital, reduciendo el tema a "quejas regionalistas" en búsqueda de algo más de poder. Visto así, el asunto se vuelve un poco simplón y, además, bastante cuesta arriba para quienes genuinamente lo impulsan. Pero lo cierto es que se trata de un tema algo más complejo y, por lo mismo, interesante. Frente a un escenario de profundas inequidades territoriales, la descentralización poco tiene que ver con una lucha contra la capital, sino que más bien con la promoción de un Estado sensible frente a las (muy diversas) problemáticas de sus ciudadanos.
Un caso que ayuda a graficar esta idea es lo que hoy está sucediendo con el proyecto Mapocho Río, una de las principales iniciativas del segundo mandato del presidente Piñera, que contempla un gigantesco parque para conectar el río con la ciudad en dos importantes comunas de Santiago: Quinta Normal y Cerro Navia. La iniciativa avanzó correctamente y 2 de sus 6 tramos ya se encuentran inaugurados. El problema, sin embargo, es que en los últimos meses ha quedado en evidencia las falencias en la administración del proyecto, que precisamente se encuentra radicada en el nivel central. En concreto, los tramos ya inaugurados enfrentan incivilidades, con vecinos que acusan poca iluminación y despreocupación. Sin embargo, el problema mayor se relaciona con aquellos sectores (todos ubicados en Cerro Navia) que aún no han podido abrirse al público, pese a que el proyecto entero ya se encontraría terminado y con los permisos correspondientes. Producto de la demora en la inauguración, el lugar hoy se muestra abandonado, con invasiones, robos, rayados y otros actos de vandalismo que ponen en jaque la seguridad del sector.
En ese contexto, las autoridades locales involucradas -Mauro Tamayo y Claudio Orrego- han sido claros al atribuir la responsabilidad a ParqueMet, institución a cargo del proyecto. Aluden a la incapacidad de articular los esfuerzos y los recursos necesarios y, al mismo tiempo, sugieren que el Minvu debiese considerar la entrega de la administración del ParqueMet a la gobernación de Santiago, en cuanto se trata de un nivel que tiene más posibilidades de interpretar y hacer frente a las inquietudes de los vecinos.
Más allá de si la solución que se propone es la más adecuada en términos técnicos -reconociendo los problemas propios de los gobiernos subnacionales-, lo cierto es que el argumento sirve para ejemplificar el alcance del centralismo, incluso cuando hablamos de zonas que pertenecen a la capital de nuestro país. Los ciudadanos no viven la política en La Moneda ni en el Congreso, sino más bien en sus barrios, plazas y parques. Allí es donde se conectan con los asuntos públicos y, por lo mismo, se hace tan importante generar una estructura cercana que logre conectar con las inquietudes locales.
Esta última idea es central cuando se impulsa un proyecto descentralizador, pues nos focaliza en el problema y en el objetivo deseado. Un problema que poco tiene que ver con la lucha contra Santiago, sino más bien con la crisis de desafección que hemos enfrentado en los últimos años.
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